Las recomendaciones del Foro Social para el proceso de paz y el fin de ETA

Esta iniciativa impulsada por Lokarri y Bake Bidean ha escogido el Palacio de Aiete en San Sebastián para presentar estas conclusiones de los trabajos iniciados el pasado marzo en Pamplona y Bilbao. Precisamente Aiete fue el lugar en el que el 17 de octubre de 2011 varios líderes internacionales pidieron a ETA el alto el fuego definitivo que la banda concedió tres días después. Sin embargo en aquella declaración también se solicitaba al Gobierno que estableciese una negociación con los terroristas para abordar las denominadas "consecuencias del conflicto" (desarme, presos, huidos y retirada de las fuerzas de seguridad)   

Ahora, estas doce recomendaciones del Foro Social abundan en abordar esas "consecuencias", pero sin apelar expresamente a una negociación directa entre el Gobierno y ETA. Insisten en "promover un ejercicio de diálogo y reconciliación" en el que participen "instituciones, partidos políticos y sociedad civil". Especialmente recomiendan lograr consensos para abordar lo que en este caso llaman "retos del proceso de paz" que a su juicio siguen siendo el "desarme y desmantelamiento de estructuras militares de ETA, reintegración de las personas presas y huidas, garantía de los Derechos Humanos, así como afrontar todo lo sucedido y establecer las bases de la convivencia en el futuro".

No se habla de disolución

En la recomendación dedicada al desarme de ETA --en ningún momento se utiliza la palabra disolución-- el Foro Social defiende el "diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA". Creen que este proceso debería desarrollarse "en un tiempo prudencial" y que "desde sus inicios" debe contar con la "intervención y colaboración de organismos facilitadores independientes que den seguridad de lo realizado tanto a  los Estados y sus instituciones como a la sociedad en general".
  
Esta es la fórmula de los mediadores internacionales que ya ha sido rechazada tanto por el Gobierno como por ETA. Desde el Ejecutivo advierten que los únicos verificadores válidos son las Fuerzas de Seguridad. Por su parte, la banda en su comunicado del pasado 26 de marzo aclaraba que la cuestión del desarme "queda fuera del mandato que se dio la Comisión Internacional de Verificación en su origen y, en consecuencia, no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA y la Comisión".
  
En el capítulo de los presos de ETA, el Foro Social considera que deben realizar un "reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación". Pero a cambio el documento establece una batería de recomendaciones que debería asumir el Gobierno: alcanzar un "consenso" para una "solución integral", "adecuar la legalidad a la realidad" o "aplicar una justicia de carácter transicional" que serviría sólo para los presos de ETA en un tiempo determinado.

Acercamiento a Euskadi

En otro punto llegan a recordar que "los estándares internacionales sí permiten que la aplicación de la justicia tenga en cuenta el contexto de un proceso de paz". También recomiendan "modificar aspectos de la política penitenciaria que contravienen los derechos humanos" como "la situación de los presos gravemente enfermos, la negativa a conceder la libertad a aquellas que han cumplido su condena y terminar con la dispersión, que penaliza a sus familias".
  
Recomiendan a los presos que acepten los "cauces legales" y al Gobierno que acepte que se trata de un proceso "integral" que "se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada, y en tiempo prudencial". Esta fórmula rechaza la amnistía que sigue exigiendo el Colectivo de presos de ETA en sus comunicados, pero insiste en la liberación de todos los presos de manera gradual y colectiva.
  
Además creen importante que los presos puedan participar en este proceso relacionándose e intercambiando opiniones con "la ciudadanía vasca e instituciones competentes". Los reclusos terroristas han  manifestado esa voluntad en numerosas ocasiones y el propio abogado sudafricano Brian Currin también expresó la semana pasada su voluntad de reunirse directamente con los representantes del EPPK (siglas en euskera del colectivo de presos).
  
En cuanto a la situación "de las personas huidas" el Foro Social recomienda explorar "vías para su integración en la sociedad, dando una solución a las mismas". El Gobierno ya contempla que aquellos huidos sin causas pendientes con la Justicia puedan regresar a España. Sólo en el Consulado de España en Bayona (Francia) decenas de etarras en esa situación ya se han registrado con el objetivo de poner fin a años de fuga y tramitar su documentación, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista.
  
El Foro Social también atiende la reivindicación de disminuir la presencia del Ejército, la Guardia Civil y la Policía en el País Vasco y Navarra. En ese caso el texto habla de "redimensionar el número y la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adaptarlos a la realidad". "Asimismo se deben reforzar los mecanismos de control de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de las instituciones y la sociedad civil", añade.

Abordar las "causas" 

Las dos últimas recomendaciones hacen referencia a la construcción del relato de lo sucedido en el País Vasco en las últimas décadas. El Foro Social rechaza la versión del final con vencedores y vencidos que reclaman las víctimas de ETA. Este organismo apuesta por abordar no sólo las consecuencias, sino "la causas" de lo sucedido "y reconocer y reparar al conjunto de víctimas y reconocer todo el daño causado" en lo que supone una equiparación de los crímenes de ETA con lo que desde el entorno radical consideran excesos policiales.
  
En ese sentido recomiendan "que se faciliten diversas maneras de narrar y recordar, sin negar lo acontecido, fomentando la autocrítica en todos los sectores sociales y políticos y los ejercicios honestos de reconocimiento de los graves errores cometidos". Incluso proponen oficializar esta versión y "elaborar una base de datos oficial, pública y completa de todas las víctimas y vulneraciones de derechos humanos, para preservar la memoria de lo sucedido antes de que se pierda o se vuelva borrosa".
  
En rueda de prensa en San Sebastián, el coordinador de Lokarri, Paul Ríos, acompañado de la miembro del relator Andy Carl, de la organización Conciliation Resources, y de representantes de Bake Bidea, han hecho públicas estas 12 conclusiones, elaboradas a partir de las aportaciones de expertos internacionales y más de 400 propuestas ciudadanas.
  
Las conclusiones, articuladas en cuatro apartados, se trasladarán próximamente a todos los partidos y se presentarán en todas las instituciones implicadas. Además, se prevé a celebración de nuevos actos para promover la participación ciudadana en el impulso del proceso de Paz.
  
Ríos ha esperado que se logre una "gran adhesión" a estas conclusiones, y ha puntualizado que "no se trata del final de nada, sino que son un punto de partida". Por ello, seguirán trabajando en las posibilidades de desarrollo y materialización. Además, ha señalado que no se trata de una segunda Declaración de Aiete.