Cataluña y los militares

Para entender el desconocimiento palmario que algunos dirigentes de CIU y ERC tienen sobre la situación militar actual tenemos que remontarnos a 1977.

Por aquellas fechas, las gentes clamaban "libertad, amnistía y estatuto de autonomía". Finalmente se consiguieron todas sus pretensiones, pero la amnistía no fue para todos, pues los militares que permanecieron fieles al Gobierno de la República y los condenados por pertenecer a la UMD fueron excluidos de la amnistía. Incluso los legisladores se tomaron la molestia de añadir en la Ley de Amnistía una frase dedicada a perjudicar exclusivamente al Comandante de Ingenieros D. Antonio Herreros Robles y a mí.

En este ambiente de control militar del parlamento se elaboró la Constitución que dio una solución global a todos los problemas pendientes, en vez de resolverlos de forma individualizada. Lo lógico y democrático hubiese sido someter a referéndum la forma del Estado, monarquía o república, y la estructura del Estado, central, autonómico o independencia.

Esos referendos no se hicieron porque la cúpula militar no lo permitía a pesar de que todas las encuestas confirmaban con rotundidad que ganaría la monarquía y el estado autonómico, pero sólo para Cataluña y el País Vasco.

Bajo este clima de presión militar, una docena de personas decidieron crear el Estado de las Autonomías, el famoso "café para todos", con un doble objetivo. En primer lugar, para que los militares vieran que no había peligro de secesión, pues Cataluña y el País Vasco iban a tener el mismo grado de autogobierno que Murcia. El segundo objetivo del famoso "café para todos" era dificultar el desarrollo autonómico de Cataluña y el País Vasco.

En 1975, todos los partidos democráticos creían imposible llegar a un Estado de Derecho a partir de la legalidad franquista. Todos los partidos, desde la democracia cristiana de Ruiz-Giménez hasta la extrema izquierda, pensaban que la única forma de traer la democracia a España era rompiendo con la legalidad franquista y convocando elecciones para unas Cortes constituyentes.

La existencia de unas fuerzas armadas fieles al franquismo hacía inviable la ruptura democrática, por lo que pronto todos los partidos aceptaron lo que vinieron en llamar "ruptura pactada", nombre que pronto cambiaron por el de "transición a la democracia".

Tras numerosos intentos de golpe de estado, hemos llegado hasta aquí gracias a que se han guardado las formas; es decir, se ha respetado en todo momento la legalidad vigente, incluida la legalidad franquista. Este encaje de bolillos jurídico se ha llevado a cabo para no dar motivos a los militares para interferir en la transición.

Muchos han tenido que sacrificarse y renunciar provisionalmente a sus derechos, pero sobre todo hemos sido los militares demócratas los que más hemos sufrido y de hecho seguimos sufriendo las consecuencias de haber sido demócratas en tiempos de Franco.

Tuvimos que esperar 11 años para que se nos diese la amnistía y dejásemos de ser oficialmente unos delincuentes por haber pertenecido a la UMD, y hemos tardado 36 años en ser reconocidos como militares honorables por el Ministerio de Defensa, si bien en determinados ambientes se nos sigue discriminando con el beneplácito del Gobierno.

El punto quinto del programa militar de la UMD, elaborado en 1974, se ha cumplido hace siete meses, con casi 40 años de retraso, con el desarrollo de la Ley Orgánica 9/2011 sobre derechos y deberes de los miembros de la Fuerzas Armadas.

Esta lentitud en construir un Estado de Derecho similar a cualquier otro europeo, meta que aún no se ha conseguido plenamente, se ha debido al miedo a una intervención militar que desbarate todo lo avanzado.

Táctica fundamental para no dar pie a una intervención militar es el respeto a la legalidad vigente; por eso, cuando algún político dice que conseguirán la independencia de Cataluña con o sin amparo legal, provoca un enorme malestar en las Fuerzas Armadas, sobre todo entre los retirados, todos provenientes de la etapa franquista.

En aplicación estricta de los más elementales principios democráticos, los catalanes tienen derecho a decidir si quieren ser españoles o no, pero dentro del marco legal.

Dicho esto, veamos con qué bagaje están dispuestos a llevarnos a un callejón sin salida estos "líderes" de la clase política catalana.

El censo electoral en las últimas elecciones catalanas era de cinco millones trescientas mil personas. Entre CIU y ERC obtuvieron un millón seiscientos mil votos, es decir, consiguieron el respaldo del 30,10% de los ciudadanos catalanes.

Con ese treinta por ciento de los votos, CIU y ERC, tienen mayoría en el parlamento pero no olvidemos que no son los representantes directos del pueblo, sino los representantes de sus respectivos partidos, que no es lo mismo.

