Invisibles e ilegales

Se llamaba Samba Martine, congoleña, 34 años. Pasó cuarenta días en un Centro de Internamiento para Extranjeros reclamando ayuda y atención sanitaria para su grave padecimiento -era portadora del virus del sida, presentaba una anemia importante y un número de leucocitos muy bajo- pero falleció seis horas después de que finalmente fuera llevada al hospital. Su estado de salud era conocido por el CIE de Melilla, pero no fue comunicado al de Madrid cuando fue trasladada y esa falta de información, esa descoordinación entre ambos centros, sin duda, tuvo como consecuencia una atención insuficiente y su muerte. El asunto está en la Audiencia Provincial de Madrid, después de que el Juzgado de Instrucción descartara una negligencia médica. El defensor del Pueblo mantiene abierta una investigación.

Samba Martine protagoniza uno de los cinco monólogos  de la obra de Juan Diego Botto "Un trozo invisible de este mundo" que, si no me equivoco está de gira por España. No se lo pierdan si llega a su ciudad y cuando cuente la historia de Samba Martine, una manera hacer imposible el olvido de la invisibilidad, acuérdense de ella y de que esa tragedia se podía haber evitado fácilmente si, simplemente, los dos centros de internamiento de extranjeros se hubieran comunicado los datos de esta inmigrante.

Pero Samba es solo un caso. Hay muchos más, seguramente miles más. Hace un año, este Gobierno decretó la exclusión de la sanidad pública de los sin papeles, de los inmigrantes irregulares, salvo en Urgencias o salvo que pagaran un  seguro especial que, dada la situación de desempleo, es prácticamente imposible. La consecuencia: se han agravado algunas enfermedades, se ha denegado la asistencia, incluso en Urgencias, a quienes ya no tienen tarjeta, hay personas que no van al médico por miedo a que les cobren y se han interrumpido tratamientos imprescindibles. Incluso, según denuncia Médicos del Mundo, a algunos inmigrantes les han cobrado de forma irregular en Urgencias. Además, se ha roto el principio de equidad porque hay comunidades autónomas que sí atienden a estos inmigrantes, otras que lo hacen sólo en algunos casos y algunas que no lo hacen en ningún caso.

Hay recursos de varias comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. La defensora del Pueblo ha dicho que la asistencia sanitaria debe ofrecerse con independencia de su situación administrativa. Nueve de cada diez médicos consideran que esta medida atenta contra su deontología y muchos se han negado a dejar de atender a estas "personas" en su consulta. Pero cuando llegue la solución, puede ser demasiado tarde, como pasó con Samba Martine. Y lo que es peor, de los 3.063 millones que la ministra de Sanidad dijo que nos íbamos a ahorrar -el dinero frente a los derechos fundamentales- parece que no hay nada de nada. Tampoco dan datos. Muchos ciudadanos que viven en España siguen siendo ilegales e invisibles. Hasta para recibir atención sanitaria. Una vergüenza.     

francisco.muro@planalfa.es