Medidas 'cautelarísimas' contra la privatización de la sanidad

La privatización de seis hospitales de Madrid construidos con dinero público: los centros serán de gestión privada a partir de septiembre. Pero el Partido Socialista, que ha llevado a los tribunales a los antiguos gestores que iniciaron el proceso no se conforma: han solicitado a los tribunales de justicia "medidas cautelarísimas" para que se paralice el proceso de privatización.

Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, desde Aranjuez, donde el Hospital del Tajo también pretende ser privatizado por el PP y entregarlo a Hima San Pablo junto a otros dos hospitales públicos más (el de Parla y el de Arganda), una empresa privada que ha dicho que sus intenciones son entrar en el negocio de la sanidad española para promover el "turismo sanitario" de Marruecos.

Este mismo jueves, los socialistas madrileños han ampliado los recursos contenciosos administrativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ante el juzgado ordinario y que fueron admitidos a trámite. Ante las posibles consecuencias administrativas y penales, han aportado a los tribunales nuevos argumentos contra este proceso de privatización que califican de "oscuro" y hecho "de espaldas a la Ley".

Gómez ha dicho al respecto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "irregularmente permitió" que las empresas privadas que han entrado en el "reparto" de los hospitales públicos aporten menos cantidad de aval del que tenían obligación por Ley (pasando de 233 a 23 millones de euros). Y es que, si el Gobierno de Ignacio González firmara la venta de hospitales, "el asunto sería de máxima gravedad, ya que, por ejemplo, la garantía que tendrán que dejar las empresas la han rebajado tanto que si alguna de las empresas privadas se declara insolvente, no hay seguridad de que se pueda seguir prestando el servicio con normalidad o se pueda cobrar la penalización por mala gestión".

Por eso, Gómez alerta sobre que se puede dar la circunstancia de que una empresa tras, la adjudicación de los hospitales públicos, desaparezca y encima gane dinero de todos los madrileños, algo que considera una "golfada" en términos jurídicos y sociales y que entra en la estrategia del PP de querer "acabar con todo".