Mala
cosa cuando los del Partido Popular dicen, procurando que el susurro quede en
privado, pero no tanto como para que no se sepa, que es lesivo que el juez
Gómez Bermúdez irrumpa en el 'caso
Bárcenas'. Porque, aseguran, conocidas son
las escasas simpatías hacia el PP del polémico magistrado que presidió la a mi
entender no del todo aclarada aún causa del 11-m. También dicen los cercanos al
Gobierno -y no solamente ellos, es la verdad-que el juez que instruye el 'caso
Noos',
José Castro, no es precisamente el más idóneo: y lo dicen cuando piensan
que tanto la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, como el ex presidente
valenciano,
Francisco Camps, pueden resultar imputados por los 'favores' que de
manera presuntamente irregular le hicieron al yerno del Rey,
Iñaki Urdangarín.
"Con otro juez, que no fuese de los del cuarto turno, mejor nos iría", escuché
decir a alguien con relevancia en el Ejecutivo de
Mariano Rajoy refiriéndose a
Castro.
Mala
cosa, ya digo. Sobre todo, porque lo mismo les escuché a los socialistas en
aquellos tiempos en los que Garzón entraba a saco en los casos 'notorios'
-bueno, algo parecido, en realidad, a lo que ha hecho Gómez Bermúdez con el
'affaire Bárcenas', basándose en una querella de Izquierda Unida-; los
tiempos cuando el juez
Marlaska se 'inmiscuía', sin duda usted, amable lector,
lo recuerda, en cuestiones relacionadas con el entonces proceso negociador del
Gobierno Zapatero con ETA.
"Este
juez no nos favorece", oí decir, con demasiada frecuencia, a los unos y a los
otros cuando consideraban que algún caso, en el que sus intereses partidarios
llegaban al banquillo, era asumido por uno de esos magistrados estelares de los
que tan pródiga es 'la carrera' concebida al hispánico modo. Y lo peor es que,
en algunas ocasiones contadas, la queja, aunque no siempre. está justificada,
tiene su fundamento.
Los jueces son, al fin y al cabo, incluso por
delante de los periodistas, el colectivo más desprestigiado a ojos de los
ciudadanos, aunque bien es cierto que no faltan gentes a quienes este
desprestigio les interesa y, por tanto, lo azuzan y fomentan. Puede que los
jueces hayan gozado de un poder excesivamente omnímodo y haya habido ocasiones
-no conviene generalizar, ni sería justo hacerlo-- en las que no han sabido,
podido o querido administrarlo con mesura. Por eso, y solamente por eso, tiendo
a apoyar tibiamente la reforma que pretende poner en marcha alguien en tantos
otros aspectos tan desacertado, según mi criterio, como el ministro de
Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón.
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