Privilegios injustificados

Cada día que pasa aumentan los ejemplos que evidencian el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía que les vota y les percibe como seres privilegiados a los que oímos hablar de austeridad, de recortes salariales, de que hay que apretarse el cinturón, pero resulta que ellos no se aplican la medicina que recetan.   

El último caso de esa doble vara de medir lo hemos conocido por  una decisión del Tribunal Supremo que ha inadmitido una querella presentada por DRY -una asociación nacida al calor del 15 M-, que llevó a los tribunales a medio centenar de diputados -entre otros, el presidente del Gobierno, el de las Cortes, varios ministros y diputados de diferentes partidos- por percibir, con cargo al presupuesto del Congreso y amén de su sueldo como diputados, una dieta de 1.823 euros los elegidos en circunscripciones distintas a Madrid y 870 euros los que lo fueron por Madrid. Complemento en concepto de "gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función".  
  
Este complemento siempre tuvo la consideración de ser una ayuda para pagar vivienda en el caso de quienes no residían en Madrid y en esa creencia -ahora desmontada por el Supremo- parece que estaba fundada la denuncia por ser, desde luego, muy llamativo que exista una partida adicional de gastos a favor de quienes ya disponen de residencia propia en la capital como es público y notorio en el caso del señor Mariano Rajoy, ilustre inquilino del Palacio de La Moncloa.
  
Conocido el auto del Supremo, el asunto queda zanjado en clave judicial, pero no así en un registro que podríamos llamar sociológico. Vivimos un tiempo en el que las estadísticas del paro (seis millones doscientos mil desempleados) viene acompañados de datos que describen el rostro lacerante de la pobreza que se ha instalado en el hogar de un millón setecientas mil familias en las que no entra ya ninguna ayuda pública y viven gracias a la mano que les tienden Caritas. No es demagogia denunciar lo que resulta lacerante. El mencionado complemento será todo lo legal que haya establecido el Tribunal Supremo pero se torna agravio cuando se ve que hay ciudadanos que consideran normal blindar sus privilegios al tiempo que a otros se les condena a la intemperie. Y luego se quejan de lo que opinan de ellos en las encuestas.