El paro en España ya ha superado los 6.200.000
trabajadores. Esta es la consecuencia de la brutalidad inherente a las
políticas aplicadas por el Gobierno de España, que entusiastamente comparte los
dictados de la Comisión Europea, el BCE
y el FMI. Esa cifra es un drama en sí misma, pero tiene otras muchas
consecuencias. Una de las más importantes es que degrada la salud de los
trabajadores.
El año pasado hubo en España 555 accidentes mortales. En su
cómputo total es inferior a la cifra de años anteriores, pero si la cruzamos
con el descenso de los trabajadores ocupados resulta que el porcentaje de
disminución de los accidentes mortales es menor al de trabajadores que
perdieron el empleo. Es decir, ha habido una degradación de las medidas de
protección de la salud en el trabajo. Eso es lógico porque el "ejército de
reserva" que son los parados, presiona para que ante el miedo de engrosar sus
filas, los trabajadores acepten condiciones de trabajo más inseguras e insalubres.
Es una de las más graves muestras de minusvaloración del valor del trabajo y,
con ella, de la persona que trabaja.
La deslocalización de empresas es otro
instrumento de chantaje. Desplazar la producción a países en los que se ignoran
los derechos de los trabajadores y, en especial, los relativos a la protección
de la salud, presiona a la baja para reducir los estándares de garantía de la
salud en el medio de trabajo, aquí y en otros lugares del planeta. Recientemente
más de 200 trabajadores han muerto y más de 1.000 han sido heridos, la mayoría
mujeres, en una fábrica de Bangladesh dedicada a la producción de prendas
textiles para conocidas marcas europeas, algunas de ellas españolas que
imponían a sus contratistas asiáticos precios cada vez más bajos.
La reforma laboral española del PP desprecia la
protección de la salud de los trabajadores al permitir, en contra del Convenio
158 de la OIT, ratificado por España, que se pueda despedir a los trabajadores
por ausencias al trabajo justificadas en razón de enfermedad. Además, el
control de la incapacidad temporal que se ha dejado a las mutuas hace que
muchas enfermedades profesionales o enfermedades del trabajo sean camufladas
como enfermedades comunes, con lo cual no se contribuye a erradicar prácticas y
medios de producción generadores de daños a la salud de los trabajadores.
La falta de sensibilidad ante este problema es evidente
en Castilla-La Mancha en donde, tras haber caducado en diciembre de 2012, no se
ha renovado el acuerdo entre sindicatos, empresarios y Junta de Comunidades
para incentivar la mejora de la salud en el trabajo. No es extraño que sea la
tercera Comunidad con más accidentes mortales, aunque sea en la que más ha
caído la actividad económica.
Joaquín Aparicio Tovar
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Decano Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Universidad de Castilla-La Mancha
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