Marta García asegura que no se trata de procedimientos de desahucio, sino de cartas de
reconocimiento de deuda y explica que, desde la
Dirección General de Vivienda se gestiona un patrimonio de 11.000 viviendas en
alquiler social, con unas cuotas que rondan los 60 euros de media, pues "de este
patrimonio hemos heredado una deuda por impagos de más de 17 millones de euros
de alquiler, y lo que queremos es discriminar aquellos que no pagan porque no
pueden y están pasando realmente una situación angustiosa de aquellos otros que
no pagan porque no quieren".
Dichas cartas, ha señalado la
consejera de Fomento, "van dirigidas a todos los deudores, poniéndoles de
manifiesto cuáles son las cantidades que se adeudan y ofreciéndoles que
expliquen cuál es la razón por la que no
pueden o no quieren abonar las cuotas, brindándoles además fórmulas de pago
para ponerse al corriente del pago".
En este sentido, la titular de
Fomento ha subrayado que el Gobierno regional es consciente de la grave
situación por la que están pasando algunas
familias a las que "queremos proteger". Por ello, ha recordado las
importantes medidas de apoyo a la vivienda, la aprobación de un decreto que
otorga atención preferente a aquellos que no pueden pagar su hipoteca por la
crisis económica, además de la reserva de un cupo de viviendas para que se
pueda acceder a ellas en régimen de alquiler social.
La consejera de Fomento también
ha reconocido que la redacción de dichas cartas "podría inducir a error, y para evitar esa confusión e incrementar la
angustia, consideramos que es conveniente que la palabra desahucio como tal
desaparezca".
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