Agentes de la Policía Nacional han detenido a 197 personas
por presuntamente defraudar casi dos millones de euros a la Seguridad
Social en la Comunidad Valenciana, en dos operaciones realizadas en los
últimos días en Orihuela (Alicante) y Castellón, según ha informado
Jefatura en un comunicado.
Los detenidos están acusados de crear empresas ficticias con la única
finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para obtener subsidios
por desempleo y permisos de residencia. Se han desmantelado dos
organizaciones distintas, en el norte y sur de la Comunidad Valenciana,
mediante las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000
euros en prestaciones de la Seguridad Social.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes se percataron
de la presencia de dos organizaciones criminales: por un lado, la
compuesta por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de
Orihuela (Alicante); y, por otro, un entramado de seis mercantiles que
suponían "un auténtico modus vivendi" para cinco de los detenidos.
Ambos entramados empresariales se habían constituido de forma
ficticia con el objetivo de cobrar a los falsos trabajadores por la
obtención de un inexistente contrato de trabajo que les permitiese el
cobro de prestaciones o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE), así como la regularización de su situación en el caso los
ciudadanos extranjeros.
Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, gran
parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de
seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, superando en
algún caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal y
reportando grandes beneficios a los responsables.
Esta operaciones han culminado esta semana en la que, además, los
ministerios del Interior y de Empleo firmaron un convenio de
colaboración para luchar de forma conjunta contra el fraude en el empleo
y la Seguridad Social.
Cobro por contratosLos ahora arrestados cobraban cantidades que oscilan entre 200 y
3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su duración. Los
falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por
desempleo, llegando a cobrar en algunos casos hasta 12.000 euros.
En el caso de los ciudadanos extranjeros, los responsables de la
organización seleccionaban a otras personas que actuaban como
intermediarios para su captación. La Policía se estima que más de 200
personas podrían haber obtenido ilícitamente la residencia en España de
esta forma, así como haber defraudado más de un millón de euros a la
Seguridad Social.
En el caso de Castellón, las investigaciones comenzaron tras
detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de
las mercantiles investigadas, por lo que los investigadores solicitaron
al SPEE los expedientes por desempleo de los supuestos empleados. Fruto
de las gestiones policiales, de la obtención de declaraciones de
trabajadores y del análisis de la documentación obtenida en diferentes
registros públicos, los agentes pudieron determinar que la práctica
totalidad de estas empresas se había creado exclusivamente para
defraudar a la Seguridad Social.
Entre los detenidos, que ya contaban con antecedentes por este
delito, figuran los administradores de las mercantiles ficticias, un
gestor autorizado del denominado Sistema Red -sistema por el que se
agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia
Seguridad Social- y falsos empleados que habían llegado a cobrar más de
15.000 euros en prestaciones.
Informe de la SPEE La cantidad defraudada por la trama asciende a 814.884,68 de
euros, de los que 665.151 de ellos por impagos a la Tesorería General de
la Seguridad Social, y 149.733 euros mediante subsidios percibidos
ilícitamente del SPEE. Por el momento no se ha podido cuantificar el
montante total del fraude al SPEE, al estar pendiente de recibir un
informe del SPEE de una de las empresas investigadas, por lo que la
investigación queda abierta.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría
Local de Castellón, de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y
Falsedades Documentales (Ucrif) y de la Brigada Provincial de
Extranjería y Fronteras de Alicante.
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