Los forestales: "¿A qué nos mandan? ¿A que nos maten?"

Los forestales reconocen que, efectivamente, entre sus funciones se encuentra la vigilancia e inspección de las vías pecuarias, pero consideran que la situación de la Cañada Real Galiana "ha excedido en mucho cualquier actuación de los agentes", en palabras de Francisco Javier Cabezos, delegado de CCOO.

Según asegura Palomo, hace un año que los agentes forestales no entran en la Cañada Real por la inseguridad de la zona. Los guardabosques recuerdan la escena que se vivió cuando acudieron las fuerzas de seguridad a desalojar una de las viviendas hace dos semanas, y que ellos ni siquiera van armados ni tienen medios de protección.

Aun así, ambos sindicatos aseguran que acatarán las órdenes que les dé la Consejería de Medio Ambiente, de la que dependen, pero exigen que si finalmente se lleva a cabo esta medida esperan que la Comunidad ponga los medios necesarios para ello, como afirma Palomo, quien también sugiere la posibilidad de acceder a la zona escoltados por antidisturbios.

El enfado en los dos representantes sindicales ante el anuncio de la Comunidad hecho público este miércoles por el vicepresidente primero y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, era evidente. "Antes de mandarnos allí tienen que saber qué es un agente forestal, potenciarlos, darles un reglamento y retirar la Ley de Medidas Urgentes", dice Palomo.

"Acataremos la orden, pero en segundo lugar pediríamos que nos enviasen también a vigilar la construcción de nuevas viviendas ilegales en terrenos de titularidad privada", afirma Cabezos. Los agentes forestales de la Comunidad llevan más de tres meses protestando por la Ley de Medidas Urgentes, aprobada por la Asamblea regional con los votos PP, ya que, en su opinión, reduce sus competencias y desprotege el medio ambiente.

Además, SAFTAM cree que las nuevas construcciones en la Cañada Real se están levando fuera de sus límites y se trata de terrenos de titularidad privada que pueden estar siendo usurpados, pero en ese caso ellos no podrían hacer nada sin autorización judicial porque la Ley de Medidas Urgentes lo impide, recuerda Palomo.