La Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que
se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014 y se modifica parcialmente
el Real Decreto por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Los rectores critican la "ausencia de diálogo" y la "falta de comunicación" por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) respecto al nuevo enfoque del en torno a las becas, a pesar de las peticiones formales
realizadas y lamentan haber tenido que enterarse a través de "una noticia filtrada en la prensa, sin tener
conocimiento previo ni siquiera de la orientación que el Real Decreto iba a tener".
Advierten del "efecto excluyente y disuasorio" del proyecto
Entre las consideraciones del informe emitido por la CRUE destaca su creencia en que "la aplicación de los nuevos requisitos académicos junto
con el cambio de modelo en la asignación económica pueden conducir a un efecto
excluyente y disuasorio tanto para el acceso como para la continuación en los
estudios superiores".
Aseguran que existe una contradicción con "el deber constitucional de garantizar la igualdad en el acceso a los
estudios superiores" que invoca el propio preámbulo del Real Decreto.
"Va en contra de los colectivos más vulnerables en riesgo
de exclusión, a los que se les exige un esfuerzo mucho mayor que a los demás
estudiantes. En definitiva, se exige más rendimiento a quien tiene menos
recursos y posibilidades", aseveran.
Abogan por "no confundir" las becas asistenciales con las de excelencia académica
Los rectores dicen compartir "la filosofía de reforzar positivamente a
los estudiantes con mejores rendimientos" pero al mismo tiempo expresan la creencia que que "no deben mezclarse ni
confundirse las becas de carácter asistencial como instrumento de integración y
promoción social, con las de excelencia académica. Unas no deberían excluir a
las otras, y el sistema puede, y debe, reconocer ambas".
Alertan de que reducir de forma general las cuantías de las becas, los umbrales económicos y endurecer los requisitos
académicos "impiden el acceso a la beca de muchos estudiantes".
A eso se sumará, insisten, en que se producirá "un número importante de abandonos de estudiantes próximos a
finalizar sus estudios, generando una indeseada ineficiencia en el sistema
universitario (especialmente, en el público)".
También creen que se generará "un enorme problema" con aquellos
estudiantes que disfrutan actualmente de beca de movilidad, sustituyendo la
anterior componente específica por una denominada "residencia del estudiante
durante el curso escolar", cuya cuantía fija es notablemente inferior.
En este sentido advierten que la reducción de las cuantías provocará "un efecto
de localismo, que es esencialmente contrario al impulso de la movilidad
estudiantil que fundamenta el Espacio Europeo de Educación Superior" y el perjuicio será aún mayor para los estudiantes de zonas rurales o zonas urbanas que no dispongan de
universidad, "al tener mucho más difícil su
acceso a la universidad".
Se vulnera el principio de seguridad jurídica
La fórmula utilizada para el cálculo de la cuantía
variable, señalan, "vulnera claramente el principio de
seguridad jurídica, puesto que el estudiante no conocerá el importe total de la
beca hasta que esté prácticamente finalizando el curso académico, produciendo
sin duda una retracción importantísima entre los estudiantes con rentas más
bajas o que deban desplazarse de sus domicilios".
Los importes fijos, dicen, no garantizan
la continuidad en los estudios universitarios de estudiantes con rentas bajas,
y la limitación del importe variable a la disponibilidad presupuestaria tampoco garantiza el acceso a las becas de estas personas más vulnerables.
"La política de becas debe considerarse como una inversión
en el futuro de la sociedad española y una garantía de equidad y progreso
social de las personas más desfavorecidas", sentencias los rectores que apelan a "la senda que España inició en los
años 80 y que ha mantenido de modo continuado hasta ahora, independientemente
del color político del gobierno" como "ejemplo en el sistema universitario
europeo", que es mencionado con frecuencia como "equitativo e
igualitario que concede oportunidades a las personas más desfavorecidas".
"Estamos profundamente preocupados", aseguran porque, si se aprobase, "debilitaría seriamente la función social de la
educación superior en España, más teniendo en cuenta que estamos aún lejos de
la media de la OCDE de inversión en becas respecto al PIB" por lo que expresan el "rechazo" al nuevo modelo del Ministerio aunque expresan su "ofrecimiento a colaborar" y a "dialogar".
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