CCOO rechaza el informe de las pensiones, pero no desautoriza a su empleado que lo firmó

La dirección confederal de Comisiones Obreras ha tenido que salir al quite con un comunicado oficial, en el que explica que la mal llamada Comisión de expertos nacía condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando la ley vigente contempla esta posibilidad para el año 2032.

Pero ante la firma por parte del 'empleado' de CCOO Miguel Ángel García Díaz de un informe francamente antisocial, la Comisión Ejecutiva Confederal y los secretarios generales de las estructuras confederales de CCOO, ante el "desconcierto que tal situación está generando entre la opinión pública y nuestros afiliados" acordó emitir una declaración que, por su importancia, la damos de forma íntegra. En ella se dice que no asumen la propuesta de la comisión, pero no desautorizan a su empleado García.

Comunicado íntegro de CC.OO

1.-  El informe de los expertos no recoge la posición de CCOO sobre el futuro de las pensiones y en ningún caso nos sentimos vinculados a él.

El Gobierno planteó la presencia del coordinador del Gabinete Económico de CCOO, por ser una persona de reconocido prestigio en materia de pensiones y Hacienda pública y no como representante del sindicato. La dirección del sindicato autorizó su presencia por considerar que era conveniente que en la citada comisión hubiese la mayor pluralidad posible, y con ello evitar posiciones cerradas por parte de los expertos, que dificultasen cualquier negociación posterior.

Su participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema de reparto, que se plantee que la viabilidad del sistema se puede garantizar por la vía de la mejora de los ingresos, y que la decisión recaiga en el ámbito de la política una vez activada la negociación en la comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo y en el diálogo social.

No obstante, y a tenor de la imagen proyectada, la Dirección Confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada y que podía nacer condicionada por la pretensión del Gobierno de adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2014, cuando en la ley vigente esta posibilidad se contempla para el año 2032.
 
Es por esta razón que la Comisión Ejecutiva Confederal desea afirmar con rotundidad que en este informe no está recogida la posición del sindicato y que, en consecuencia, no nos sentimos reflejados ni vinculados a él.
 
2.- La reforma que promueve el Gobierno no es necesaria
 
2.1.- La nueva Ley de Seguridad Social vigente desde hace apenas cinco meses y fruto de los acuerdos suscritos en febrero de 2011 ya aborda mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema, y en concreto prevé la determinación del factor de sostenibilidad para el período 2027-2032 para empezar a aplicarse a partir de esta fecha.
 
CCOO considera que las dificultades por las que ahora atraviesa nuestro sistema, que han obligado a recurrir al Fondo de Reserva, se deben a la destrucción de empleo que provoca la crisis y el modelo productivo español, que además se ve agravada por las políticas laborales llevadas a cabo por los sucesivos Gobiernos (reforma laboral, depresión de los salarios, congelación del salario mínimo, congelación de las pensiones,...) lo que provoca una reducción drástica del número de cotizantes y de las bases de cotización; a su vez, supone una caída significativa de los ingresos a las arcas de la Seguridad Social. Esta circunstancia, como ya hemos planteado, puede superarse incrementando temporalmente las cotizaciones o los recursos públicos destinados a la Seguridad Social.
 
Por tanto, no está justificado que circunstancias coyunturales se utilicen como excusa para promover un nuevo y sustancial cambio estructural de nuestro sistema público de pensiones. La verdadera razón que mueve al Gobierno a plantear ahora esta reforma es satisfacer las demandas de la Comisión Europea en cumplimiento de las condiciones del rescate al sistema financiero.
 
2.2.- CCOO en ningún caso avalará medidas que supongan una reducción de las pensiones presentes y futuras
 
En consecuencia, desde el compromiso con el sistema de pensiones y la necesidad de adaptar el mismo de forma consensuada a las necesidades que presenta,  cuestionamos que se tenga que introducir, sin respetar los términos contemplados en la legislación vigente,  un nuevo elemento para el cálculo de la pensión y que este esté asociado a la "esperanza de vida". Igualmente cuestionamos que la revalorización de las pensiones deje de estar referenciada a la evolución del IPC y que se deje sin efectos la Ley que contempla el citado principio.
 
2.3.- CCOO siempre ha estado comprometida con la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones como hemos demostrado suscribiendo todos los acuerdos que se han negociado hasta la fecha, pero recuerda que con esa finalidad, hemos propuesto incrementar los ingresos a la Seguridad Social, y descargar a esta de gastos que  le corresponde asumir a los PGE.
 
Es indispensable tener presente que estamos tres puntos y medio del PIB en gasto en pensiones por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Mientras en España gastamos un 10% del PIB la media europea se sitúa en el 13,5.
 
Junto al incremento de ingresos que nos equiparasen a la media europea, tradicionalmente hemos venido planteando medidas de incremento de la contributividad en el sistema, más solidaridad, mayor equidad en las prestaciones, mejor protección social de amplios colectivos infraprotegidos y mayor control de comportamientos inadecuados (fraude y elusión de obligaciones).
 
En todo caso CCOO reitera que la mejor garantía de futuro para nuestro sistema es estimular la creación de empleo así como su calidad, empezando por incrementar el salario mínimo interprofesional.
 
3.- CCOO emplaza al Gobierno a concretar la propuesta que someterá a consideración del Pacto de Toledo y del diálogo social
 
Ya hemos conocido el dictamen de los expertos pero cabe recordar, como ellos mismos reclaman, que corresponde a la política tomar las decisiones. Para ello sería necesario haber dejado tiempo suficiente para evaluar los resultados prácticos de las potencialidades de las medidas que contempla la presente legislación.
 
En todo caso, nadie puede pretender abordar ningún proceso de diálogo, si no es una vez conocida la posición que va a plantear el Gobierno.

Es por esta razón, y para superar la incertidumbre que cunde entre la ciudadanía, que CCOO emplaza al Gobierno a que cuanto antes dé a conocer su propuesta para el diálogo político y social.

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