Empleo, desahucios y poco más

Nos estamos, nos están, enredando en asuntos ficticios o de segundo orden con un coste social muy alto y seguimos sin abordar con rigor los problemas reales, los que afectan a la gente de la calle, o se hace, y eso es más grave, con intereses espurios, partidistas, con motivaciones demagógicas, tratando de ganar titulares, de buscar adhesiones fáciles, a corto plazo, con políticas de 140 caracteres... Algunos están poniendo en juego la estabilidad del sistema sin ningún recambio.


Kike Sarasola, un emprendedor que ha creado 500 empleos abriendo hoteles en España y fuera de España, pone el dedo en la llaga: si el Gobierno central y los autonómicos aprobaran medidas para apoyar a los emprendedores, para incentivar la creación de empleo -con menos dificultades para crear empresas, con la reducción o la bonificación de las cotizaciones sociales, con incentivos a la contratación de nuevos empleados- esto podría arreglarse-. Si se marcara el objetivo de que cada empresario contratara a un solo trabajador, si fuera "rentable" hacerlo y no una carga inabordable, pasado mañana podríamos tener uno, dos o tres millones más de trabajadores y esa misma cantidad menos de parados. Más cotizantes y menos perceptores de subsidios. Ya sé que no es fácil, pero se puede alcanzar si, con voluntad de acuerdo, se sientan en una mesa, Gobierno, autonomías, sindicatos, empresarios y partidos y firman un nuevo Pacto de La Moncloa. Claro que se puede, pero casi nadie quiere y deberían explicárselo a los ciudadanos.


Lo mismo sucede con los desahucios. Hace mucho tiempo ya, Felipe González proponía una solución: que los que no pudieran hacer frente a las hipotecas, recibieran una moratoria por parte de los bancos, comprometiéndose a pagar sólo los intereses y no el principal del préstamo, por ejemplo durante dos años. De esa forma, el Banco no perdería dinero y las familias podrían sobrevivir. Nadie le hizo caso. También se pueden crear más Oficinas de Intermediación Hipotecaria, como las que han puesto en marcha Diputaciones y Ayuntamientos con muchos Colegios de Abogados, en muchos casos con acuerdos en un 60 por ciento de los conflictos. Con diálogo y sin escraches. Y se pueden utilizar los cientos, miles de viviendas de protección oficial que permanecen deshabitadas, o habilitar edificios públicos desocupados, sin necesidad de medidas como las tomadas por la Junta de Andalucía que, cuando menos, son de muy dudosa constitucionalidad y que nos acercan mucho a regímenes populistas.


En todo caso, es imprescindible aparcar debates inútiles y nada urgentes y abrir uno, serio, profundo, riguroso entre todos los interlocutores sociales para buscar soluciones de consenso, legales, a dos problemas que sí  afectan a la esencia de la dignidad de las personas. Sin empleo y sin vivienda los ciudadanos pasan a ser personas de tercera, excluidos sociales, personas sin esperanza. Hay que pedir a los políticos que abandonen tanto la soberbia como la demagogia y que actúen con responsabilidad. Es lo mínimo.