El Constitucional frena el útopico plan contra los desahucios de Andalucía

   El Gobierno anunció el 28 de junio que recurriría el decreto andaluz, que prevé expropiaciones de viviendas, previo informe del Consejo de Estado, que el pasado 4 de julio dio la razón al Ejecutivo al considerar que existen "fundamentos jurídicos" para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía.

   La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había adelantado que el Gobierno entiende que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad".

   En el mismo sentido, detalló que "en la regulación de los derechos por ella afectados es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad" e indicó que "además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma", el Gobierno ha analizado el respeto a la normativa constitucional. "Ese es el único fundamento que sirve para un recurso de inconstitucionalidad", añadió.

   Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de doce viviendas y ha defendido la constitucionalidad de una norma que, según palabras de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, tiene "legalidad jurídica plena" y un "respeto escrupuloso al Estatuto de Autonomía andaluz y la Constitución español".

   La consejera del ramo ha asegurado que el recurso del PP "provoca desahucios" y encarece el acceso a la vivienda al "aplastar" la opción del alquiler, mientras que la Junta seguirá trabajando para evitar desahucios y para promover la salida en alquiler asequible del "inmenso" stock de vivienda vacía de Andalucía.

   "La sociedad civil organizada, cuya lucha ha permitido este Decreto Ley, no permitirá retrocesos en la defensa del derecho a la vivienda. Estaremos junto a la sociedad civil que se moviliza en la defensa de sus derechos", ha subrayado Cortés.

   Así, ha indicado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un "claro abuso de sus prerrogativas, ha forzado la suspensión del Decreto Ley", que cumplía este viernes tres meses en vigor. "El Gobierno no recurre el Decreto Ley en defensa de la Constitución, sino de los intereses de una pequeña élite financiera y para lanzar el mensaje de que no hay alternativa a la política de recorte de derechos sociales y servicios públicos", ha advertido la titular andaluza de Fomento y Vivienda, al mismo tiempo que ha afirmado que la suspensión del mismo "socava el poder de las víctimas de las crisis y refuerza la posición de privilegio de las entidades financieras".


"AFECTA A LOS PROCESOS INICIADOS Y POR VENIR"   

  Cortés ha detallado que la suspensión afecta a "todos los procesos de desahucio en  marcha o por venir en Andalucía". "No afecta sólo a los doce expedientes de expropiación de uso de viviendas para evitar desahucios ya iniciados, sino a todos y cada uno de los procesos de desahucio que haya en Andalucía o que estén por venir", ha señalado.
  
  Ante esta situación, ha criticado que "el Gobierno quite poder y recursos a la gente que no puede pagar su vivienda como consecuencia de una crisis que no ha provocado y se lo dé a los bancos rescatados con dinero público que han provocado la crisis".
   
  En este sentido, ha explicado que, con este Decreto Ley, las entidades financieras sabían que forzar el desahucio suponía quedarse con una vivienda vacía susceptible de ser sancionada con 9.000 euros y cuyo uso podría ser expropiado. "Ahora ya no tienen esa inhibición, por ello, el Gobierno del PP está provocando desahucios", ha advertido.


"EL DECRETO ATACA LA RAÍZ DEL PROBLEMA"   

  La consejera de Fomento y Vivienda ha llamado la atención sobre el conjunto de medidas que incluye este decreto, ya que es "mucho más que la expropiación del uso de viviendas, que es una medida paliativa". "El Decreto Ley también incluye medidas que atacan la raíz del problema, que no es otra que la acumulación de vivienda vacía por parte de unas entidades financieras que siguen esperando una nueva burbuja inmobiliaria mientras continúa la sangría de los desahucios", ha apuntado.
   
  Así, ha reprochado que el Gobierno recurra esta normativa porque "funciona, resulta útil y evidencia que hay alternativas al monocultivo nieoliberal que pretende imponer en toda España" y avisa de que "no lo recurre en defensa de la Constitución porque es perfectamente constitucional".
  
  Cortés abunda en que, con el Decreto Ley en la mano, la Consejería de Fomento y Vivienda ha empezado a inspeccionar el parque de vivienda de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que las posean. También ha recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances, de los que "una veintena de ellos ya han contestado". Además, la Consejería ha estado trabajando en la orden de fomento de medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.


SIGUE SU CURSO EN EL PARLAMENTO ANDALUZ   

  Por otra parte, la responsable de Vivienda en Andalucía ha detallado que el Decreto Ley sigue tramitándose como ley en el Parlamento andaluz, donde, recuerda, fue convalidado sin ningún voto en contra. "El PP andaluz, que en su día garantizó a los andaluces que el Decreto Ley no sería recurrido, demuestra que es un cero a la izquierda y posee una nula influencia sobre el Gobierno de su partido", ha señalado.
 
  Asimismo, ha explicado que los servicios jurídicos y el equipo de su Departamento están estudiando la providencia del Tribunal Constitucional, al tiempo que ha destacado que esta normativa combate "una realidad injusta e insostenible en términos sociales y éticos".
 
   "En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías, al tiempo que se han producido más de 80.000 desahucios desde 2007. Y en paralelo a todo ello, hay tan sólo un 16,9 por ciento de alquiler, apenas la mitad que en Europa. Nuestro objetivo es y será evitar desahucios y facilitar el ejercicio del derecho a la vivienda mediante el alquiler", ha cerrado Cortés.


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