CSIF
dice tener "muy claro" que "este modo de tomar
decisiones supone una clara vulneración de los derechos adquiridos de los
profesionales". Argumenta que los trabajadores "ven reducida considerablemente su seguridad laboral y la
estabilidad de sus familias, al verse sometidos al antojo de un responsable,
que puede tomar sus decisiones en base a muchas variables, y cambiar el lugar
de destino laboral de los empleados públicos caprichosamente".
Critica que el SESCAM, "de manera unilateral, se
arroga la potestad de cambiar los nombramientos de los profesionales que
mediante concursos y oposiciones han obtenido plaza en un determinado destino,
para hacerlos dependientes de área y poder trasladarles así de localidad a su
antojo, incluso de provincia, como sucede con el trasvase de trabajadores de
Cuenca a Albacete".
Este modo de actuar, según CSIF, se
opone "de forma evidente" a la aplicación de la Ley de Conciliación de la vida
familiar y laboral de los trabajadores, pues "no tiene en cuenta los daños ocasionados
a terceros, como menores o mayores a cargo de los trabajadores".
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