La vicepresidenta del
Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, quiso mandar un mensaje claro cuando los
periodistas le preguntaron hace poco tiempo por la reforma de la Administración
Pública que aterrizará en cuestión de días. Su frase literal, "va en
serio", fue toda una declaración de intenciones con un destinatario claro.
Junto con la revisión del sistema fiscal, la subida de impuestos y los recortes
del gasto público, este anteproyecto de ley fue uno de los compromisos que
pactó
Mariano Rajoy con la Comisión Europea.
El proyecto presentado,
que incluye la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, tendrá un impacto importante sobre las empresas públicas locales. Según
Red Elige, que ha elaborado un estudio donde proyecta cálculos aproximados,
cerca del 50% de las 1.134 empresas públicas municipales que hay en España, que
generan actualmente 75.321 puestos de trabajo y una cifra de negocio de 8.151
millones de euros, tendrá que desaparecer. Son aquellas que prestan los
servicios de limpieza, agua, transporte o aparcamientos en miles de municipios
españoles.
No se incluyen los
organismos autónomos, agencias, consorcios y fundaciones, así como aquellas
sociedades que no tienen mayoría de capital municipal o que no hayan presentado
sus cuentas en el Registro Mercantil en los últimos tres años, que elevarían la
cifra por encima de las 3.000. La nueva ley provocará, según sus cálculos, el
cierre de unas 500 empresas, que emplean a alrededor de 30.000 personas. La
reforma no afecta a las empresas públicas dependientes de las Comunidades
Autónomas (975 en 2012) ni del Estado (243). Además, el Gobierno suprimirá el
sueldo al 82% de los concejales. De esta forma, 56.097 ediles de los 8.166
ayuntamientos españoles trabajarán sin salario y sólo 12.188 tendrán dedicación
exclusiva.
Otra cuestión importante
reside en la reducción de asesores y personal de confianza. Así, los municipios
menores de 5.000 habitantes no podrán tener ninguna persona contratada a dedo.
Los que tengan entre 5.000 y 10.000 vecinos podrán tener sólo uno; los de
10.000 a 20.000, dos eventuales. Y los de 75.000 a 500.000, tendrán tantas
personas contratadas a dedo como concejales.
Entre las medidas que han
trascendido destacan la redacción de una nueva ley básica la supresión de
organismos públicos, la supresión de una importante cantidad de asesores y la
homogenización de sueldos administrativos. En esta línea, aplicará medidas de
eficiencia y definirá los servicios que prestarán los Ayuntamientos, con el fin
de que no asuman competencias impropias, como los servicios sociales o las
acciones de fomento económico, que corresponden al ámbito autonómico.
Otras filtraciones señalan
que el Gobierno también prepara una importante remodelación de media docena de
leyes y una gran criba de organismos duplicados, como, por ejemplo, los
numerosos Institutos Geográficos o Meteorológicos existentes por toda España.
Ya se han eliminado algo más de 300 entes, aunque se espera que la cifra se
doble una vez conocida la profundidad de la reforma este próximo miércoles.
Además, Internet cobrará
especial relevancia en todo lo que tenga que ver con la relación entre el
ciudadano de a pie y la Administración Pública. Con el objetivo de agilizar
trámites y racionalizar activos, la red pasará a ser un requisito casi
indispensable para realizar casi cualquier gestión. Para ello, el Gobierno
pretende revisar el sistema informático del Estado para ponerlo al servicio de
los españoles y contar así con una Administración plenamente tecnológica acorde
a los requisitos del siglo XXI. De este modo, el ciudadano podrá archivar en su
ordenador personal todo el papeleo y poder manejarlo de una manera más cómoda y
rápida.
7.000 millones de
ahorro
Según Hacienda, la
previsión de impacto económico de la reforma local para 2013-2015 será de 7.129
millones. De ellos 2.232 obedecen a la clarificación de competencias, 3.282 a
la eliminación de duplicidades, 73 a ahorros en mancomunidades y entidades
locales menores, 145 a supresión de eventuales y cargos electos, y 1.397 a
diferentes modificaciones del sector público local. Aunque eso sí, el
Ministerio de Hacienda y aclara que no se incluye ningún recorte del sueldo de
los funcionarios de carrera y personal laboral.
El presidente del Gobierno
ha decidido ponerse en persona al frente del proyecto y el Gobierno dedicará
casi toda su actividad de esta semana (miércoles, jueves y viernes) a vender la
reforma. Ante la complejidad de la tarea y después de un año sin arrancar, el
Ejecutivo nombró una comisión de expertos y altos cargos para diseñar una hoja
de ruta de la nueva Administración que se ha plasmado en un extenso informe de
200 páginas que va a acompañado de 2.000 fichas.
Bajo la tutela de la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la comisión acaba de
terminar su informe de análisis y propuestas de reforma y el presidente ha
querido presidir la reunión prevista para el próximo miércoles y que su
intervención ante la misma se ofrezca en abierto para los medios de
comunicación. Con el informe bajo el brazo Rajoy acudirá al decisivo Consejo
Europeo del 27 de junio, cita clave para exigir pasos en la unidad bancaria y
crédito directo para las pequeñas y medianas empresas.
