El Gobierno 'mete en cintura' a Método3: obliga a los espías a destruir sus grabaciones tras un año

Esas son algunas de las novedades para ahondar en un "mayor control" de la Administración a las empresas de detectives privados a las que además se les obligará a documentar por escrito los encargos que realicen en sus investigaciones detallando la identidad, los medios utilizados. El ministro ha dicho que esos datos serán de carácter reservado, pero que se podrán poner a disposición de los órganos judiciales y policiales "cuando haya razón para ello".

Asimismo, estas empresas tendrán que presentar una memoria ante el Ministerio del Interior una vez al año y se incluye la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones. "Los informes deberán conservase archivados cinco años y las imágenes se destruirán un años después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", ha explicado el ministro del Interior.

Mayor control de los detectives

Con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada el Gobierno dice que se supera la concepción consagrada en la Ley de 1992 centrada en el control y la potestad sancionadora en este sector para acoger un planteamiento más ambicioso de seguridad integral en el que la seguridad privada pasa a ser complemento de la pública, siempre bajo la preeminencia de esta última.

El título segundo del texto regula las empresas de seguridad y despachos de detectives, que deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada.

La nueva ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, con nuevas obligaciones:

- Deberán documentar los encargos en un contrato escrito.
- Además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
- El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial.
- Presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.

Además, se regula más estrictamente el acceso a la investigación privada y su ejercicio, que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas. Por esta razón es preciso un exhaustivo régimen legal que garantice el respeto a tales derechos e imponga límites frente a un ejercicio inadecuado de esta actividad.

Un 'ejército' de 90.000 hombres armados

Según Jorge Fernández Díaz, se trata, entre otros objetivos, de impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. El sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.

España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.


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