"En nuestra opinión, el compromiso de España con la implementación de
una exhaustiva agenda de reformas fiscales y estructurales continúa
siendo fuerte", indicó la agencia, que espera que la economía española
se contraiga un 1,5% este año y crezca un 0,6% en 2014.
En este sentido, la calificadora de riesgos precisó que la nota 'BBB-'
de España está respaldada por una "próspera y diversificada" economía,
así como por la aplicación por parte del Gobierno de su agenda de
reformas financieras, fiscales y estructurales.
No obstante, la agencia señaló que la nota española se ve limitada por
su elevado apalancamiento externo, sus relativamente bajas perspectivas
de crecimiento a medio plazo y algunas rigideces residuales, como en su
todavía muy segmentado mercado laboral.
"Positivamente, creemos que la economía española está recalibrándose",
apuntó S&P, destacando un mayor enfoque hacia la demanda exterior,
lo que permitirá el gradual fortalecimiento de la balanza corriente
española, mientras la demanda doméstica continúa siendo débil.
Asimismo, la agencia de medición de riesgos destacó la "mejora
continuada" de la competitividad de España, que se ha beneficiado de la
reforma laboral de 2012. "Eurostat estima que los costes laborales
unitarios de España han disminuido un 10% desde el máximo de mediados de
2009 y lo más importante es que este ajuste ya no se está produciendo
principalmente mediante el aumento del desempleo", añadió.
No obstante, a pesar de la robusta evolución de las exportaciones,
S&P espera que el desempleo siga siendo "muy alto", por encima del
26%, al menos hasta que se produzca una recuperación económica
sostenida, aunque advirtió de que el aumento del paro estructural y las
desfavorables tendencias de inversión están lastrando el potencial de
crecimiento a medio plazo del país.
Asimismo, la calificadora de riesgos prevé que la deuda pública
española alcance el 82% del PIB en 2013 y escale hasta el 91% en 2015
España cumplirá los nuevos objetivos de déficit
Por otro lado, la agencia considera que el Gobierno español será capaz
de cumplir las nuevas metas de déficit aprobadas por Bruselas, que
contemplan un desequilibrio negativo de las cuentas públicas del 6,5%
del PIB en 2013, del 5,8% en 2014, del 4,2% en 2015 y del 2,8% en 2016,
aunque apunta la posibilidad de que sean necesarias medidas adicionales
de ajuste.
"Creemos
que el Gobierno probablemente cumplirá en 2013 y 2014 estos objetivos
rebajados, aunque podrían ser necesarias medidas adicionales de ajuste",
indicó S&P, que recuerda el compromiso del Gobierno de adoptar
nuevas medidas en caso de registrarse desviaciones de estos objetivos de
déficit.
"En nuestra opinión, estas podrían incluir reducciones en las
exenciones fiscales existentes y cambios en los impuestos indirectos,
así como el restablecimiento sólo parcial de la paga extra de final de
año para los funcionarios o cambios en el sistema de Seguridad Social",
apuntó la agencia, que espera que la reforma en curso de las pensiones
podría aliviar las presiones presupuestarias.
No obstante, a pesar de que el Gobierno pretende acelerar sus medidas
de consolidación fiscal en 2015 y 2016, S&P aprecia riesgos de
ejecución a medio plazo relacionados, no sólo con la lentitud de la
recuperación económica, sino también con el proceso que conducirá a las
elecciones generales en 2015.
Riesgo de rebaja si decae el apoyo a las reformas
Por otro lado, S&P advirtió de que la perspectiva 'negativa'
asignada al rating de España refleja el riesgo de una rebaja de
calificación "en caso de que el respaldo político a dicha agenda de
reformas decreciera, la posición presupuestaria se deteriorase
significativamente o si las políticas de la eurozona flaquearan en la
estabilización de los costes de financiación de España.
"La perspectiva negativa refleja nuestra opinión de que podríamos
rebajar los ratings de España en los próximos 12 a 16 meses, si todo lo
demás sigue igual, y observamos que decrece el respaldo político a la
actual agenda de reformas (...) el apoyo de la eurozona no logra generar
la suficiente confianza entre los inversores o la deuda neta excede del
100% del PIB por desviaciones del Gobierno de sus objetivos fiscales",
explicó la agencia.
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