Si estas elecciones catalanas se hubiesen celebrado con listas abiertas, a lo mejor D. Artur Mas no habría resultado elegido, como tampoco hubiese sido elegido en su día el Sr. Barrionuevo, cuando el PSOE lo presentó en sus listas cerradas, con el único objeto de proporcionarle inmunidad parlamentaria.

No siendo los representantes directos del pueblo, sino de su respectivos partidos, y con el respaldo de este 30 por ciento de ciudadanos catalanes, cuya principal preocupación no es precisamente la independencia de Cataluña, los dirigentes de CIU y ERC están poniendo en peligro la convivencia pacífica de los españoles que tantos sacrificios nos ha costado conseguir, sobre todo a los militares demócratas.

Hay que pensar que esta actitud la llevan a cabo por puro desconocimiento de la realidad político-militar en la que se mueven pues de lo contrario habría que acusarles de irresponsabilidad e insolidaridad.

Estos dirigentes piensan que es imposible una vuelta a la dictadura militar, sin embargo los estado mayores de algunos países europeos no lo piensan así.

Por ejemplo, el Estado Mayor suizo tiene planes para desplegar su ejército y blindar toda la frontera si se produce un éxodo masivo de exiliados procedentes del sur de Europa, incluida España.

En la actual coyuntura de crisis en la Unión Europea, el ambiente militar en Grecia no es muy distinto del español, con la enorme ventaja para los griegos de que no tienen el problema del independentismo catalán y vasco.

En Portugal, la situación es similar, las ansias por tomar el poder de algunos militares portugueses, son públicas y notorias. Amplios sectores populares de la izquierda portuguesa apoyan públicamente la vuelta al poder de los militares, como ya sucedió el 25 de abril de 1974. Muchos militares se pronuncian y escriben artículos donde teorizan sobre la mejor preparación actual del Ejército portugués para tomar el poder, con respecto a abril de 1974. Afirman que en 1974 el ejército estaba acostumbrado a operar solamente en campo abierto y, sin embargo, ahora tienen mayor entrenamiento para actuar en ambiente urbano.

En Portugal, la toma del poder por los militares sería de signo político opuesto a la griega o española, al menos eso era lo que se comentaba en la cena multitudinaria de militares celebrada el pasado 22 de febrero de 2013, en la Rua da Junqueira de Lisboa.

Los políticos que comparan Escocia o Quebec con Cataluña viven fuera de la realidad española. En Canadá o el Reino Unido hay unas democracias firmemente asentadas y a ningún militar se le ocurre la posibilidad de que las fuerzas armadas puedan interferir en política. Por otro lado, la honorabilidad de la clase política de esos dos países está en las antípodas de la clase política española y catalana que gozan de un merecido desprestigio difícilmente superable.

Los dirigentes de CIU y ERC pueden conseguir la independencia por vía legal, pues si el Tribunal Constitucional no les da la razón, tienen la posibilidad de anular esas decisiones en tribunales de justicia internacionales, acudiendo a instituciones internacionales, o esperando una coyuntura más favorable para modificar la Constitución.

Los "lideres" catalanes, en vez de repetir reiteradamente que se está negando a Cataluña el derecho de autodeterminación, podían plantear un recurso ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, o ante la instancia que consideren oportuna, alegando que España está vulnerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o cualquier otro pacto que obliga legalmente a España a respetar el derecho de autodeterminación. Si acuden a la justicia nacional o internacional en defensa de sus derechos, no molestarán a nadie, lo que si molesta, y mucho, a las Fuerzas Armadas es que estén repitiendo constantemente la misma cantinela.

Si piensan que el Tribunal Constitucional vulnera algún derecho fundamental, tienen instancias internacionales donde defender esos derechos, como hacemos el resto de los ciudadanos. Si no acuden a esos tribunales es porque temen que no prospere su demanda pues de acuerdo con el Derecho Internacional, el derecho de autodeterminación se refiere exclusivamente a la independencia de las colonias y es poco probable que un tribunal internacional homologue a Cataluña con una colonia.

Si ese tránsito hacia la independencia lo hacen ordenadamente, sin estridencias, y de forma legal, es posible, aunque difícil, que consigan sus objetivos, pero si pretenden acortar plazos y vulnerar la Constitución, como ya tienen anunciado, la oposición militar será unánime. En ese caso, los militares no tendrán que intervenir unilateralmente puesto que al estar la legalidad de su parte les bastará con cumplir las órdenes del Gobierno que no tendrá más remedio que intervenir presionado por los militares, presiones que ya han comenzado.

Sería de agradecer que estos dirigentes independentistas catalanes actuaran con mayores dosis de pragmatismo, en aras de un mayor bienestar y tranquilidad de todos los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes que no quieren serlo.



(*) José Ignacio Domínguez es teniente coronel de Aviación ®, Comandante de Iberia y fue portavoz de la UMD en el exilio