La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha acaba de publicar la adjudicación de servicios públicos a
sendas empresas privadas. Esta adjudicación afecta a los servicios de
teleasistencia domiciliaria, que atiende a unas 50.000 personas mayores y
dependientes, y al servicio de emergencias del 112, según ha denunciado CC.OO.
de la región. Pero esta privatización lleva aparejado, según el sindicato, el
copago.
La teleasistencia
domiciliaria, que durante más de dos décadas había venido gestionándose por
Cruz Roja Española, ahora se hará desde una empresa privada, Televida. Según
CC.OO. de Castilla-La Mancha, esta empresa, en manos de un fondo de
capital-riesgo con domicilio en el extranjero, se encargará de atender a las
más de 50.000 personas usuarias de este servicio, que venían prestando más de
200 profesionales de Cruz Roja repartidos por toda la región.
Sobre estas personas
"pende ahora la espada de Damocles del desempleo" denuncia Brigi Soánez, secretaria
general de Comfia-CCOO CLM: "Su futuro depende de que Televida subrogue a la
totalidad de la plantilla y asuma con los trabajadores compromisos de
permanencia y estabilidad".
Aunque a juicio de CCOO
esta subrogación es obligatoria, desde que gobierna Cospedal en CLM el Gobierno
regional no está haciendo nada por exigir su cumplimiento a las empresas a las
que beneficia con sus adjudicaciones. "COMFIA-CCOO exige garantías de empleo,
continuidad y concreción de condiciones laborales para la plantilla de más de 200 trabajadores
y trabajadoras que hasta la fecha vienen
desempeñando esta labor y que no saben qué va a ser de ellos a partir del 1 de
junio, fecha en la que debe estar realizado el traspaso de entidad gestora".
La sustitución de Cruz
Roja por Televida no es la única novedad en la prestación del servicio de
Teleasistencia. "Se introduce la fórmula del copago en la financiación del servicio
que hasta este momento venía siendo totalmente gratuito y universal, haciendo
recaer parte del coste en el usuario final, la persona mayor dependiente"
denuncia Soánez.
"Al privatizar también la
financiación de la Teleasistencia -la gestión ya estaba externalizada-, se
condiciona el acceso al servicio, en función de las rentas de cada usuario. Y
hay que recordar que la mayoría de los usuarios son personas mayores, con
distintos grados de dependencia y rentas bastante limitadas".
Emergencia 112
El otro servicio público
que también cambia de manos es la gestión del servicio de emergencias 112, que
da empleo a casi 90 profesionales altamente cualificados y cuyo servicio dejará
de prestar MK Plan 21 (empresa del Grupo Fundosa) para asumirlo TISSAT, una empresa
que la primera medida que ha adoptado antes de hacerse cargo de la gestión es
realizar una serie de entrevistas a trabajadores y trabajadoras del centro
preguntando hasta dónde estarían dispuestos a rebajar sus salarios.
Para CCOO el preservar el
empleo y las mejores condiciones laborales posibles de la plantilla es
condición indispensable y como tal así debe garantizarse a partir del próximo 1
de mayo, fecha en la cual quedarán subrogados a los nuevos gestores.
En definitiva, según CC.OO. son dos nuevas
actuaciones de la Junta en las que se ponen en serio riesgo el futuro laboral de
más de 300 trabajadores y trabajadoras de la región al tiempo que se privatiza
la financiación de servicios sociales esenciales trasladando a las rentas de
los usuarios la mayor parte del coste del mismo.
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