Bankia, juez y parte

Según Bankia, 29.000 estafados por sus Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas han solicitado el "arbitraje" para la recuperación de una parte de su dinero, incautado por el Gobierno desde que hace un año "nacionalizó" en engendro bancario resultante de la fusión de siete Cajas de Ahorros controladas (descontroladas) mayoritariamente por el Partido Popular. Muchos parecen 29.000, aunque si la noticia se ofreciera diciendo que 61.000 no lo han solicitado, ni tienen la menor intención de hacerlo, parecerían, ciertamente, muchos menos, apenas un 30% de los afectados. También podría decirse que si el "árbitro" lo pusieran ellos, en vez de Bankia a través de KPMG, la "consultora" afín que ha venido defendiéndola en los Tribunales, es muy probable que ese porcentaje alcanzara el 100%.

La operación cosmética que representa lo que con evidente fantasía y exageración se ha dado en llamar "arbitraje" no es, según la mayoría de los españoles despojados de sus ahorros y de sus patrimonios por sus Cajas de toda la vida mediante engaños, sino otro eslabón de la monumental estafa que habrá de resolverse algún día con sus responsables en la cárcel: es la entidad la que decide quién puede acogerse al arbitraje, la que establece como "prioritarios" los casos de menos de 10.000 euros, la que dicta antes del laudo cuánto, qué parte, estaría dispuesta a devolver, y la que establece si esa devolución se haría en acciones o en cromos de Fray Escoba. Por lo demás, el que se preste a esa grosera celada debe renunciar a la tutela real y efectiva de la Justicia si el laudo arbitral no le es favorable, debe someterse al perverso mecanismo de la inversión de la prueba, pues se exonera a Bankia de la obligación legal de demostrar que no engañó, y, por si fuera poco, no puede aportar el relato, las pruebas, los testimonios y las pericias que determinarían ante un Juez que sí, que le engañó absolutamente.

Bankia, las otras nacionalizadas y otros bancos están perdiendo en los Tribunales el 80% de las demandas que hasta el momento, con las preceptivas garantías jurídicas y procesales, han interpuesto sus maltratados clientes, obteniendo con ello la anulación de los contratos por vicio de consentimiento y la recuperación real e íntegra de lo que un día se les despojó, el fruto de su trabajo y de sus privaciones. La Justicia, pues, se busca y hasta se encuentra en su sede natural, y no en los territorios y según las condiciones de la contraparte.