El ministro francés de Consumo, Benoît Hamon, indicó hoy que los platos
preparados retirados de la venta por contener indebidamente carne de
caballo no se tirarán, sino que se entregarán a asociaciones caritativas
para que puedan aprovecharlos.
"Ahora corresponde a las asociaciones decidir si aceptan estas
donaciones" porque para conservar y repartir esos platos hacen falta
camiones frigoríficos y conlleva costes, señaló Hamon en una entrevista a
la emisora de radio "RMC".
En cualquier caso, precisó que las que se queden con esa comida
tendrán que informar a los beneficiarios últimos de que hay carne de
caballo.
El escándalo por el fraude de la carne de caballo tuvo un nuevo
episodio en Francia el martes, cuando Panzani -filial del grupo español
Ebro Puleva- dijo también haberse visto afectado.
En concreto Panzani explicó que se había encontrado carne de caballo
en latas de ravioli vendidas en Francia y fabricadas para su marca en
régimen de licencia por
William Saurin, líder en este país de los platos
preparados, que tiene los derechos exclusivos para hacer esos productos
para su marca desde hace 13 años, cuando pertenecía a Danone antes de
ser comprada por Ebro.
William Saurin aseguró que había sido "víctima de un engaño por parte
de uno de sus proveedores" que no era el francés Spanghero, el
importador que había comprado lotes de carne deshuesada de caballo
procedentes de Rumanía a un negociante holandés para venderlos en su
mayor parte al grupo también francés Comigel.
Comigel los transformó en una planta que tiene en Luxemburgo en
platos preparados para diferentes marcas, como Findus, que fue quien
inicialmente levantó el fraude.
Por otro lado, Hamon indicó que en abril presentará un proyecto de
ley que aumentará las penas por engaños en el sector alimentario.
Avanzó que en ese texto "vamos a multiplicar por 10 las multas" y que
se estudia fijar la sanción en el 10 % de la facturación de la compañía
infractora e inhabilitar en todo tipo de actividades comerciales a las
personas que hayan sido condenadas por tráfico de carnes, negociar
productos en mal estado, sustituir etiquetas u otros fraudes. "El perjuicio es suficientemente grave para el consumidor para que las penas sean realmente disuasorias", concluyó el ministro.
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