viernes 14 de junio de 2013, 16:14h
La lectura de nuevas y cotidianas
revelaciones acerca de casos de corrupción induce a pensar que España,
se ha convertido ya en lo que en Italia se conoce por "Tangentópolis".
El reino de las comisiones ilegales; el puerto donde grandes empresas
pagan fuertes sumas de dinero en forma de donaciones a los partidos
políticos a cambio de posteriores adjudicaciones de obras o contratas de
servicios. La ley establece un tope pare este tipo de aportaciones
pero, como recuerda el saber popular: hecha la ley, hecha la trampa. En
éste caso la puerta de atrás son las fundaciones de los partidos. Y ahí
estamos.
Los partidos políticos que desbordando las funciones que les
asigna la Constitución han invadido todos los ámbitos de poder de la
vida del país se han tornado empresas extractivas que para mantener a su
miles de cargos y empleados, sus locales abiertos y poder pagar sus
costosas campañas electorales, recurren a éste tipo de prácticas.
Guardamos en la memoria episodios estelares en los que en el
fragor del debate parlamentario a algún político se le calentaba la boca
y descubría el pastel. "Ustedes tienen un problema; ustedes tienen el
problema de 3%" -le espetó Pasqual Maragall a Artur Mas"- aludiendo al
porcentaje de las supuestas comisiones que beneficiaban a CiU a partir
de determinadas adjudicaciones de obras. En otras ocasiones ha sido un
contable despechado (casos Filesa, Malesa y Time Export, una red de
financiación ilegal del PSOE), o un concejal al que dejaban al margen de
la mordida (caso Gürtel, trama que a la sazón investiga la justicia
bajo la muy fundada sospecha de cobros ilícitos por parte de dirigentes
populares de Madrid y de Valencia) o la más reciente, de todas :los
llamados "papeles de Bárcenas", ex tesorero del PP. Todas llevan el agua
al mismo sitio: a las cajas opacas de los partidos. La lista es larga y
tan llamativa como la desvergüenza con la que algunos políticos tratan
de marear a la justicia al tiempo que desvían la atención de la opinión
pública señalando casos similares de corrupción que infaman a los
partidos contrarios.
Tengo para mi que hemos llegado a un punto en el que para seguir
creyendo que España es un Estado de derecho en el que todos los
ciudadanos somos iguales ante la ley habría que apoyar más a los jueces
en su difícil tarea de hacer justicia. Justicia, caiga quien caiga.
Apoyar a los jueces y animar, también, a los fiscales para que cumplan
con su misión extremando la diligencia para que una incorrecta
interpretación del principio de dependencia jerárquica no se traduzca en
pérdida de la necesaria independencia para poder hacer cumplir la ley y
acabar con la corrupción que está minando nuestra democracia. Ya digo,
es la hora de los jueces.