Lo llaman 'el manifiesto de los cien', y afirman
que "entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más
urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos, con el fin de
regular su actividad, asegurar su democracia interna y la transparencia de su
financiación y acercar la política a los ciudadanos".
Desmienten al poder establecido, y a los fácticos
de turno de paso, cuando estos, por intereses espurios, afirman que la actual Ley
de Partidos es una Ley Orgánica que no puede ser objeto de una Iniciativa
Legislativa Popular, y lo desmienten afirmando que "la Constitución, en su
Artículo 29, ampara el derecho de petición, al que nos acogeremos para pedir a
las Cortes una nueva Ley de Partidos".
De ahí que el 'manifiesto de los cien' por una
nueva Ley de Partidos Políticos, presentado este martes en Madrid, diga que
pretende "regenerar la democracia": lo firman académicos,
economistas, escritores, científicos y representantes del mundo de la cultura y
reclaman la puesta en marcha de una nueva Ley de Partidos Políticos que
favorezca la "regeneración de la vida democrática", aporte una
"mayor transparencia" en su funcionamiento y así se pueda
"combatir la corrupción en España".
Como viene anunciando Diariocrítico desde hace
unas cuantas fechas, entre los promotores de esta iniciativa, que se puede
seguir en la página www.porunanuevaleydepartidos.es, se encuentran el profesor
de la London School, Luis Garicano; el economista y empresario César Molinas;
la presidenta de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, y el diplomático y
escritor Carles Casajuana.
Según consta en el manifiesto, firmado por un
centenar de personalidades, después de 30 años de democracia, en España los
partidos políticos "funcionan mal" porque "las leyes y pactos
para controlar la corrupción han fracasado".
Dice que "en todos los países hay corrupción
política, pero la democracia interna de los partidos, la competencia entre los
que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de
transparencia impuestas por la ley propician que los políticos corruptos sean
apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece".
Así, los promotores sugieren una nueva Ley de
Partidos en la que se regule su actividad y se asegure su democracia interna y
la transparencia y el control de su financiación. Según César Molinas, se trata
de que España "se parezca a Europa" para que los partidos políticos
pasen de estar "autorregulados" a ser "regulados por ley".
LLevar a España a un proceso de reformar institucional
Los promotores consideran que el manifiesto es un
paso "necesario" para llevar a cabo un "proceso de reforma
institucional mucho más amplio" que, a su juicio, debería acometerse en
España y en el que se podría incluir la reforma de la Justicia, la regulación
de los 'lobbies' y la separación de los cargos políticos y los puestos
administrativos.
De esta forma, Molinas cree que España ha gozado
de una etapa de "mucha estabilidad política" desde la Transición con
la legislación por la que se rigen actualmente los partidos, si estima que todo
esto tiene "un precio", como es "la falta de liderazgo claro o
la corrupción".
Así que los promotores de la iniciativa proponen
que la nueva Ley de Partidos debería exigir celebración de congresos cada año o
dos años, reunión de los órganos de control a fecha fija, composición de los
congresos y órganos de control proporcionales al número de afiliados o votos,
elecciones mediante voto secreto de afiliados o delegados, elección de
candidatos a cargos representativos por primarias, mandato limitado de
tesoreros y constitución de comisiones independientes para verificar gastos en
las campañas e inspecciones para comprobar el cumplimiento de los límites de
gasto electoral.
He aquí el manifiesto íntegro y el sitio web donde
pueden depositar su firma de apoyo.
Manifiesto: Por una nueva ley de partidos
La sociedad española asiste preocupada y
escandalizada al deterioro de la política. Tras treinta y cinco años de
democracia, los partidos funcionan mal. Tal y como muestran todas las
encuestas, los ciudadanos sienten que el nivel de los políticos está por debajo
de las exigencias de los problemas que afronta el país. La corrupción se ha
hecho crónica y, en mayor o menor medida, salpica a los principales partidos.
