¿Acabará Griñán imputado en los EREs?

Hay tres preguntas que te hacen en todos lados cuando en algún corrillo surge el asunto del Caso de los EREs fraudulentos de la Junta, un tema bastante recurrente  en la movida política andaluza desde hace tres años y que no deja de alimentar tertulias y debates. Una es ¿y a tí que te parece la jueza Alaya?; la segunda es tú, que como periodista habitualmente estás bien informado, ¿crees que finalmente Griñán acabará imputado?, y la tercera es ¿finalizará la jueza la instrucción del caso o pasará ésta antes o después al Tribunal Supremo?. Nadie te pregunta si los que se lo han llevado calentito durante diez largos años devolverán los más de ochocientos millones de euros defraudados al erario público, nadie se plantea si, además de las responsabilidades penales, los andaluces exigiremos responsabilidades políticas a todos aquellos responsables y dirigentes que, por acción u omisión, permitieron tamaño desfalco, y a nadie se le ocurre plantearse si la sociedad andaluza, cautivada por el subvencionismo de la Junta y las ayudas públicas, no ha sido en parte culpable de que se produzcan en esta tierra casos como el de los EREs o el Malaya que ponen en entredicho la honorabilidad de sus ciudadanos

A la primera pregunta siempre contesto que la jueza Mercedes Alaya tiene todos mis respetos por el arduo trabajo que viene realizando desde que los dueños del restaurante La Raza denunciaron el chantaje que querían hacerle con la concesión de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, gérmen de todo lo que se descubrió posteriormente. No se me olvida que, pocos meses después de destaparse el escándalo, en septiembre de 2009, durante la presentación en Sevilla de esta web, Andalucía Crítica, en la Fundación Cruzcampo, le presenté al presidente del Grupo Diario Crítico, Fernando Jáuregui, a uno de los denunciantes, Pedro Sánchez Cuerda, director gerente del Grupo La Raza y actual presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Sevilla, que tuvo la deferencia de acompañarnos. Nadie imaginaba entonces que el escándalo alcanzaría las actuales proporciones tanto por el número de imptados (se acerca ya al centenar) como por la cantidad sustraida. En estos cuatro años, Mercedes Alaya ha realizado un trabajo titánico enfrentándose no sólo a las instituciones políticas andaluzas que han intentado boicotearlo continuamente, sino a las altas instancias judiciales que, presionadas por no se sabe quien, han tratado de arrebatarle la instrucción de un sumario que acumula decenas de miles de folios. Si hubiese que ponerle un pero a la jueza sería el de su propia individualidad, su empeño en no ceder ni un ápice de la investigación a otros compañeros de judicatura que, al menos en teoría, le fueron adjudicados para que le ayudaran. Pero quizás también e tiempo le dé la razón en este egoismo profesional.

La segunda pregunta tiene una respuesta clara y contundente: No. Pepe Griñán no va a ser imputado por más que aparezcan papeles en los que su firma ratifique alguna desviación presupuestaria del llamado fondo de reptiles. A Griñán se le podrán pedir todas las responsabilidades políticas que se quiera, incluso podría pedirse su dimisión por, tanto como consejero de Economía como presidente de la Junta, ignorase lo que estaba ocurriendo en su Gobierno, pese a las reiteradas advertencias del Interventor General. Pero poco más. Lo mismo le va a ocurrir a sus predecesores, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, por más acusaciones públicas que hagan algunos de los más señalados imputados. Ninguno de ellos comparecerá ante la jueza Alaya ni tan siquiera como testigo, aunque la gran mayoría de los andaluces que, pese a todo lo que ocurra, volverá a votar al PSOE en las próximas elecciones, crean que todos ellos conocian el fraude y que lo consintieron.

Por último, respondería que estoy convencido de que la jueza Mercedes Alaya no acabará la instrucción del Caso de los EREs y que éste terminará en el Tribunal Supremo. Ya se encargará alguien de facilitarle las necesarias pruebas para que se vea en la obligación de imputar al ex consejero de Trabajo y actual diputado José Antonio Viera. Y digo aún más. Si el Caso de los EREs fraudulentos acaba en el Supremo, tengan por seguro que al juicio final sólo llegarán aquellos que, como Guerrero, Lanzas o Trujillo, se han atrevido a plantarle cara a los poderes públicos establecidos. El resto serán declarados inocentes, bien por falta de pruebas, bien porque sus delitos hayan prescrito. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que lo de los EREs acabará con Griñan y Alaya disfrazados de eremitas.