El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía Francisco Javier Guerrero ha abandonado en la tarde de este
miércoles la cárcel de Sevilla-I donde permanecía interno desde el
pasado día 20 de marzo por orden de la juez Mercedes Alaya a cuenta de
su imputación en la causa de los expedientes de regulación de empleo
(ERE) fraudulentos, según han informado fuentes cercanas
al caso.
Hay que recordar que en el recurso elevado contra el auto de prisión
dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, el
abogado de
Guerrero solicitó que, de no ser estimado dicho recurso de
reforma, su cliente fuera excarcelado de oficio una vez se levantara el
secreto sumarial que pesaba sobre las actuaciones desde el pasado mes de
noviembre, lo que ocurrió el pasado miércoles.
En este sentido, fuentes cercanas al imputado han señalado que ha sido la propia juez
Mercedes Alaya quien ha ordenado
su puesta en libertad sin fianza dos meses y medio después de que
ordenara su ingreso en prisión el marco de la operación 'Heracles'
desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de
'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las
pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
En su día, el abogado de Guerrero recurrió el auto de prisión
dictado por la juez y presentó un escrito,
en el que criticó que Alaya elaboró en dicho auto "una teoría
conspirativa nada cercana a la realidad", rechazando la existencia de
riesgo de fuga, pues "nada hay en el comportamiento de Guerrero que haga
pensar que quiera eludir sus compromisos judiciales".
En este escrito, el abogado de Guerrero señalaba que "no puede
afirmarse que el imputado pueda obstaculizar las diligencias de
investigación" realizadas dentro del secreto, punto en el que criticaba
que dicho secreto podría haberse malogrado "a base de las continuas
filtraciones de las que tenemos conocimiento a través de la prensa" y
que "parten de la propia dirección de la Guardia Civil".
También consideró "contradictoria" la afirmación de la juez sobre
la presión que el imputado pudiera ejercer sobre otros imputados para
los que se pudiera decretar prisión preventiva, pues "es en este caso en
el que la única oportunidad que tendría Guerrero de presionarles sería
la de coincidir con ellos en prisión, haciéndose ilusa en el caso de que
esté en libertad".
Excarcelado de oficio Igualmente, defendió la colaboración ofrecida por el imputado, que
"contestó a todas y cada una de las preguntas que le fueron formuladas"
durante su declaración judicial, solicitando que, de no ser estimado el
recurso de reforma, Guerrero fuera excarcelado de oficio una vez se
levantara el secreto sumarial.
No obstante, la juez dictó un auto el 23 de abril, en el que rechazaba su puesta en libertad argumentando
que, antes de su declaración, "se le realizó una exposición detallada de
los nuevos hechos que se le imputan, con expresión de fechas, de
nombres, de otros partícipes y de cantidades por él consentidas y
concedidas y, a su vez, por él presuntamente recibidas en pago de estos
favores".
Guerrero, según la juez, "conoce si estos hechos son veraces, y es
obvio que de ser así, él mejor que nadie conoce la posibilidad o el
modo de torcer algunas de estas fuentes de prueba e incluso adelantarse a
nuevos hechos, conociendo ya la línea de investigación que se está
llevando".
"El derecho a la libertad del recurrente debe ceder ante la seria
posibilidad de frustrar el buen fin de la investigación, sobre todo
teniendo en cuenta que son varias las personas de su entorno de
actuación que se encuentran en libertad", decía la magistrada en un auto
que fue recurrido por el imputado ante la Audiencia Provincial.
Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la petición de
libertad planteada por el exdirector general de Trabajo al entender
que, en caso de salir de prisión, existe un riesgo cierto de que el
imputado se pudiera dar a la fuga.
Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en
concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión
provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis
delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación,
malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en
documento oficial y un último delito de falsedad en documento
mercantil.
Segundo ingreso en prisiónTras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y
Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de
Sevilla I hasta el día 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de
abonar 50.000 euros de fianza.
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