Hay una crisis de confianza en la política. No podemos seguir así.
Las leyes y pactos para controlar la corrupción
han fracasado. No faltan leyes para castigarla, pero faltan normas que creen
contrapesos en la política, que establezcan más competencia entre políticos de
un mismo partido y que limiten el poder de las cúpulas dentro de las
organizaciones políticas. Normas encaminadas a evitar que la corrupción pueda
crecer sin freno.
Los partidos políticos tienen un papel
insustituible en todo sistema democrático. A diferencia de lo que ocurre en
otras democracias avanzadas, en España el marco legal vigente no facilita la
depuración de los partidos cuando ello se revela necesario. Los partidos
españoles se autorregulan: los congresos y órganos de dirección se reúnen
cuando conviene a sus dirigentes; el método habitual de selección de cargos
internos y de candidatos a cargos representativos es la cooptación; y el
control de las cuentas se encomienda a un organismo, el Tribunal de Cuentas,
fuertemente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política y
cuyo último ejercicio auditado es 2007.
En las democracias constitucionalmente más
avanzadas los partidos están fuertemente regulados por la ley o, en el caso
británico, por la costumbre. No es por capricho. Los partidos políticos no son
entidades privadas como, por ejemplo, un club de fútbol o una empresa agrícola,
que pueden organizarse como mejor les plazca. Son entidades especiales a las
que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y que se
financian con fondos públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el
de cualquier empresa o sociedad recreativa. Por ello, la periodicidad de los
congresos, los métodos de selección de los delegados y el control de sus
cuentas mediante auditorías independientes están regulados por la ley.
Nada de eso es de aplicación en España y esta
anomalía es una causa importante de la difícil situación actual. En todos los
países hay corrupción política, pero la democracia interna en los partidos, la
competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las
obligaciones detransparencia impuestas por la ley permiten que los políticos
corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la
corrupción crece, debilita la acción de gobierno en una coyuntura crítica,
provoca la desafección ciudadana y acaba causando una grave crisis política e
institucional. Hay más. El método de cooptación, repetido una y otra vez, es un
método de selección adversa que acaba elevando a puestos de responsabilidad a
los menos críticos y a los menos capaces. Hay que cambiarlo urgentemente.
Creemos que, entre los muchos cambios que hoy
demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva
Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su
democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y acercar
la política a los ciudadanos. Esta es una condición necesaria para poder
abordar con garantías un proceso de reforma institucional mucho más amplio que
debería incluir, entre otras, la reforma de la Justicia, la regulación de los
lobbies y la separación estricta de los cargos políticos y los puestos administrativos
para garantizar la independencia y la profesionalidad de la función pública.
Las normas básicas que esta nueva Ley debería recoger son muy comunes en las
democracias europeas. Concretamente, debería exigir:
1. Celebración de congresos cada dos años como
mínimo y, en todo caso, a fecha fija.
2. Reunión de los órganos de control de las
directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día
la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del
número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.
3. Composición de los congresos y de los órganos
de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada
provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de
control.
4. Elección de los órganos ejecutivos, delegados a
congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los
afiliados o delegados al congreso.
5. Elección de los candidatos a cargos
representativos por elecciones primarias.
6. Mandato limitado de los tesoreros y encargados
de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos
niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a
la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos
órganos de dirección del partido.
7. Constitución de comisiones independientes para
verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el
cumplimiento de los límites de gasto electoral.
La Ley de Partidos es una Ley Orgánica que no
puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular. Pero la Constitución,
en su Artículo 29, ampara el derecho de petición, al que nos acogeremos los
abajo firmantes para pedir a las Cortes una nueva Ley de Partidos con las
características anteriores. Solicitamos su adhesión a esta petición a través de
esta web.
Firman: Elisa de la Nuez, César Molinas , Carles
Casajuana y Luis Garicano
Pueden depositar su firma en la página web de los promotores, pinchando aquí.
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