Un nuevo frente

Sánchez Gordillo aún no ha agotado los minutos de gloria mediática profetizados por Warhol para los individuos contemporáneos. Y no sólo por las ocupaciones de fincas a otros famosillos a mayor gloria de los titulares. De hecho el verano puede ser muy caliente en Marinaleda a medida que Sánchez Gordillo se revuelva contra la Ley de Reforma de la Administración Local. Ya la ha calificado de "terrorismo democrático" y de "fascismo centralista", animando  a los alcaldes y concejales de IULV-CA a echarse a la calle. Me resisto a transcribir otras expresiones de su floreado lenguaje político. La nueva ley minará las bases del poder político de muchos alcaldes en ayuntamientos pequeños al fiscalizar las cuentas municipales y limitar tanto los gastos como el personal que se puede contratar.

El PSOE quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley; supongo que argumentará los artículos 137 y 140 de la C.E. donde se garantiza la autonomía de los municipios. También CC.OO. anunció su oposición ante la prevista reducción de empleo en las administraciones locales. Se pretende suprimir un 31 % de los concejales actuales, es decir, 21.338, y el 82 % de los restantes sólo cobrarán las dietas por desempeñar sus funciones. El número de asesores o directores de área no podrá superar el de concejales, y el número de estos se fijará en función del tamaño del municipio. Se exigirán a los ayuntamientos unos mínimos de eficiencia; aquellos que no cumplan y que tengan menos de 20.000 habitantes, traspasarán sus competencias a la diputación provincial.

Pongamos, por ejemplo, Manilva, en la provincia de Málaga. Tiene 14.391 habitantes y ha sido gobernada, salvo breves paréntesis, por IU. Según informa el ABC andaluz su alcaldesa, Antonia Muñoz, tiene una causa abierta en el juzgado nº 5 de Marbella por más de 70 contrataciones presuntamente irregulares, incluyendo a la hija de la regidora, una prima de la concejala de Bienestar Social, Francisca López, y otros familiares varios de la corporación. Carga todos sus gastos, también, a la Visa del ayuntamiento. Como los islandeses paga hasta un café o un helado con la tarjeta. Manilva tiene una deuda de más de 50 millones de euros con la Seguridad Social y con Hacienda, pero con la nueva ley no podría tener más de cinco trabajadores, los fijados para los municipios de 10.001 a 15.000 habitantes.

O veamos el caso de Marinaleda. Tiene 2.786 almas (con perdón del Materialismo Histórico). El Gobierno pretendía suprimir los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, pero las presiones de la Federación de Municipios, liderada por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, del Partido Popular, han descafeinado la reforma. Aun así se prevé una limitación de los cargos de dedicación exclusiva para los pequeños ayuntamientos. En el caso de aquellos como Marinaleda, de 2.001 a 3.000 habitantes a dos asalariados, lo cual, junto con la fijación de un techo de gastos, socava muchas de las bases clientelares de los munícipes.
Sánchez Gordillo ya lleva más de treinta años como alcalde absoluto de Marinaleda, siendo objeto de varias denuncias por parte del solitario concejal opositor socialista, quejoso por no recibir información ni ser convocado a unos plenos que no se celebran a pesar de los dictados de la ley. Tampoco parece claro, según el concejal denunciante, el destino de 826.000 euros otorgados a Marinaleda por el gobierno andaluz entre 2011 y 2012.

Es a la fiscalización de estas finanzas por instancias superiores a lo que se enfrentan Sánchez Gordillo o Antonia Muñoz una vez aprobada la Ley de Reforma de la Administración Local. Por supuesto no son sólo algunos ayuntamientos de IU los que temen la nueva ley, también muchos socialistas, independientes y populares, pero la mayoría de estos últimos se deben a la disciplina de partido.

No parece muy aventurado predecir un desafío a la Reforma de la Administración Local por parte de Sánchez Gordillo, contraponiendo la legitimidad de su elección por el pueblo con la del Legislativo, Ejecutivo y Judicial a nivel estatal. Fuentes de potestad, jerarquía normativa o primacía sobre las normas de ámbito local. Es un planteamiento no muy distinto de los bramidos nacionalistas vasco y catalán cuando no les gusta lo que decide la representación de la mayoría de los españoles en Madrid. Pero en el caso de Marinaleda se trata más de una lealtad personal, no muy alejada del atavismo clientelar de la "devotio ibérica", que del patrioterismo agitado por populistas como Mas. Verano caliente, interesante escenario y un nuevo frente para el gobierno.