Dos juzgados de Instrucción de Madrid, el número 10 y el número 30,
tienen sobre la mesa sendas acciones contra el extesorero del PP Luis
Bárcenas por diferentes delitos relacionados con la aparición de una
presunta contabilidad B en el Partido Popular.
A fecha de hoy no se ha adoptado ninguna decisión respecto de estas
actuaciones, que podrían ser admitidas y llegar ser acumuladas en un
sólo órgano o bien archivadas de plano, según han informado fuentes jurídicas.
Las decisiones que se adopten de aquí en adelante tienen
importancia porque, en el caso de que alguno de los juzgados aludidos
abriera causa contra
Bárcenas por estos hechos, la Fiscalía
Anticorrupción se vería obligada a cesar en las diligencias informativas
que tramita desde el pasado 24 de enero y remitir todo lo actuado al
magistrado correspondiente.
El pasado 4 de febrero, Manos Limpias formuló una denuncia contra
Bárcenas por los presuntos delito de alzamiento de bienes, falsedad
documental y fraude a la Hacienda. Los denunciantes buscan la práctica
de diligencias para determinar, entre otras cosas, determinar "la
veracidad o falsedad de las notas manuscritas" publicadas en su día por
el diario El País. Esta denuncia ha sido turnada al Juzgado de
Instrucción número 30 de Madrid.
A la actuación del citado sindicato de funcionarios hay que sumar
la interpuesta el pasado día 19 por el Observatorio para el cumplimiento
de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Desc) por presuntos delitos de
evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental,
que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 10.
En una rueda de prensa celebrada este jueves, uno de los abogados
que ha elaborado la querella
Gonzalo Boyé, ha explicado entre otras
diligencias, ellos solicitan que se cite a declarar como testigos a los
empresarios que hicieron donaciones al PP y a políticos citados en los
papeles publicados por El País.
Boyé considera indispensable que el caso se judicialice, porque
"el riesgo de destrucción de pruebas es brutal". El exfiscal
Carlos
Jiménez Villarejo, presente también en la presentación de la querella,
ha avisado de que no puede ser que el Ministerio Fiscal quien investigue
en solitario el caso, porque quien designa al fiscal general es el
Gobierno.
Investigación en la Audiencia El pasado 5 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional que
investiga el "caso Gürtel",
Pablo Ruz, citó a declarar a Bárcenas el
próximo 25 para interrogarle por las cuentas que se le han encontrado en
Suiza y rechazó hacerse cargo de la investigación de una supuesta
contabilidad B en el PP.
En su auto, sin embargo, añadía que del resultado de próximas
diligencias puede depender que el caso acabe en su juzgado, el Central
de Instrucción número 5, mediante la remisión al mismo del resultados de
las averiguaciones que ya está realizando la Fiscalía Anticorrupción.
Según el magistrado, y en coincidencia con lo señalado
anteriormente por la Fiscalía, hasta el momento "no resulta
suficientemente acreditada la conexión de los nuevos hechos denunciados
con los que vienen constituyendo el objeto del presente procedimiento",
en alusión a la petición realizada por la acusación popular que ejerce
el PSOE para que entrara a investigar la supuesta caja B del PP.
En su auto, Ruz advertía no obstante que a la vista del contenido
del informe que había requerido a la UDEF el pasado 16 de enero, y que
ya ha sido entregado, o "bien al amparo de las ulteriores peticiones de
diligencias", podría cambiar de opinión y ordenar a la Fiscalía
Anticorrupción la remisión a su juzgado del contenido de las diligencias
informativas que incoó este departamento en enero.
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