lunes 22 de abril de 2013, 09:39h
Algunos medios acostumbran llamar "embajadas"
a las oficinitas que varias Comunidades Autónomas mantienen en el extranjero
para apoyar a su turismo o a sus intercambios comerciales. En ocasiones se
habla de "paradiplomacia". El equívoco parte de no saber lo que es una
embajada, ni tan siquiera un consulado. Las embajadas son órganos de
representación estatal cuyo titular, acreditado mediante cartas ante el Jefe
del Estado del país de acogida, goza de consideración oficial al máximo nivel
como representante único y, tanto él como los colaboradores de su misión, están
acreditados como personal diplomático y disfrutan de las facultades y
privilegios para cumplir su cometido en reciprocidad a las que se conceden, en nuestro país, a los representantes del
suyo. La sede de la embajada goza de extraterritorialidad, es decir, es
inviolable y es, simbólicamente, un trozo de España en el exterior. Los
documentos y materiales diplomáticos viajan sin control, por valija, y los
diplomáticos plenipotenciarios están facultados para firmar tratados y
convenios internacionales. Los consulados facilitan documentos legales y
pasaportes y actúan como notarios para dar fe de la situación jurídica de los
ciudadanos residentes en el exterior. Además de todo ello, las embajadas
cuentan con funcionarios especializados en diversas materias, economía,
defensa, trabajo, información o cultura, procedentes de la cantera profesional
del Estado. Los edificios diplomáticos poseen la dignidad y seguridad propia de
su representación y, en muchas ocasiones, ostentan en depósito piezas valiosas
del patrimonio nacional.
Que haya regiones que quieran
complementar la labor diplomática con sus oficinas de apoyo a aspectos
parciales de su peculiaridad está en su derecho pero llamarlas "embajadas",
aunque sea entre comillas, bordea lo ridículo. Ni poseen acreditación
diplomática, ni se conoce el nivel de su personal, en ocasiones puros
"enchufes" de familiares o amiguetes, ni poseen extraterritorialidad ni capacidad
jurídica alguna. En estos tiempos de crisis, las Comunidades Autónomas poseen
alrededor de 250 de estas oficinas en el exterior. Cataluña 63 y Madrid una,
por ejemplo. Asturias 28 y el País Vasco 23. Navarra y Baleares se conforman
con una y Aragón tiene 41. La disparidad de las cifras obedece a criterios
singulares que los promotores sabrán en que se basan. El Tribunal
Constitucional sentenció, en 1.994, que eran "necesarias o, al menos,
convenientes" siempre y cuando "no impliquen el ejercicio de un "ius
contrahendi", no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes
públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no
generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones
inter o supranacionales". Es decir, que no sirven para nada importante.
Las críticas a
esta proliferación de oficinitas, generalmente escasas de personal y espacio,
no provienen tanto del reconocido derecho a promocionar atractivos locales en
el exterior sino de su coste desmesurado en una época que hace difícil
justificar la inversión en órganos superfluos y de dudosa utilidad. Son los
electores de cada Comunidad los que tienen que juzgar si deben confiar su voto
a políticos que prefieren gastar los fondos públicos en estas oficinitas en vez
de en asuntos sociales más acuciantes. No parece que la llamada,
hiperbólicamente, "acción exterior" de las Comunidades sea un objetivo
prioritario y quizás sería más eficaz agrupada y coordinada por las verdaderas
embajadas oficialmente acreditadas.
El tema, pese
a su aparente inocuidad, crea alguna dificultad o disfunción en la unidad de
acción de las misiones exteriores conjuntas de un Estado que dispone de una
diplomacia secular y prestigiosa, pero no pasa de ser un asunto discutible y matizable.
Pero alcanza niveles de ridiculez cuando en Cataluña hay quienes pretenden
calificar a estas oficinitas como "estructuras de Estado". Pensar que en unos
apartamentos alquilados en Nueva York, en Hong Kong, Sao Paulo o Miami, sin
olvidar Londres, Paris y Berlín, se desarrollan "estructuras de Estado, según
el saber y entender de un personal improvisado, sin cobertura diplomática, ni
relaciones oficialmente establecidas, mientras la Generalitat se ve en
dificultades para pagar los servicios esenciales de su competencia, no es solo
un dispendio económico sino una tomadura de pelo, en este caso, a los electores
catalanes.
Ex diputado y ex senador
Gabriel Elorriaga F. fue diputado y senador español por el Partido Popular. Fue director del gabinete de Manuel Fraga cuando éste era ministro de Información y Turismo. También participó en la fundación del partido Reforma Democrática. También ha escrito varios libros, tales como 'Así habló Don Quijote', 'Sed de Dios', 'Diktapenuria', 'La vocación política', 'Fraga y el eje de la transición' o 'Canalejas o el liberalismo social'.
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elorriagafernandezhotmailcom/18/18/26
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