La crónica política tuvo esta semana que ahora concluye,
acaso como nunca, una punta visible del iceberg -el debate sobre el
estado de la nación-y un trasfondo semisecreto en el que muchos
personajes angustiados perseguían papeles que, como cometas explosivas,
sobrevolaban por los aires. Así que esta ha de ser la crónica de ese trasfondo,
más que la de la parte visible de ese iceberg con el que puede acabar chocando
el Titanic nacional.
El pasado jueves, último día del debate sobre el estado de
la nación en el que
Rajoy confirmó para sí mismo que las cosas van bien y que,
por tanto, no hay que hacer nada más allá de lo que se hace, la policía quitaba
el precinto a algunas cajas almacenadas en el Juzgado 21 de Barcelona. Allí se
contienen los papeles de la empresa de detectives Método 3, que, de manera
ilegal, propició el espionaje de políticos contra políticos, deporte al que no
solamente son aficionados, claro, los partidos catalanes.
En esos mismos momentos,
Luis Bárcenas, ex tesorero del
Partido Popular, preparaba con su abogado la declaración que hará este lunes
ante el juez en Madrid, una declaración en la que presumiblemente no insistirá,
porque no se trata de ese tema en particular, en la falsedad -o autenticidad-de
los 'papeles' filtrados a la prensa en los que se hablaba de 'sobresueldos'
ilegales a actuales altos cargos de la nación. Curioso que el nombre maldito de
Bárcenas sobrevolase todo ese debate sin ser apenas citado: nunca, desde luego,
por Rajoy, que ignoraba que iba a saberse al día siguiente que el ex tesorero
había ido al notario para testimoniar la existencia de sus 'papeles',
aún fotocopias que casi nadie sabe cómo llegaron a un periódico.
Y, por esas mismas horas, alguien en la Casa del Rey hablaba con
Iñaki Urdangarín acerca de lo que iba a decir, o no, en su comparecencia sabática
ante el Juzgado de Palma. Ambos analizaron, dicen, los documentos que vuelan
por la nube, o por las nubes, soltados al aire por el ex socio del yerno del Rey,
Diego Torres. Unos documentos que han hecho tambalearse a la Monarquía y que también han
servido para acelerar la polémica, acaso falsa polémica, sobre la abdicación
del Rey.
Nunca trabajaron más, me parece, algunos servicios del
Estado en la persecución, recopilación, recolección, almacenamiento y
alejamiento de la opinión pública de algunos documentos presumiblemente
comprometedores. Y, si es cierto que el Gobierno se salvó acaso de una crisis
porque el debate del estado de la nación tranquilizó muchos ánimos -estuvo
bastante bien Rajoy, aunque no reveló mucho de lo que indudablemente sabe o
sospecha--, también es verdad que esa tranquilidad no es completa: ¿conocemos
todo lo que Bárcenas sabe? ¿Hasta dónde han llegado los espionajes políticos,
que, por cierto, aún no se han llevado por delante a ningún responsable,
comenzando por el líder del PSC,
Pere Navarro, el hombre que apretó el botón
nuclear de la dimisión del Rey?¿Qué otros correos secretos almacena Diego
Torres y hasta dónde implican a miembros de la Casa del Rey, comenzando por la propia infanta
Cristina? Y, en general, para los aficionados a las tesis conspiratorias: ¿hay
alguna trama para derribar una parte de este sistema que nos cobija?
Imposible sustraerse a la inquietud que todas estas
preguntas suscitaron en una semana en la que, además, una mayoría de jueces
hizo huelga, lo mismo que los trabajadores de la que fue compañía de bandera de
España, mientras la UE
destrozaba, con las suyas, las previsiones optimistas que Mariano Rajoy había
lanzado en el relativamente tranquilo -y tanto: el Rey, sabiamente, había
pedido moderación a los dos principales contendientes-debate parlamentario
del año. Pero, con o sin optimismo oficial por medio, esas preguntas tienen que
obtener una respuesta oficial, antes de que la nube, o las nubes, hagan explosión.
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