La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, enmudece cada vez que
oye hablar del 'caso Bárcenas' o sobre el 'caso Corinna': se limita a tirar
balones fuera en sus comparecencias tras el Consejo de Ministros. Pero este
viernes ha lanzado la pelota al tejado de la Casa Real, al decir que el chalé del
Patrimonio Nacional donde supuestamente vivió la princesa alemana es
responsabilidad directa de la Jefatura del Estado. Se deduce, por tanto, que
las explicaciones debe darlas Zarzuela.
El
espinoso caso de la alemana
Corinna zu Sayn-Wittgenstein está siempre revoloteando
sobre el Gobierno, que siempre lo esquiva de la mejor manera que puede. Sin
embargo, este viernes la vicepresidenta Sáenz de Santamaría venía preparada
para la pregunta sobre Corinna y el disfrute personal de un chalé del
Patrimonio Nacional próximo al Palacio de la Zarzuela, pero pasando la pelota a
la Jefatura del Estado.
Resulta
que la finca de La Angorilla,
donde supuestamente vivió Corinna con escolta,
pertenece a Patrimonio Nacional, sí, pero la ley de Patrimonio Nacional cita
muy claro qué pertenencias son gestionadas por el Gobierno o por la Jefatura
del Estado. Y esa finca en concreto está gestionada por la Casa Real, que es a
la que hay que pedir explicaciones sobre el uso que se le da a la misma.
Eso es
lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría,
tras la reunión del Consejo de Ministros, obviando así una serie de preguntas
muy molestas sobre un caso molesto: "La normativa de Patrimonio Nacional
es compleja; he tenido que estudiarla", dijo la vicepresidenta, para
reconocer más tarde que sobre el uso del chalé por Corinna zu Sayn-Wittgenstein
no podrá responder ni siquiera el director general del CNI,
Félix Sanz Roldán,
en su comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales a petición de
diversos grupos parlamentarios, la cual podría quedar fijada para el 19 de
marzo.
Comisión
ministerial anticorrupciónSobre
Luis Bárcenas, ni media palabra de Sáenz de Santamaría: ése es un nombre
'maldito' en el Gobierno y en el PP. La vicepresidenta fue preguntada en
diversas ocasiones sobre este caso que amenaza con hacer tambalear al Gobierno
de
Rajoy y a la actual cúpula popular, pero el hermetismo es total.
Lo que
sí dijo la vicepresidenta es que se ha creado una comisión interministerial integrada
por el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes,
José Luis
Ayllón, y los subsecretarios o secretarios de Estado de Justicia e Interior,
así como con representantes del Ministerio de Hacienda para elaborar un plan
anticorrupción. Hay contactos, incluso, con el Consejo de Estado para que
presente informes al respecto, y todo en el marco del mandato que las Cortes
dieron al Gobierno en las resoluciones tras el debate sobre el estado de la
Nación.
Básicamente,
la vicepresidenta Sáenz de Santamaría vino a decir que "la mejor forma de
reaccionar contra la corrupción es que los tribunales actúen", y ahí quedó
cualquier explicación sobre el escándalo Bárcenas. Lo demás, frases
esterotipadas: "Nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales",
"mi especialidad no es el Derecho Laboral" (por lo de las
indemnizaciones 'diferidas' y 'simuladas' dadas a Luis Bárcenas), y suma sigue.