La reforma que se avecina: podrían bajar las pensiones en cuestión de meses

La comisión de expertos a los que el Gobierno ha encargado un informe sobre la próxima reforma de las pensiones prácticamente ha concluido su trabajo. Su análisis recomienda una aplicación temprana de la reforma que han diseñado. A poder ser en 2014 y no más tarde de 2019. Traducido a román paladino, se tocará el bolsillo de los pensionistas y podría ser pronto. Según sus propios cálculos, la receta que proponen supondría a los pensionistas actuales una pérdida de poder adquisitivo de un 6% de aquí a 2020.
 
Los doce expertos no descartan una bajada directa, algo que pocos habían planteado hasta ahora. Esto no debería afectar a los pensionistas actuales, porque no está a favor de "cambiar drásticamente las reglas del juego a gentes que ya no tienen tiempo ni capacidad de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias". Pero sí que lo ven bien para los pensionistas futuros, los que entrarán en el sistema en los próximos años. Así que ponen encima de la mesa la posibilidad de que bajen las pensiones si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos.
 
Con todo, el informe concreta dos tipos de medidas en este sentido. Para los nuevos pensionistas, reducir la pensión inicial de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de los españoles. Y para el resto, los casi 9 millones de jubilados actuales, que la revalorización anual que se aprueba cada mes de diciembre no dependa de la subida de los precios, sino de la marcha de las cuentas de la Seguridad Social.
 
Este último apartado ya lo había sugerido recientemente el propio Ejecutivo. Es más, en los dos últimos años las pagas han subido menos que los precios de la cesta de la compra. Según la comisión, en los años de bonanza el ahorro serviría para engordar la hucha de las pensiones, para utilizarlo cuando la situación económica sea negativa y el sistema se enfrente a posibles déficits. Así que, si la economía va bien, las pensiones nunca subirían más que los precios. Pero si va mal, sí que podrían subir menos que el IPC, e incluso bajar.
 
Como es habitual, las simulaciones se basan en distintos escenarios económicos. En el peor de ellos, se calcula que la revalorización de las pensiones supondría a los pensionistas actuales una merma de su poder adquisitivo de hasta el 6% de ahora a 2020, y superior al 7% si se calcula de aquí a 2030.
 
Por otro lado, los que se jubilasen en 2024 cobrarían un 6% menos de pensión de lo que les correspondería con las reglas actuales, y los que se retirasen en 2032 un 12% menos. Los pensionistas futuros, por tanto, son los que se verían más afectados. Primero por una pensión inicial más baja de lo que les correspondería con las reglas actualmente en vigor, y además por una revalorización anual por debajo del IPC.
 

Sistemas privados
 
Pero los expertos no se quedan ahí y sugieren dar un papel más importante a los seguros de pensiones. Para ello apuestan por el desarrollo de las pensiones complementarias (fondos de empresa, seguros y fondos de pensiones). No es un detalle menor que la mayoría de los expertos están vinculados de alguna manera al sector privado. De hecho, tres de los seleccionados son partidarios de un sistema público de pensiones. Entre el resto, hasta ocho trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros.
 
A esto hay que añadir que el presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte neoliberal que ha colaborado en varias ocasiones con la Fundación FAES, una organización muy próxima al Partido Popular.
 
Entre las razones que dan para hacer y aplicar esta reforma rápidamente está el escrutinio al que Bruselas somete al Gobierno, algo que escapa a su mandato. Por ello, creen que poner en marcha la reforma en 2014 "refuerza la señal de seriedad en el compromiso con la sostenibilidad presupuestaria que se envía a la ciudadanía, a los inversores internacionales y a nuestros socios europeos".
 
En los últimos días, el ministro Luis de Guindos ha advertido que el nuevo factor de sostenibilidad para adecuar el sistema de la Seguridad Social a la esperanza de vida debe ser "extremadamente gradual". El ministro de Economía ha insistido en que la "tercera pata" que queda por reformar en el sistema de pensiones, que es el factor de sostenibilidad, no puede hacerse de forma "brusca".
 
Está previsto que en los próximos días el documento quede terrminado y se remita al Gobierno, que lo debatirá con sindicatos y patronales. Y luego entrará en la Comisión del Pacto de Toledo, lugar de consenso habitual del Congreso donde se debaten, negocian y aprueban los cambios que afectan al sistema público de pensiones.

 
Los futuros desafíos
 
La estructura demográfica de España y el rápido envejecimiento de la población son un tremendo desafío para el sistema a corto plazo. El número de cotizantes por cada pensión pagada presenta una caída continuada, pasando de 2,8 en 2007 a 1,9 en el momento actual. Concretamente, con datos del pasado mes de julio, 17.031.738 de afiliados abonaban 8.918.804 de pensiones. La crisis y la destrucción de empleo han empeorado mucho el panorama, aunque lo más probable es que este factor se vaya corrigiendo poco a poco.
 
La actual pirámide de población española acusa los bajos índices de natalidad y la escasez de jóvenes en la base de la misma. Mientras la población en edad de trabajar, muchos de los cuales no trabajan por la elevada tasa de paro, es mucho más numerosa como consecuencia del baby boom de los 60. La estructura demográfica, con su habitual forma piramidal, era muy distinta en 1970. Entonces el grupo más numeroso era el comprendido entre los 0 y 5 años de edad. Ahora es el que comprende entre 15 y 19, y los más pequeños ocupan el séptimo puesto en un ranking de veinte grupos de edad.
 
Y la pirámide más preocupante es lo que se proyecta para el 2050. El grupo más numeroso ha dejado de ser el de menor edad. La población mayoritaria se concentra entre los 50 y 65 años, a la vez que el número de ancianos con derecho teórico a percibir una pensión se dispara y supone más del 31% de la población total.
 
Sin la centralización de los cobros que conlleva la caja única, el sistema por ejemplo sería insostenible en Galicia o Asturias, donde el número de pensionistas supera el de cotizantes. El último decreto ley del Gobierno endurece los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, exigiendo un mínimo de 35 años cotizados, y rebaja también la pensión mensual a percibir.