El Pleno del Congreso debatirá este martes si modifica la reforma
laboral para introducir en su articulado el acuerdo que alcanzaron los
agentes sociales el pasado 23 de mayo, y que prevé el mantenimiento de
los convenios denunciados mientras se sigue negociando su renovación
incluso después de finalizado el periodo transitorio de la
ultraactividad el próximo 7 de julio.
La Izquierda
Plural (IU-ICV-CHA) es la responsable de esta iniciativa que, en forma
de proposición no de ley, insta al Ejecutivo a modificar la reforma
laboral para incluir esta previsión y evitar los efectos negativos que, a
su entender, se derivarán de la cancelación automática de los 1.500
convenios 'caducados' y no reeditados antes del 7 de julio.
Según
recuerda la coalición, de mantenerse la actual situación casi 2,8
millones de trabajadores "dejarán de estar sometidos al convenio
colectivo que les era de aplicación", quedando así en un "vacío
regulador" que, en muchos casos, sólo incluirá la protección y derechos
recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y el Salario Mínimo
Interprofesional.
I
nestabilidad e inseguridad"Las consecuencias de esta situación serían, sin duda, muy duras para
los trabajadores afectados, pero además comportan un grado importante de
inestabilidad e inseguridad para las propias empresas, además del
impacto negativo que pudiera tener para el conjunto de la economía, si
el número de empresas que se acogieran a esa posibilidad fuera
importante", advierten desde IU-ICV.
De hecho,
aseguran que ni siquiera a la patronal le interesa esta situación y, por
eso, el pasado 23 de mayo CEOE y CEPYME firmaron con los sindicatos UGT
y CC.OO. un acuerdo "expresando su preocupación por la situación que se
puede crear" con el fin del periodo transitorio previsto en la reforma
laboral y recomendando a las partes que aún estén negociando convenios
que continúen más allá de ese plazo máximo, manteniendo mientras tanto
la vigencia de sus convenios.
En estas
circunstancias, los agentes sociales también recomiendan a las partes
negociadoras que, en caso de mantenerse los desacuerdos, acudan a
mecanismos de mediación y arbitraje, propuesta que IU-ICV-CHA recoge en
su texto parlamentario, en el que propone a la Cámara Baja instar al
Gobierno a que, antes del 7 de julio, modifique la reforma laboral para
"garantizar que, una vez finalizada la vigencia de un convenio colectivo
sin acuerdo entre las partes, se activen los procedimientos de
mediación y arbitrajes necesarios".
Este cauce
debería permitir sustituir el contenido del convenio finalizado por
otro que sea "resultado del acuerdo al que se llegue en los procesos de
mediación o del laudo arbitral que en su caso pueda dictarse". Para
facilitar esta posibilidad, la coalición de izquierdas reclama también
ampliar el periodo transitorio previsto "hasta que no se produzcan los
cambios legales" reclamados con esta proposición.
Lea también:-
3 meses para el caos laboral: 9 millones de trabajadores podrían quedarse sin convenio-
Las empresas aprietan: la subida salarial de 2013 es la más baja en dos décadas
Si (
No(
