Pasarse a la Justicia por el arco del triunfo

Yo no sé si es que viven en esa utopía en la que todo es un paraíso o es que creen que en este mundo injusto ellos están exentos de la obligación de cumplir las leyes que rigen para el resto de los ciudadanos. Me refiero, naturalmente, a ese reducto de la Sierra Sur sevillana que tiene por nombre Marinaleda y que se ha convertido en una especie de municipio independiente en el que su alcalde y líder carismático, Juan Manuel Sánchez Gordillo, hace y deshace a su antojo como si fuese dueño y señor del territorio. Uno sabe que, desde los años setenta del pasado siglo, Marinaleda ha sido una especie de república independiente que los gobierno de turno, tanto del PSOE como del PP como la propia Junta de Andalucía, ha mimado con subvenciones millonarias para evitar que se convirtiera en símbolo de una decimonónica revolución campesina en el más puro estilo de Novecento. Gordillo y sus jornaleros del SAT más que un reducto de campesino explotados por la oligarquía latifundista ha sido unos expertos en marketing para vender en todo el mundo su película revolucionaria y tercermundista. Desde las ocupaciones de grandes fincas en los alrededores de Osuna y Écija a la negativa a pagar impuestos o servicios, pasando por las viviendas de autoconstrucción o la financiación de locales públicos (ellos prefieren llamarlos colectivos) a cargo del Plan de Empleo Rural que muchos vecinos siguen cobrando justifiquen o no las necesarias peonadas, todo en Marinaleda es excesivo. Y lo más excesivo es el alcalde Sánchez Gordillo, Juan Manuel para los compañeros, envuelto en su pañuelo palestino y escoltado por la inmensa fotografía del Che Guevara que preside su despacho en el consistorio. A Gordillo le han condenado los tribunales una decena de veces por la ocupación de fincas, pero no ha pisado el calabozo. Parece tener carta blanca de los jueces, a quienes no les hace ni puñetero caso, que se limitan a dictar las sentencias y comunicárselas por escrito porque él no se digna ni siquiera en ir a recogerlas. De momento ninguno ha sido capaz de enviar a la Guardia Civil a su domicilio.

Tras la última ocupación de la finca Las Turquillas, propiedad del Ministario de Defensa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha visto obligado a procesar (de nuevo) a Gordillo por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto. El relato del juez instructor no tiene desperdicio. Dice así: "El 23 de julio de 2012 se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas, una finca de titularidad estatal de 1.200 hectáreas que es "de relevante importancia por su ubicación y características ecológicas, agroambientales, ecoturísticas y grado de protección". Sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT. Los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT. Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, "de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar", y "destruyeron" un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda 'Yeguada Militar', que sustituyeron por otro con el lema 'Igualdad y Tierra'. Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, "que les advirtió que podían cometer un delito", pero ellos "insistieron en que iban a ocupar la finca", mientras que el oficial al mando del dispositivo, "que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca", ordenó a los agentes a sus órdenes "no intervenir para evitar una alteración del orden público". Junto al camino, los "ocupantes" instalaron "una especie de campamento" formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, "en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y 'trabajar' la tierra ocupada", asevera el magistrado, que indica también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua". De igual modo, "labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron" cuando desalojaron la finca. Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, "con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona", un riesgo que "se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor", habiendo desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento. Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía. Fue el 7 de agosto cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto". Hasta aquí el relato del juez instructor. Vamos, una película de Berlanga con guión de Rafael Azcona si no fuese porque muchos andaluces sentimos vergüenza de estos demagogos la mayoría de los cuales viven del cuento y sun impunes ante la ley.

Bueno, pues llamados a declarar, tanto Gordillo como Cañamero se acogieron a su derecho de no hacerlo. Digo yo que si cualquier ciudadano que no sea Gordillo comete una tropelía así en una propiedad privada, me da la impresión que se le cae el pelo. Pero ni el Gobierno central, ni la Junta, donde sus camaradas comparten mesa del Consejo con Pepe Griñán, ni la Justicia parecen tener el mismo rasero con los sindicalistas del SAT que con el resto de los mortales. Lo dicho, la Justicia no es que sea sólo un cachondeo, es que algunos, además, tiene el privilegio de pasársela por el arco del triunfo ante el aplauso cómplice de una progresía que sigue dormida en los mitos revolucionarios de los años sesenta. Por desgracia, Gordillo es, como la "grasia" o el "pescaíto", uno de los tópicos de Andalucía, de una Andalucía que ochenta años después, aún recuerda los tristes sucesos de Casa Viejas.

Ah, y no se preocupen que en el próximo artículo hablaré de los EREs, donde la Justicia también puede llegar a ser un cachondeo.