Plan de estímulo económico y apoyo al emprendedor

El año 2012 fue el más intenso en reformas y actividad legislativa desde el comienzo de la democracia; España hizo la mayor consolidación fiscal de su historia reciente y una de las mayores en cualquier país desarrollado en las últimas décadas, reduciendo el déficit público un 2,2% de PIB, más del 3% de impulso estructural primario de acuerdo con los datos aportados por el Fondo Monetario Internacional. También se abordó la reforma financiera y la laboral. Estas medidas se tomaron prácticamente en tiempo de descuento, con el país al borde del abismo y tras casi cuatro años de deterioro económico e inacción política. Sin ellas España estaría intervenida o fuera del euro.

Incluso en ese año que vivimos peligrosamente, el Gobierno no se olvidó de que la recuperación pasa siempre por el crecimiento y la creación de empleo, y por eso se puso en marcha el Plan de Pago a proveedores que canceló 27.000 millones de euros de deuda comercial de las administraciones, aunando la justicia con la lógica económica y dando ejemplo de cómo apostar por el crecimiento sin atentar contra la austeridad. En 2013, con una situación más estable, fruto de las reformas y del apoyo de nuestros socios de la UE, vamos a profundizar en las políticas de crecimiento que realmente funcionan, es decir las que pasan por la sociedad civil.

Para ello recuperamos de nuestro programa electoral el principio de devengo en la aplicación del IVA para las PYMES (hasta 2 millones de facturación). Es una medida de justicia, que hace que los empresarios no paguen impuestos por ingresos que aún no han tenido, y forma parte de una amplia estrategia contra la morosidad. Del mismo modo que el año pasado con el Plan de Pago a proveedores afrontamos con urgencia el problema en su fase aguda, entre 2013 y 2014 vamos a darle una solución estructural: se establecerá  un plazo de pago de 30 días en operaciones privadas (ampliables a 60), y un aumento de los intereses de demora. Las administraciones presupuestarán una senda de reducción de la deuda con proveedores y se hará una Ley para la facturación electrónica en las AA.PP para atajar el problema de la morosidad pública de forma definitiva.

En segundo lugar, necesitamos una fiscalidad favorable al emprendimiento. Se fomentará la reinversión en la actividad económica de los beneficios: se crea una bonificación del 10% en el impuesto de sociedades para beneficios re-invertidos de empresas con volumen de negocio inferior a 10 millones.

Para favorecer fiscalmente la innovación empresarial se realizará una reforma del incentivo por inversiones  en I+D+i, aplicable incluso en caso de insuficiencia de cuotas o cuando se produzcan perdidas. Se establecerá  por primera vez en nuestro país, un sistema de devolución  en el crédito fiscal cuando éste no haya podido compensarse. (condicionando el cobro al mantenimiento del empleo). También las sociedades  de nueva creación tendrán una fiscalidad reducida en el Impuesto de sociedades (15%) en sus dos primeros ejercicios con ganancias y los autónomos durante podrán reducir un 20% la tributación en sus dos primeros ejercicios con ganancias.

Para los inversores en actividades empresariales ("bussines angel") se propone una deducción del 15% similar a la de la inversión en vivienda habitual, y una exención fiscal de plusvalías del 50%, siempre que se reinvierta el dinero obtenido en otra empresa de reciente creación. Estas inversiones deben ser temporales (las acciones se deben vender entre el 3 y noveno año desde la inversión original).
 
El Gobierno, que ya ha pilotado la reforma financiera para lograr una recuperación sostenida de la inversión mediante el saneamiento bancario, también debe participar directamente  en la financiación empresarial y en especial en la de las PYMES. Y para ello se van a movilizar recursos financieros por valor de 45.000 millones.  No es dinero a fondo perdido,  ni son beneficios fiscales: será dinero prestado, que irá a proyectos rentables, y esperamos obtener un margen de ganancia para el contribuyente, aparte de los beneficios para la actividad económica y el empleo.

De esos 45.000 millones, 22.000 millones serán las Líneas ICO de mediación, que tantos empresarios y autónomos conocen y que son un instrumento esencial para dar liquidez a nuestro sistema productivo. Otros 10.000 millones apoyaran la estrategia de negocio dirigida a PYMEs de la banca saneada.

Además estamos comprometidos a ampliar las vías de financiación. La financiación bancaria tiene un peso excesivo en España, y creemos que un sistema financiero más pluralista será también más robusto. Por eso vamos a dar un impulso a la financiación extra-bancaria, que esperamos que movilice más de 5.476 millones de euros: para el Mercado Alternativo Bursátil y para el Mercado Alternativo de Renta Fija y las Líneas de mediación de Pagarés y Letras. Se dotarán 3.000 millones para avalar al Fondo de Titulización para PYMEs, que sirve para financiar proyectos de estas empresas mediante emisiones directas de deuda.

Y se va a ampliar la política de apoyo directo al emprendimiento: destaca la creación de una Red Nacional de Incubadoras de Empresas, y de un Fondo de Fondos para licitar inversiones entre gestoras de capital riesgo en proyectos orientados a la internacionalización y la mejora de la productividad.

Continuaremos reduciendo trámites y facilitando la creación de empresas: la Ley de Garantía de Unidad de mercado, permitirá por ejemplo que cualquier servicio o producto generado al amparo de una normativa autonómica pueda ser ofertada en toda España sin necesidad de tramite adicional.

También se a reforzará la seguridad jurídica del emprendedor con la creación de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", mediante la cual las personas físicas podrán ver limitada su responsabilidad por deudas derivadas de su actividad profesional o empresarial, no viéndose afectados determinados bienes tales como la vivienda o vehículos de uso familiar y se establecerá un mecanismo alternativo y realmente eficaz al concurso judicial. Se mejorará la red de seguridad de los autónomos menores de 30 años, permitiendo reanudar el cobro de la prestación por desempleo tras realizar una actividad por cuenta propia si antes del quinto año se produce una baja en el régimen de autónomos. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo menores de 30 años podrán capitalizar hasta el 100% de su prestación para realizar una aportación al capital social de una sociedad mercantil, siempre y cuando se establezca una vinculación profesional o laboral de carácter indefinido.

Se establece una tarifa plana de la Seguridad Social de 50 euros para menores de 30 años y nuevos autónomos que inicien una actividad por cuenta propia, durante los primeros 6 meses. Posteriormente, durante los 6 meses siguientes, se les aplicará una reducción en la base mínima de cotización del 50% y, durante los 18 meses siguientes,  una reducción y una bonificación de un 30%, que se amplía en el caso de las mujeres hasta los 35 años. Durante un máximo de 9 meses la percepción de la prestación por desempleo será compatible con la situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, para menores de 30 años.

En el ámbito europeo y por lo que respecta al llamado presupuesto comunitario 2014-2020, se ha alcanzado  un acuerdo que arroja un saldo muy positivo para España , en particular se ha logrado un incremento de los Fondos de Cohesión de 3.724 millones  de euros lo que significa una considerable mejora respecto a la propuesta inicial.

No quiero acabar estas líneas sin comparar las medidas de estímulo a la economía de este Gobierno con las del anterior, cuyo buque insignia fue el Plan E: una apuesta intervencionista por volver al pasado. La apuesta de este Gobierno es por el futuro y por la sociedad civil. Espero que estas medidas sirvan para que nadie vuelva a contraponer austeridad y crecimiento. Ya se ha demostrado que ambas cosas son no solo compatibles sino complementarias.


(*) Matilde Asian González es diputada del PP por Las Palmas y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular