El ararteko y otros cien ejemplos

Estamos ente el gran momento. Una oportunidad quizá irrepetible de actuar con sentido de Estado. Una época de reformas imprescindibles que podrían fracasar por los egoísmos de unos, por la miopía de los otros y por la falta de grandeza de los más. Hay motivos para un cierto optimismo -Mariano Rajoy va este jueves a Europa arropado por una inmensa mayoría del Parlamento; qué oportunidad perdida por alguna formación política en ascenso de participar en la fiesta del acuerdo...--. Pero también hay razones para algo más que un razonable temor a que todo naufrague, y ahora sería por nuestra culpa; que no se molesten en culpar a Bruselas o a Berlín en este caso.
 
Un ejemplo o, mejor, el gran ejemplo. Qué duda cabe de que la 'propuesta Sáenz de Santamaría', sobre reforma de las administraciones públicas, está levantando polvareda. Y no poca, como es lógico, dado que se propone la supresión de cientos de organismos enquistados en las autonomías, cuyas funciones bien podrían ser asumidas por el Estado. "Esto es una recentralización", han clamado desde la Generalitat de Cataluña, donde no parecen en absoluto interesados en renunciar ni a su defensor del Pueblo, ni a su propio centro de investigaciones demográficas, ni a su instituto meteorológico, ni a sus 'embajadas' en el extranjero, ni...Otras autonomías se han unido al coro y, así, en Andalucía han puesto el grito en el cielo, entre otras cosas, por el intento de supresión de 'su' defensor del pueblo, que acaba, por cierto de tomar posesión del cargo en medio de considerable boato. En el País Vasco, lo mismo: ¿cómo suprimir una institución tan enraizada en el ánimo del pueblo como el ararteko, el defensor del pueblo autóctono?
 
Pues miren, ya que traemos a colación al ararteko; tal vez suprimir la figura, pura, simple y llanamente sea excesivamente radical. Lo admito. Pero sucede que en la oficina del ararteko trabaja casi un centenar de personas, de las que sesenta -60-tienen sueldo de director general. ¿Quizá las arduas funciones del defensor del pueblo vasco se podrían realizar con algo menos de dispendio? Quizá. ¿Puede que se esté disfrazando de autóctono lo que no es sino clientelismo político? Puede, sobre todo si se considera que 'los sesenta' proceden todos de nombramientos peneuvistas y, en menor medida, socialistas, es decir, de partidos que gobernaron. ¿Es una muestra más en el mar de los despilfarros autonómicos? Lo es.
 
El caso es que la reforma que impulsan la vicepresidenta y su equipo -en el que destaca otro abogado del Estado, Jaime Pérez Renovales- es imprescindible, lógica... y consensuable. Resultaría difícil de entender que formaciones como el PSOE, IU y UPyD no negociasen para mejorar las medidas aún no definitivamente aprobadas en una tramitación parlamentaria que debería ser rápida, aunque, lamentablemente, sospecho que vamos a asistir a una nueva batalla entre las formaciones nacionalistas y las que cuentan con implantación nacional. Puede que ese clamor nacionalista se aplazase algo -o, al menos, se vaciase de toda justificación-si, efectivamente, se adelgazase también el Estado central: sí, sobran ministerios, asesores, jefes y subjefes de Gabinete, elefantiásicos servicios de comunicación. Quizá sobren hasta bastantes diputaciones provinciales. Eso es negociable, porque la reforma de las administraciones tiene que tener un ámbito central, uno autonómico y uno local, para no hablar ya específicamente de ciertas instituciones.
 
Creo que ya no queda otro remedio, si queremos salvar al Estado, modernizarlo y racionalizarlo, que poner manos a la obra. Tengo la impresión de que no se ha valorado suficientemente el reto que supone esta primera -y tímida- lista elaborada por el Gobierno, de poco más de doscientas medidas, para empezar a afrontar la reforma del Estado. Porque habría que ir más allá, sacrificando, como dijo la propia vicepresidenta, a esa clase política que hasta ahora ha asistido casi impasible a la 'metida de mano' en el bolsillo del ciudadano de a pie.
 
Quizá nos encontremos ante el gran desafío reformista -ni Merkel, ni Durao Barroso, ni la banca, ni los sindicatos, ni siquiera el laboral, tienen tanta importancia como este- que tiene que afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna medida de austeridad, ninguna otra reforma, será creíble por una opinión pública ya muy escéptica con sus representantes, con los partidos, con las instituciones, si no se entra a fondo en este recorte de lo superfluo del Estado. Y no me diga usted, amable lector/a, que sesenta directores generales o asimilados en el ararteko, y es apenas un ejemplo, no es una pasada de padre y muy señor mío.


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