Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa el director general de Mayores, Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer, quien ha señalado que estos 4 millones de euros se corresponden con 3.700 personas de la región que habían cobrado esta prestación indebidamente, ya que los destinatarios habían fallecido.
García ha señalado respecto al 20 por ciento que le queda la Junta por recuperar, que el Ejecutivo regional va a trabajar en aclarar el motivo por el que se han cobrado estas prestaciones, ya que, según ha afirmado, se puede dar el caso de que las hayan cobrado personas que luego se han encontrado en situaciones de insolvencia, y por tanto no es posible optar por la vía penal, o personas que las han cobrado y "no se han enterado".
En esta línea, ha indicado que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales trabajará con la Consejería de Hacienda para saber cuál es la situación de los herederos que han cobrado las prestaciones de familiares fallecidos, porque "sospechan" que en muchos casos estos cobros se deben a una política incorrecta del Gobierno anterior.
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