¿Qué ha ocurrido con
Miguel Ángel García Díaz, ese
supuesto '
cerebrín' del comité de supuestos sabios creado ad hoc por el
Gobierno de Mariano Rajoy para recortar las pensiones, que el pasado mes de
junio prendió la pira en CCOO? Pues no pasa nada con él, según los críticos de
este sindicato de clase.
Esos críticos alegan que García Díaz, a quien el
también crítico
Agustín Moreno calificó de
"economista del montón", sigue
chupando del frasco de la asesoría de Comisiones Obreras,
después de firmar un
documento ominoso contra el sistema público de pensiones en España, un informe que
recorta las pensiones hasta límites insospechados y abre la puerta a la
introducción de un sistema privado, que es lo que quieren eso que llamamos la 'Troika',
bancos y aseguradoras. Pero, con su actitud, García dejó a su sindicato, CCOO,
a los pies de los caballos y puede acabar con la unidad de acción con UGT,
justamente lo que quieren el empresariado y la derecha.
Ahora,
ese 'sector crítico' de CCOO ha
lanzado un documento en el que, además de pedir la depuración de
responsabilidades, dice lo siguiente:
a) Es absolutamente intolerable y nos opondremos a
cualquier recorte de pensiones que se pretenda imponer y/o negociar. El sistema
de Seguridad Social no está en peligro. Ante la posible apertura de un nuevo
proceso de negociación alrededor de esta materia, Comisiones Obreras debe
contar con una plataforma reivindicativa que debe ir más allá de defender
mantener el diseño que actualmente está vigente. La Ley 27/2011 contiene
elementos que deben revertirse desde el momento en que se demuestra que no
sirven para blindar el sistema sino empobrecerlo.
Recuperar la edad de 65 años como edad legal de
jubilación en todos los casos, recuperar el periodo de cómputo de cara al
cálculo de la Base Reguladora de los últimos 15 años, recuperar los 35 años de
cotización para el acceso a una pensión sin coeficiente reductores derivados de
la carrera profesional, eliminar todos los recortes que se han impuesto en el
subsidio por desempleo de mayores de 52 años, subsidio íntimamente ligado a los
derechos de jubilación del trabajador o trabajadora y establecer un sistema
razonable y satisfactorio de jubilación anticipada y de jubilación parcial,
deben ser cuestiones que, de forma ineludible, deben contemplarse en las
propuestas de CC.OO. y defenderse como elementos esenciales del sistema en el
proceso de negociación.
b) Es imprescindible que, como se aprobó en el
último Congreso Confederal, se estudie el impacto de género de cualquier medida
dirigida a modificar nuestro ya insuficiente sistema de pensiones. Las mujeres
en España son las perceptoras de las pensiones de menor cuantía y de la mayoría
de las no contributivas.
c) El compromiso de la C.S. de CCOO con la defensa
del sistema de pensiones debe ser total y absoluto. Cualquier actuación del
Gobierno dirigida a recortar derechos que actualmente se protegen en el sistema
de Seguridad Social debe ser contundentemente contestado por el sindicato con
las movilizaciones que sean necesarias, incluida la Huelga General.
d) Proponemos que dado que las pensiones son algo
fundamental para el futuro de millones de personas, el sindicato debe organizar
un verdadero debate técnico y político, abierto a la ciudadanía, donde se
elabore un auténtico plan con alternativas, conocidas y respaldadas por el
conjunto social, incluso a través de un referéndum.
Cualquier proceso de negociación que lleve a cabo
CCOO debe ser un ejercicio de transparencia y de información a la sociedad en
su conjunto y, los posibles acuerdos que pudieran suscribirse, deberán contar
con el respaldo mayoritario de nuestra afiliación tras un proceso de debate,
consulta y participación. La legitimidad del proceso se debe ganar también, y
es un elemento fundamental, en la forma de toma de decisión, nos jugamos mucho
de la credibilidad del sindicato. Venimos demandando al Gobierno que someta su
política económica a Referéndum ya que está muy distante de aquella con la que
se presentó a las últimas elecciones generales, por ello es más necesario que
nunca, comprometer al sindicato para que cualquier toma de decisión que pudiera
adoptarse, no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito de los órganos de
dirección y debe contar con la participación del conjunto de la afiliación.