Los
municipios de la provincia afectados son Alcolea del Pinar, Anguita, Luzaga,
Iniéstola, Maranchón, Saúca y Luzón. Se trata de una zona protegida dentro de
la Red Natura 2000 y en el entorno del Parque Natural del Alto Tajo, en la que
tiene su nacimiento el río Tajuña.
El
PSOE de Guadalajara ha pedido la "paralización inmediata" de este proyecto a
través del senador Jesús Alique, la parlamentaria regional Yolanda Lozano y el
teniente de alcalde de Luzón, Javier López, y ha anunciado que adoptará todas
las medidas y estrategias a su alcance para exigir que no se siga adelante con
"esta actividad que supone un atentado medioambiental y un grave riesgo para la
salud de las personas".
Jesús
Alique ha explicado que el 'fracking' o fractura hidráulica es una técnica muy
agresiva consistente en inyectar en el subsuelo enormes cantidades de agua,
arena y productos químicos, a gran presión, para fracturar la roca y extraer gas.
Un dato revelador del peligro que supone para la salud humana, asegura, es que por cada
kilómetro cuadrado de explotación se instalan entre 2 y 4 plataformas y en cada
una de ellas se inyectan 4.300 toneladas de productos químicos, altamente
tóxicos, cancerígenos y mutagénicos.
Alique
ha tomado como referencia tres informes (de las universidades de Manchester y
California y del Parlamento Europeo) que alertan de tres riesgos fundamentales
en el 'fracking': contaminación radiactiva y cancerígena de los acuíferos y
ríos cercanos a estas explotaciones, como ya se ha demostrado en Estados
Unidos, por lo que ha destacado que en la zona afectada de Guadalajara está el
nacimiento del río Tajuña, del que beben muchos municipios de la provincia;
efectos sísmicos, también demostrados ya en Estados Unidos, con informes
oficiales que indican que las sacudidas
pueden llegar a los 5 grados en la escala Richter; y aumento del calentamiento
global, porque el 'fracking' produce entre un 40 y un 60% más que una
explotación de gas convencional de metano, un gas mucho más pernicioso para el
efecto invernadero que el CO2.
Gran alarma social y prohibición del 'fracking'
El
senador socialista ha recalcado la "gran alarma social" que provocan este tipo de
proyectos, que están siendo prohibidos por distintas comunidades españolas y
estados europeos. Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha declarado a esa
comunidad "territorio libre de 'fracking'" y en Cantabria se ha aprobado una
ley con el apoyo de todos los grupos políticos que prohíbe esta práctica en esa
comunidad autónoma.
También
han prohibido el 'fracking' países como Francia, el estado de Renania Westfalia
del Norte en Alemania y muchos estados de Estados Unidos, único país del mundo que
cuenta con experiencia en esta técnica y en el que ya se han probado sus graves
efectos sobre el medio ambiente y los riesgos para la salud de las personas.
Frente común con los pueblos afectados en Soria
Javier
López, teniente de alcalde en Luzón, ha expresado su indignación por la
autorización del proyecto, porque "es peligroso para los habitantes, para toda
la zona, para el medio ambiente, para el aire, para el agua y para todo y no
produce ningún beneficio para nuestros pueblos, que llevamos años demandando
apoyo porque nuestros municipios se están muriendo, y esto es la inyección
letal que va a acabar con todos".
López ha
informado de los contactos que su ayuntamiento está manteniendo desde el pasado
viernes con las plataformas ya creadas y los ayuntamientos afectados en la
provincia de Soria, con los que "vamos a ofrecer un frente común para que esto
no se haga". El teniente de alcalde de Luzón ha resaltado también que se va a
invitar a organizaciones de fuera de la zona a sumarse a la lucha contra el
'fracking', porque "esto nos afecta a todos, la contaminación no se va a quedar
delimitada en nuestros términos municipales".
Petición de posicionamiento al Gobierno de Cospedal
La
diputada regional Yolanda Lozano, que también es concejala de Anguita, uno de
los pueblos afectados por este proyecto, ha criticado el "oscurantismo total"
con el que el Gobierno de Rajoy ha aprobado y publicado el real decreto y ha
instado al Gobierno regional a explicar cuál es su postura: "si desde el
Gobierno deciden, sin contar con nadie, dar un permiso que afecta al medio
ambiente y a nuestro modo de vida, que envenena las aguas que nutren nuestro
medio natural, me gustaría saber qué va a hacer Cospedal por nosotros", ha
reclamado.
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