El texto será aprobado
como tal en el Consejo de Ministros del viernes y presentado después por la
propia Soraya Sáenz de Santamaría. Además, el Gobierno prevé celebrar un
encuentro previo con los medios de comunicación para informar de las líneas
generales de esta reforma. El jueves se celebrará un foro-análisis que contará
con dos mesas de trabajo: en la primera intervendrá el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro, y en la segunda participará el
ministro de Industria, José Manuel Soria, que informará de la administración
electrónica. El texto tendrá que plasmarse después en proyectos de ley,
decretos y reglamentos ministeriales para el ámbito de la Administración
central. Pero también en acuerdos con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos en todo lo que toca a delimitación de competencias o reformas de
leyes autonómicas.
Áreas intocables
A pesar de los múltiples
cambios, hay líneas rojas que no se traspasarán. Ni se reducirán los
ayuntamientos, ni se acabará con las diputaciones, ni se suprimirán las
mancomunidades, ni bajará el número de concejales. La presión de los
consistorios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y
de numerosos alcaldes del PP, ha conseguido que algunas pretensiones iniciales
de Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro hayan quedado recortadas.
El anteproyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local no tocará el número
de ayuntamientos españoles, un total de 8.116 que es una cifra insólita en los
países de nuestro entorno. Y descarta también rebajar el número de concejales a
pesar de que hoy en España hay 70.000 ediles. Eso sí, la inmensa mayoría cobra
sólo dietas e indemnizaciones. Y, en cualquier caso, se suprimirá el
sueldo al 82%.
Las diputaciones, por su
parte, no sólo se salvan de la quema, sino que se reforzarán, ya que asumirán
las competencias de los municipios más pequeños, su presupuesto y sus medios
materiales y humanos. Se reforzará así un nivel de la Administración que hasta
ahora había tenido un crecimiento limitado. Aunque desde 2008, las diputaciones
han disparado su deuda un 34%.
Como explica el secretario
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la ley ha empezado a
tener efectos antes incluso de aprobarse. Como los ayuntamientos llevan un año
sabiendo que o ajustan sus gastos o perderán competencias en favor de las
diputaciones, las cuentas municipales se han ido saneando en los últimos meses,
a pesar de la recesión. De hecho, los 4.018 ayuntamientos con superávit
subieron en 2012 a 4.623; el personal al servicio de las administraciones
locales se redujo un 12,27% de julio de 2011 a julio de 2012, y las empresas
públicas locales han pasado de 3.656 en 2009 a 3.294 en 2013.
Intenso debate
El proyecto lleva meses
generando un intenso debate en el seno de partidos y agentes sociales y
económicos. El secretario de Política Autonómica y Municipal del PSOE,
Gaspar
Zarrías, ha criticado un proyecto que ha calificado como "una
imposición" y que considera "va a batir el récord Guinness del
desencuentro". En esta misma línea, el alcalde de Toledo y secretario
general del PSOE de Castilla-La Mancha,
Emiliano García Page, ha calificado
como "muy lamentable" que el Gobierno del PP no haya buscado acuerdos
y ha considerado que el consenso en esta materia era "obligatorio y
posible".
Mientras, destacadas voces
del PP han apelado a la necesidad de acometer una profunda reforma de las
administraciones públicas en España. Así, el pasado mes de mayo la presidenta
del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, pidió públicamente a Rajoy una
"reforma radical". El último en pronunciarse sobre este tema ha sido
el ex presidente
José María Aznar que dijo que "hoy parece
indispensable" reducir "el tamaño de las administraciones,
restablecer la estabilidad y el control presupuestario de todas ellas,
garantizar la unidad de mercado y su correcto funcionamiento, y ordenar
eficientemente el reparto de competencias".
Por su parte, el sindicato
CC.OO ha mostrado su oposición rotunda a la reforma porque puede causar un
"déficit democrático aún mayor" y puede dar "al traste con un
modelo social igualitario y solidario" entre el mundo rural y el mundo
urbano. Por esta razón, CC.OO va a llevar a cabo una campaña dirigida a los
ciudadanos, a los ayuntamientos, a los trabajadores y a las organizaciones
políticas porque, como ha insistido, "esto hay que pararlo", ante lo
que el sindicato va a hacer "todo lo que esté en su mano, incluidas
movilizaciones del tenor que sean necesarias, para que este ley no salga
adelante".
En la otra orilla, el
presidente de la patronal
Juan Rosell ha defendido la necesidad de seguir
haciendo reformas. "Reforma tiene que seguir siendo la palabra de cabecera
en empresas y administraciones". "Sin reformas degradamos la
competitividad del país", ha añadido. El líder de la CEOE considera que el
estado de las autonomías se ha construido "sin calculadora" y hay que
"redimensionarlo".
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