La
crisis económica y financiera aconsejó a los Estados europeos y a
la Unión Europea a plantearse una reforma del gasto público. Es
evidente que los gobiernos acometieron una espiral de gasto que ha
colocado a muchos países en una situación de dependencia exterior
como consecuencia de su deuda soberana, déficit excesivo y elevada
deuda púbica. En todo caso la crisis exigía un nuevo planteamiento
de política económica.
Los
países europeos asumieron desde 2010 que ante todo había que
recortar el gasto público. Alemania recortó las ayudas a las
familias, eliminó subvenciones a los parados, aprobó una reforma de
las fuerzas armadas que perderían cerca del 20% de sus soldados,
suprimió más de 15.000 empleos en la administración; Francia
congeló el gasto público, retiró estímulos fiscales, reformó el
sistema de pensiones; Reino Unido recortó el gasto anunciando la
supresión de 500.000 funcionarios y 50.000 empleos en el ejército,
recortó las cartillas de ahorro con dinero público para los recién
nacidos, Italia congeló los salarios y rebajó los sueldos de
funcionarios, recortó la subvención a los partidos; Grecia redujo
los salarios públicos y las pensiones elevando la edad de
jubilación; Portugal recortó los salarios de funcionarios y redujo
obras públicas; España recortó el salario de funcionarios, amplió
la jornada laboral, flexibilizó el despido, suprimió el cheque bebe
y redujo la ayuda a familias con escasos recursos, rebajó la
prestación por desempleo, suprimió las bonificaciones a la
contratación, subió el tipo general del IVA, recortó la asistencia
a la dependencia, recortó los presupuestos de educación, redujo la
inversión de infraestructuras, redujo enormemente la ayuda al
desarrollo.
Pronto,
esta cuestión se convirtió en el gran debate de la política
económica de nuestros días, si la política de austeridad que
imponía la Unión Europea era acertada o si por el contrario la
política de austeridad iba a suponer un aumento de la recesión y
por tanto perjudicar aún más la actividad económica. Conviene
tener en cuenta que los países más afectados por la política de
austeridad habían de ser los países que más estaban sufriendo la
crisis, es decir, los países del sur de Europa y concretamente los
menos competitivos.
Los
economistas más liberales, en el sentido americano, a los que se les
suele situar en el nuevo keynesianismo como
Krugman,
Delong,
Thoma o
Wren-Lewis entienden que la austeridad es potencialmente
autodestructiva ya que provoca la autodestrucción de la economía y
que puede empeorar la situación presupuestaria con una bajada de los
ingresos fiscales y hacer muy dudosa la solvencia de los gobiernos,
justamente lo contrario de los objetivos que se pretendían
conseguir.
Según estos autores los
programas de austeridad hunden la economía más profundamente en la
recesión. El Premio Nobel de Economía
Joseph Stilglitz advertía
que la austeridad es una receta para el suicidio y que bajar los
salarios empeora la demanda y la recesión, manifestando que es
inaceptable que las decisiones las tome un grupo de especuladores con
intereses especulativos. El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman,
ha manifestado que las medidas de austeridad no tienen sentido, que
la austeridad aumentará el desempleo y no arreglará ni el problema
fiscal, ni la falta de competitividad.
Estas
mismas voces también se levantan en Europa. La Secretaria General de
la Confederación Europea de Sindicatos,
Bernadette Ségole, ha
manifestado en España el 21 de febrero de 2013 que las políticas de
austeridad ni funcionan ni son justas, atacan a los más débiles y
son especialmente duras en el sur de Europa y aún más, manifiesta,
que si la Unión Europea no tiene dimensión social perderá todo
apoyo popular.
Lo
cierto es que las voces se alzan tanto contra Alemania cuya Canciller
aparece como la verdadera impulsora de la política de austeridad,
cuanto contra las propias instituciones europeas y singularmente
contra la Comisión y el Comisario de Economía
Olli Rehn, a quién
encuentran culpable de imponer recetas de austeridad y provocar un
sufrimiento innecesario a los ciudadanos europeos.
Los
expertos manifiestan, que el Comisario Europeo de Economía se está
engañando así mismo con la ilusión de que su política puede
impulsar la economía, cuando en realidad está se ve agravada por
las medidas de austeridad que ha forzado y opinan que Europa necesita
urgentemente lo contrario, una estrategia de crecimiento para
reactivar la demanda. La Comisión Europea, o lo que es lo mismo el
Gobierno Europeo, debe ejercer un liderazgo ajeno a los especuladores
y a los intereses a corto plazo de las instituciones financieras y
debe afrontar la recesión con políticas de crecimiento.
Los
propios líderes europeos entienden ya que hay que mezclar los
estímulos económicos con la austeridad y en algunos países como
Francia y España han defendido que la Unión Europea compense con
estímulos y fondos europeos las exigencias de austeridad que han
asumido. Lo que parece claro es que la austeridad crea recesión y no
reconocer esto por parte de los dirigentes europeos dificulta acabar
con la crisis y con la depresión que sufre la economía europea.
La
crisis económica en España se centra fundamentalmente en dos
cuestiones; el desempleo y el déficit público.
Bruselas
acaba de anunciar que prevé una aceleración de la destrucción de
empleo en España con una escalada de
la tasa de desempleo que
alcanzará a final de 2013 un 26,9% (6,5 millones de parados) y que
bajará a un 26,6% en 2014. En cuanto al déficit público se
manifiesta que a lo largo del último año las administraciones
públicas se han venido endeudando a un ritmo de 5.000 millones por
semana, en 2013 la deuda pública adicional llegará al 90% del PIB.
Si las cosas siguen así será imposible cumplir con el objetivo de
déficit fijado por la Unión Europea. El Comisario Europeo, Olli
Rehn, deja la puerta abierta a una flexibilización del objetivo si
se confirma el dato del déficit estructural. España tratará de
vender como un logro una cifra anual de niveles del 7%.
Si (
No(
