El PSOE estudia la obligación de convocar primarias y suprimir la financiación privada a los partidos

De cara a la Conferencia Política que el PSOE celebrará el próximo mes de octubre, el próximo 18 de mayo se celebrará en Gijón una importante conferencia sectorial sobre 'más democracia', en la que se debatirán y aprobarán una serie de propuestas de gran alcance político. Habrá muchas medidas concretas para la reforma de la propia Constitución y de Leyes Orgánicas como la de Partidos Políticos y de Financiación de Partidos Políticos. También se aprobarán reformas del Reglamento del Congreso de los Diputados para agilizar los debates parlamentarios y facilitar el control al Gobierno.

Según ha sabido Diariocrítico de fuentes socialistas, el 18 de mayo se aprobarán en Gijón algunas propuestas de gran calado para democratizar los partidos políticos y que recuperen la credibilidad perdida. En concreto, el PSOE propondrá incluir en la correspondiente ley orgánica la incorporación de las elecciones primarias como obligación para todas las fuerzas políticas.

Otra de las medidas, pero esta vez en la ley de Financiación de Partidos Políticos, es la petición de supresión de todas las financiaciones privadas a los partidos, de manera que se aumente la transparencia de las cuentas internas y se dificulten así procesos de corrupción como los que estamos viendo en la actualidad -caso como el del Gürtel o el de las ITV catalanas, etc.-.

Dentro de la reforma federal en la que trabaja el partido socialista y que debatirá en la Conferencia Política de octubre, se plantea también sustituir el Senado por una cámara de representantes de comunidades autónomas conformada por entre 80 y 90 miembros. La tesis que baraja el grupo de trabajo que coordina el ex ministro Ramón Jáuregui se plantea como reto el atajar la crisis social, económica, política y la territorial, iniciada a partir de las aspiraciones soberanistas de Cataluña.

En ese sentido se plantea la propuesta para transformar el Senado en una cámara de representantes de las autonomías, similar a la alemana, cuya función será la de coordinar la política autonómica y participar también en el proceso legislativo en las cuestiones que tengan especial repercusión en las regiones.

Esa transformación requiere, claro está, una modificación constitucional, entre otras cosas para que la nueva cámara este compuesta de entre 80 y 90 miembros, a razón de tres por cada comunidad autónoma, más uno más por cada millón de habitantes.

Pero habrá otras reformas constitucionales, según han explicado a Diariocrítico fuentes conocedoras del proceso. Esas reformas se refieren muy especialmente, entre otros, a los artículos 7, 30 y 57 de la Constitución, además del Título VII (el de las autonomías).

Sindicatos, servicio militar, sucesión en la Corona

El artículo 7 dice que "los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

El establecimiento constitucional de que el ejercicio de su actividad es libre plantea problemas para incluir a partidos, sindicatos y fuerzas empresariales en la futura ley de transparencia, según ha reconocido, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Un cambio en este artículo facilitaría mucho las cosas de cara a la exigencia por ley de una mayor transparencia pública.

El artículo 30 es anacrónico: establece que "la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria". La mili dejó de ser obligatoria por ley en tiempos de Aznar, lo que quiere decir que la ley va mucho más atrasada que la realidad social.

Y en cuanto a la Corona, el artículo 57 de la Constitución requiere de una precisión más adecuada de determinadas figuras de la monarquía, según fuentes socialistas, para incorporarla a la transparencia y a la equiparación de sexos en el proceso sucesorio.

El artículo 57, en concreto, dice: "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".