Las cifras del paro no son números, son dramas
y necesidades que reclaman atención y acción inmediata. Por eso, aquellos que
llegaron al poder con lemas como el de "¿Buscas empleo? Vota PP" (Mª Dolores de
Cospedal) o aspirando a crear 3,5 millones de puestos de trabajo en la
legislatura (Esteban González Pons), deberían primero reconocer que no dijeron
la verdad a los votantes o que las promesas de empleo tenían como único objetivo
alcanzar el poder.
Hay 6 millones de desempleados en España y
300.000 en Castilla-La Mancha según la EPA. Uno de cada tres se ha quedado ya
sin prestaciones ni subsidios. Y no podemos permitir que también se queden sin
dignidad. El paro hoy no es una opción elegida, es una situación que debería
ser transitoria pero que, por desgracia, muchas veces se cronifica. No
olvidemos que el trabajador en paro lo que quiere es trabajar y cotizar por su
trabajo, no quiere subsidios que se conviertan en una mera limosna.
Esta afirmación la constato cada día en mi
experiencia como Alcalde de un pueblo en el que muchos de los vecinos están desempleados.
Ayudas de 400 euros como las del programa Prepara palian parcialmente la
desesperada situación de muchas familias, pero ni resuelve su situación de
necesidad material ni tampoco atiende a su verdadera aspiración, que no es otra
que el desarrollo de un trabajo efectivo a cambio de un salario y unas
cotizaciones que generen los derechos correspondientes.
Desde el Ayuntamiento de Villacañas se lo
hemos pedido al presidente Rajoy a través de una moción, y lo harán también
otros municipios: "transforme la ayuda del plan Prepara en contratos laborales,
equiparando su retribución cuando menos al Salario Mínimo Interprofesional,
incluyendo sus correspondientes cotizaciones y con el objeto de desempeñar
labores de colaboración en la prestación de servicios públicos. El coste
económico de una medida valiente como esta es asumible, más aún si lo
comparamos con las cantidades que se destinan, por ejemplo, a sanear la banca.
Y, sobre todo, porque los beneficios que conllevaría enjuagarían ese coste.
Primero, el desempleado realizaría un trabajo
en la prestación de servicios públicos del que se beneficiaría toda la
sociedad. Segundo, al cotizar generaría nuevos derechos para cobrar prestación
por desempleo en el caso de volver a quedarse sin trabajo. Tercero, destinaría
la totalidad del sueldo al consumo de bienes y servicios, ayudando a reactivar
la economía. Y cuarto, revertirían al Estado todos los impuestos indirectos que
se generarían por el consumo de esos bienes y servicios. En definitiva, que un
trabajo con un sueldo podría acabar siendo más rentable que un subsidio.
Pero el Gobierno de España, en contra de las
recomendaciones del Consejo Europeo, ha bajado la cobertura por desempleo,
precisamente cuando más paro hay, y ha recortado drásticamente las políticas
activas de empleo, a la vez que intenta constreñir al máximo el sector público.
Y esa doble estrategia, recortar prestaciones y estrangular el sector público,
parece tener un objetivo final: privatizar los servicios públicos y precarizar
los contratos para prestar esos servicios.
Cada día son más las investigaciones
académicas y las opiniones de economistas y expertos que confirman que un
sector público fuerte es, precisamente, el elemento diferenciador en los países
europeos con la economía más saneada y con menos paro. El último dato sobre
creación de empleo en Alemania es concluyente: tres de cada cinco nuevos empleos
creados en el último trimestre de 2012 se generaron en los servicios públicos,
educación y sanidad.
Por el contrario, los países con más paro y que más sufren
los vaivenes económicos son precisamente los estados del sur de Europa, allí
donde el peso del sector público es mínimo y donde, además, gobiernos
conservadores parecen querer reducirlo a su mínima expresión. ¿Qué hace que
estos países tengan un endeudamiento mayor en comparación con los estados del
norte de Europa? La respuesta fácil es decir que la culpa de todo la tiene el
gasto público. Pero los datos no confirman esta afirmación, ya que el gasto
público, incluido el gasto social, es mucho menor en estos estados, y además cada
día se reduce más. ¿Qué es lo que diferencia entonces a unas economías de
otras? Los ingresos del Estado. Es decir, los países con un sector público
fuerte recaudan más y redistribuyen mejor esos ingresos.
La clave no estaría, por tanto, en la
reducción del gasto y la inversión públicos, sino en una errada política
recaudatoria, que grava a las clases bajas y medias y favorece a las grandes
fortunas. El último y clarificador ejemplo ha sido la amnistía fiscal del
Gobierno de Rajoy, esa que ha recaudado un 3 % de lo declarado, pero que ha
dejado un mensaje aterrador: le ha dicho "eres un pardillo" al honrado
contribuyente, y en cambio, al gran defraudador le ha dado una palmadita en la
espalda mientras le susurraba al oído "no te preocupes que yo te regularizo".
Es esa política neoliberal la que sitúa al
sector público en el eje del mal del despilfarro y el déficit. Es esa política
la que está detrás de cada una de las medidas mal llamadas "reformistas", como esa
reforma de la Administración Local, que se pretende acometer sin consenso
alguno, y que parece tener como objetivo prioritario la privatización de
servicios públicos hasta la fecha municipales.
Pero al final los datos son tercos y
confirman que un sector público fuerte, justo, redistribuidor de la riqueza y de
las oportunidades, es más eficiente que la austeridad por la austeridad. El Sr.
Olivier Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, ha
reconocido que el FMI se había equivocado al apostar por las políticas de
recortes del gasto público como medida de reducción del déficit y de la deuda
pública, que están siendo contraproducentes y están incluso generando un efecto
contrario al que perseguían.
Y el señor Blanchard no es precisamente un
"perroflauta".
Santiago García Aranda
Alcalde de Villacañas (Toledo) y secretario de
Política Municipal del PSOE de Toledo
Si (
No(
