Lo más
destacado de este plan respecto a lo que se
ha ido avanzando en días anteriores es precisamente ese nivel de ahorro que, según
se recoge en el Informe CORA, será de un total 37.700 millones de euros en el
periodo 2012-2015 si se aplicaran las 217 medidas contenidas en el mismo.
Según
las cifras avanzadas por la vicepresidenta del Gobierno, con esa
racionalización, la Administración del Estado dejará de gastarse un total de
6.500 millones de euros, mientras que para el ciudadano supondrá un ahorro
total de 16.300 millones que dejará de gastarse en sus relaciones con la
Administración y que supondrían, por tanto, 'una nueva inyección económica en
el mercado'.
Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido que reconocer
que "más de la mitad" del ahorro contabilizado proviene de la pérdida de empleo
público. En concreto, y para darse una idea de lo que suponen los 375.000
empleos públicos que se han perdido en el último año, la vicepresidenta ha dado
estas cifras: en el ejercicio 2013 habrá un ahorro por ese concepto de 728
millones en el Estado, 3.238 en la administración autonómica y 976 millones en
la local. En total, por pérdida de empleos, el Estado ahorrará en su conjunto
en 2013 un total de 4.942 millones de euros.
Esa cifra debería indicar que se ha acabado la 'reconversión'
en las administraciones públicas, pero no hay tal. Tanto Sáenz de Santamaría como
el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, han tenido que reconocer que con la
desaparición de los organismos públicos que recomienda el Informe CORA -
vea la
lista de los 57 pinchando aquí-, así como con otros cierres o reconversiones,
más trabajadores quedarán sin puesto de trabajo. No obstante, ambos han dicho
que se intentará recolocarlos en otros puntos de la Administración, según se
necesiten. No así a los 'eventuales', es decir, asesores, que según todos los
indicios pasarán a engrosar las listas del INEM.
Este plan de reforma de la Administraciones
Públicas se empezará a discutir el miércoles y jueves próximos con la Comisión
Nacional de Administración Local (CENAL) y el Consejo de Política Fiscal y
Financiera que van a ser convocados por el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro.
El Plan no puede obligar a las Comunidades
Autónomas -aunque sí a los Ayuntamientos-, pero tanto Montoro como la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría, han destacado la capacidad de colaboración
de las mismas a lo largo de este último año, por ejemplo, en la reducción de
empresas públicas (535, cuando se les había pedido 515 entre ayuntamientos y comunidades).
Se trata, sobre todo, de que las comunidades
supriman hasta 90 observatorios actualmente en marcha, se eliminen los
defensores del Pueblo autonómicos, los tribunales de Cuentas, las agencias de
protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los
institutos de opinión. El Ejecutivo no puede obligar a las comunidades, pero sí
recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de
muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Para hacer cumplir este plan, el Ejecutivo ha
creado una Oficina de seguimiento, dado que su aplicación se plantea a largo
plazo. Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los
servicios de la Administración General del Estado, que tendrá rango de Subsecretaria
y que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma
y anualmente presentará un "análisis exhaustivo y global de lo hecho y de
lo que queda por hacer".
Lea también:-
Vea todos los organismos públicos afectados por la reforma de la Administración-
Informe (pdf) |
Propone eliminar los Defensores del Pueblo autonómicos
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