La
Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo deliberará
esta semana sobre la doctrina Parot establecida por sentencia del
Tribunal Supremo español en febrero de 2006 que consideró que la
reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplicara al total de
la condena y no al máximo legal permitido de permanencia en prisión, lo
que provocaba que delincuentes -no sólo terroristas- condenados a
cientos o miles de años de cárcel, estuvieran en la calle cuando apenas
habían cumplido dos tercios de la pena máxima de treinta años. La Gran
Sala estudiará el recurso del Gobierno español contra la decisión del
Tribunal, que aceptó la demanda de una etarra sanguinaria como es Inés
del Río, condenada a más de 3.000 años.
La
decisión del Supremo español, controvertida en su tiempo aunque
socialmente bien recibida, salvo como es natural en el entorno de ETA,
afecta a los terroristas y también a otros asesinos múltiples,
violadores, homicidas, etc. Si fuera definitivamente reprobada por el
Tribunal Europeo, aunque legalmente sólo afectaría al caso de Inés del
Río, moralmente obligaría al Gobierno y a la Justicia española a
aplicarla en todos los casos similares, lo que, sin duda, sería un
fracaso social, una afrenta a las víctimas y una victoria de los que
después de infringir la ley, se aprovechan de ella. Pero eso es la
democracia.
Este
asunto debería hacer reflexionar a los políticos sobre la calidad de
nuestras leyes, cuyos defectos, imprevisiones e improvisaciones son una
de las principales causas de inseguridad jurídica y de litigiosidad,
sobre la tendencia a legislar a golpe de telediario, sobre la carencia
de atención al principio de reparación y restauración por los
delincuentes y sobre la falta de atención de los jueces hacia las
víctimas.
Decía el siempre añorado profesor
Antonio Beristain,
fundador del Instituto Vasco de Criminología -otro jesuita sabio,
comprometido, reivindicativo, humilde- que frente al todavía dominante
"el que la hace, la paga" o la compensación del daño causado por la
sanción que se impone al que lo causó, deberíamos caminar hacia una
justicia restaurativa y de dignificación de la víctima. ¿Y qué supone
esto? Que para que haya justicia real y dignificaci´no de las víctimas,
los delincuentes deben pedirles perdón y reparar el daño causado. Nada
de esto se produce en estos casos y no sólo no son oídas las víctimas
por los jueces -ni nacionales ni europeos- sino que se contradice el
espíritu que también defendía ardientemente Beristáin: "in dubio, pro
víctimas", Como señalaba
Eli Weisel,
"el silencio estimula al verdugo, nuca al que sufre". Las víctimas de
ETA sienten que el Gobierno no sólo no actúa contra quienes califican
los asesinatos terroristas de "decisiones políticas" sino que es pasivo
en la política frente al entorno etarra. Si la doctrina Parot es
desautorizada, Gobierno y Justicia quedarán en evidencia. Pero los que
pagarán las consecuencias de sus errores serán las víctimas y el
conjunto de la ciudadanía. Esperemos que Estrasbugo piense en los
derechos de las víctimas antes que en los de los victimarios.
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