Mejor una buena ley de partidos

Puestos a pensar con objetividad, lo realmente asombroso es que en una democracia tenga que redactarse una ley de transparencia; ya sé que la tienen de antiguo otros países, pero precisamente porque la España de las libertades es históricamente reciente, reconozcamos que al menos da un poco de pena que se tenga la necesidad de esa Ley que ahora quiere consensuar el Gobierno con la mayoría de los partido políticos como no podía ser de otra manera: estas cosas no funcionan con mayorías absolutas.


¿Pero por qué necesitamos normas para ser transparentes? Primero porque no lo somos ni de derecho y llama la atención la cantidad de secretos, de ocultaciones, de documentación que nunca ven la luz y de lo difícil que es tener acceso público en España sobre mucha información. Y eso es malo y peor aun que tanto misterio esté amparado por ley. Pero no sólo no sabemos la mitad de lo que pasa sino -seamos serios- es que las cañerías del sistema han ido acumulando tanta suciedad que ya se hace insoportable permanecer impasible como si todo fuera normal.


Dicho esto y admitido que el estado de la corrupción está incrustado en el sistema, debería haber bastado una buena división de poderes para poner freno al desastre: el propio ejecutivo con su ministerio de Hacienda, el legislativo con su capacidad para exigir explicaciones, un Tribunal de Cuentas que realmente funcionara y, sobre todo, un poder judicial de verdad independiente tendrían que haber bastado para mantener fuera de sospecha y en su caso denunciar y condenar a los que son los grandes sospechosos. Entonces ¿por qué una ley específica contra opacidad? Pues, una vez más, porque nuestra democracia ha sido secuestrada por la voracidad de los partidos que se han encargado de ocuparlo todo en un ejercicio de complicidad inadmisible para el ciudadano: si ellos controlan a los controladores ¿para qué sirven los controladores?


Y lo malo es que la Ley de Transparencia, aunque evidentemente algo va a solucionar (al menos habrá una norma a la que acogerse) no va a ser la panacea que saneé la sociedad española. Y no lo va a ser porque, de entrada, la elección de ese consejo que vele por la transparencia parece que saldrá del Congreso que es lo mismo que decir que será elegida por los partidos y para ser más exactos, por los dos partidos que por ahora se turnan en el poder. Los más viejos del lugar recordamos aun la cantidad de debates y la cantidad de esperanza que se depositó en la figura del defensor del pueblo durante el periodo constituyente. Pues ya ven en qué quedó: una institución bienintencionada pero carente de peso a la hora de la verdad.


No es bueno ser pesimista con lo que aun no existe, pero la experiencia pesa mucho. ¿Recuerdan cuando en un alarde democrático ZP renuncio a nombrar al director general de RTVE para que fuera el propio consejo del ente quien lo hiciera? Perfecto; ¿pero quien componía ese consejo? Los designados por los partidos con mayoría, como es lógico, del partido en el Gobierno; en resumen: yo no lo voy a nombrar, lo va a nombrar a los que yo he nombrado para nombrarlo. Pues vale. ¿Y qué ocurre con el CGPJ, con el Supremo, con el Constitucional? Todo en España huele a partido y es ahí donde habría limpiar de una vez la herida. Bienvenida una Ley de Transparencia, pero casi mejor una nueva Ley de Partidos en la que todo quede claro, en la que haya que sea público hasta el último céntimo y sin fundaciones y otras tapaderas que sólo sirven para lo que todos sabemos que sirven.