El Gobierno, tras 'advertir' a los españoles viajeros, podrá cobrar por socorrer a quienes hayan sido imprudentes

Así consta en el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado que previsiblemente verá este viernes el Consejo de Ministros. El texto no lo aprobará el Gobierno esta semana, puesto que antes se tiene que solicitar el correspondiente informe al Consejo de Estado.   

"Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos" sobre los que Exteriores "informa en sus recomendaciones de viaje", reza el artículo 37 de la norma.
  
Una versión anterior del texto, en diciembre, hablaba también de "operaciones de rescate" que comportasen "pagos a terceros con cargo a los recursos presupuestarios del Estado".
  
La redacción definitiva del texto omite el término 'rescate' y la expresión 'pagos a terceros', para evitar interpretaciones sobre un supuesto reconocimiento implícito por parte del Gobierno de que se pagan rescates para liberar a españoles secuestrados en zonas conflictivas.
  
Fuentes del equipo de García-Margallo interpretan que este artículo está pensado para aquellas intervenciones en las que el Estado se moviliza para sacar de un país a españoles a los que haya sorprendido una catástrofe natural o una situación de inestabilidad política, como ocurrió en Tailandia en 2008, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a enviar hasta tres aviones para repatriar a los turistas españoles.
  
En ocasiones, cuando se han fletado aviones para rescatar a turistas porque así lo han exigido, la aeronave ha regresado con plazas libres porque hay quien decide quedarse para agotar las noches de hotel que ya tenía pagadas.
  
Del anteproyecto también se ha caído la intención inicial del Ejecutivo de poder vetar la apertura de delegaciones de las Comunidades Autónomas en el exterior cuando éstas incumplieran los objetivos de reducción del déficit.
  
Sí incluye la oferta a las autonomías para que puedan integrar sus oficinas dentro de las Embajadas españolas allí donde haya espacio para ello y la posibilidad de que puedan contar con un diplomático a efectos de asesoramiento en sus actividades.
  
La norma obligará a las autonomías a informar previamente al Ejecutivo de la apertura de oficinas en el extranjero para su promoción exterior. Hacienda hará un dictamen sobre si esa propuesta se adecúa al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, pero este informe no tendrá carácter vinculante, como se pretendía en un principio.
  
Las CCAA, así como los órganos constitucionales y entidades de la Administración local, tendrán que informar a Exteriores sobre sus viajes y actuaciones con proyección exterior para que este departamento pueda emitir "recomendaciones" al respecto, indica por otra parte la norma.
  
La Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado pretende llenar el vacío existente desde 1978, después de hasta cuatro intentos de legislar en la materia que nunca llegaron a fructificar, entre otras cosas por la falta de apoyo de las formaciones nacionalistas y las peleas competenciales entre los distintos departamentos ministeriales, dificultades que se han vuelto a dar en esta ocasión.

Peleas entre ministerios 

Las objeciones que el cuerpo de técnicos comerciales puso a la redacción original del texto, elaborada por Exteriores, dieron al traste con otra de las novedades que perseguía el proyecto, la integración paulatina en la Embajada de las oficinas de la Administración en el exterior y la dependencia de su personal del embajador, con la intención de homologar sueldos y condiciones laborales entre todos los funcionarios, en función de su categoría profesional y su puesto.
  
Los técnicos comerciales, dependientes del Ministerio de Economía y que, en general, cobran más que los diplomáticos, se opusieron frontalmente a la medida por su temor a perder capacidad adquisitiva e independencia.
  
Finalmente, el personal de las distintas unidades administrativas del Estado dependerá "jerárquicamente" del embajador, encargado de coordinar sus actuaciones, pero sus nóminas y condiciones laborales las seguirán fijando los departamentos de los que procedan.
  
La pretensión de integrar las diferentes oficinas de la Administración en un único edificio con el objetivo de ahorrar gastos se queda, según la versión definitiva, en la posibilidad de crear, allí donde sea posible, una Sección de Servicios Comunes para un uso "más eficiente" de los recursos humanos y materiales.
  
Entre los miembros de la Carrera Diplomática, el anteproyecto de ley también ha generado preocupación. Por una parte se critica el secretismo con el que se ha llevado a cabo y por otra se lamenta que el papel del Ministerio de Exteriores no salga reforzado, según algunos, con esta ley.
  
Recientemente, más de 300 diplomáticos -casi un tercio del millar que compone la Carrera- en su mayoría jóvenes, remitieron al ministro una carta en la que exponían sus quejas respecto del anteproyecto. Entre ellas, la de que Exteriores no tenga "una posición suficientemente cualificada en el Consejo Ejecutivo de Política Exterior", órgano asesor del presidente del Gobierno al que la ley otorga un papel clave en la coordinación y la coherencia de la acción exterior del Estado.
  
Con la nueva ley este órgano, que ya existe en la actualidad, se abre a la participación de otros Ministerios que hasta la fecha no forman parte de él, como el Ministerio de Hacienda, que será el departamento encargado de aprobar la relación de puestos de trabajo para cada Embajada, algo que, por otra parte, ya sucede en la práctica en la actualidad.
  
Desde las filas más progresistas de la Carrera, se echa en falta en la ley una referencia a los valores que deben guiar la política exterior del Estado, más allá de las alusiones a la Marca España y la diplomacia económica. Tampoco se comparte el planteamiento, a su juicio, "defensivo y controlador" de la actividad de las CCAA en el extranjero, cuando ésta puede complementar la actuación de la Administración General del Estado.

Podrá haber embajadores políticos

Sobre el rechazo que siempre ha generado en el cuerpo diplomático el nombramiento de los llamados embajadores 'políticos' -personas que no pertenecen a la Carrera- el anteproyecto indica que serán designados "entre funcionarios de la Carrera Diplomática (...) sin perjuicio" de que el Gobierno pueda nombrar embajadores "a personas no pertenecientes a la Carrera".
  
El Congreso podrá solicitar la comparecencia de los embajadores, una vez anunciado su nombramiento, para que informen sobre los objetivos de su misión, pero no tendrá capacidad alguna para vetar un nombramiento, como sí ocurre por ejemplo en EEUU.
  
El anteproyecto abre la posibilidad de que España cree misiones diplomáticas conjuntas y oficinas consulares con socios de la UE en terceros Estados. Y que funcionarios españoles trabajen desde delegaciones de la UE en países donde no se justifique la presencia de una Embajada propia, fórmula que ya se ha puesto en marcha en Yemen, donde España ha prescindido de tener un edificio propio para albergar su Embajada. También permitirá la creación de "oficinas sectoriales conjuntas" con países iberoamericanos.