Gallardón se enfrenta
este miércoles a la mayor huelga realizada por jueces, fiscales y funcionarios
de justicia en toda la democracia española. Al ministro peor valorado del
Gobierno en su propio sector no le apoya ni la conservadora Asociación
Profesional de la Magistratura. La cúpula de la APM no se suma como
organización a la huelga contra las políticas de Gallardón, pero ha dado
libertad de acción a sus afiliados y ha emitido un durísimo comunicado en el
que afirman que "no podemos permanecer impasibles ante este ataque a la independencia
del Poder Judicial". El grito '¡Gallardón, dimisión!' se oye más fuerte
que nunca.
Son momentos de máxima para
la independencia del Poder Judicial como consecuencia de la tramitación del
Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Poder Judicial, y ante la huelga
convocada por la casi totalidad de asociaciones judiciales para este miércoles,
20 de febrero. Una huelga que coincide con el inicio del debate sobre el estado
de la Nación, convocada por un colectivo, el judicial, normalmente refractario
ante este tipo de presiones huelguísticas.
Pero el aún ministro de
Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, ha conseguido lo que parecía imposible: unir
a todos contra él, jueces y fiscales, conservadores y progresistas, además,
claro, de los funcionarios judiciales que protagonizan diversos actos contra
las políticas 'antisociales' -dicen- de Gallardón.
La Asociación Profesional
de la Magistratura (APM) ha decidido finalmente descolgarse de la convocatoria
de huelga. Para la cúpula superconservadora de la APM la huelga es como una
bicha innombrable, pero este ministro de Justicia ha colmado todas las medidas:
la APM ha emitido un durísimo comunicado en el que, en realidad, se muestra el
apoyo a las medidas de presión contra el peor ministro de
Mariano Rajoy.
Total oposición a las
'reformas' del aún ministro"La Asociación
Profesional de la Magistratura", dice el comunicado, "quiere
manifestar de manera rotunda su total oposición a la reforma proyectada y su
compromiso sin reservas con la defensa de la independencia judicial". A
partir de ahí, la nota de la APM no deja títere con cabeza.
Dicen estos jueces que hay
que defender un poder judicial "independiente y eficaz, en el modo
definido por nuestra Constitución", para la garantía real de los derechos
de los ciudadanos y el adecuado control frente a los "abusos de poder".
La independencia judicial que viene contemplada en el artículo 117 de la
Constitución "no es un sentimiento subjetivo del Juez, sino el resultado
de unas condiciones que el resto de Poderes del Estado han de garantizar
manteniendo una posición de exquisita neutralidad y objetividad en los
nombramientos dentro de la Carrera Judicial y en el Consejo General del Poder
Judicial, a fin de preservar al Juez de cualquier intromisión en el ejercicio
de su función".
En ese sentido, afirman
que el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial en los
términos propuestos por Gallardón "merma de forma extraordinaria no sólo
la independencia que ha de tener el Poder Judicial, sino también la función de
gobierno que la Constitución Española atribuye al Consejo General del Poder
Judicial y reduce los instrumentos con los que cuenta para garantizar que los
jueces puedan realizar su función de manera independiente".
Contra una mayor
politización de la JusticiaSegún la APM, lo anterior
se evidencia particularmente en los siguientes aspectos:
1. Frente a la elección
de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces "la reforma
pretende establecer una elección política sin cortapisas, con el riesgo de
politización de la Justicia que ello conlleva".
2. El Anteproyecto "busca
debilitar la independencia y capacidad de decisión" del CGPJ, obligando a
que la mayor parte de sus vocales desempeñen sus funciones a tiempo parcial, "sistema
inédito en otros órganos constitucionales y al que nos oponemos frontalmente".
Resulta "altamente inquietante" que se pueda simultanear el libre
ejercicio de profesiones como las de Abogado y Procurador con el cargo de Vocal
del CGPJ, ostentando potestades disciplinarias sobre Jueces y Magistrados que
conocerán de sus pleitos en los distintos órganos jurisdiccionales.
3. La reforma pretende
disminuir las competencias que desarrolla el CGPJ, asumiendo el poder político
la regulación de muchas de ellas, en particular las relativas al desarrollo
reglamentario del estatuto judicial: "frente a este ataque a la
independencia judicial la APM reclama la conservación del actual marco
competencial".
4. La reforma de la
regulación del procedimiento disciplinario -de marcada trascendencia para el
ejercicio jurisdiccional independiente- manifiesta aspectos inquisitivos
carentes de toda justificación.
En ese sentido, la APM
denuncia ante la sociedad "los graves peligros que esta reforma, si se
lleva a efecto, ocasionará a la división de poderes, al Estado de Derecho y a
los ciudadanos".
La APM dice que no
secunda la huelga convocada por las restantes asociaciones judiciales al
entender que dicha medida de protesta "no es la más adecuada en la actual
situación de crisis institucional por la que atraviesa nuestro país", pero
añaden que "no podemos permanecer impasibles ante este ataque a la independencia
del Poder Judicial, configurado por la Constitución como última garantía de los
derechos de los ciudadanos".
Y en ese sentido, la APM ha
dejado constancia de su "profundo respeto" a las decisiones de sus
asociados, secunden o no la huelga, y con la decisión adoptada por el resto de
las asociaciones judiciales, "con las que compartimos la oposición al
Anteproyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en tramitación,
manifestando la voluntad de continuar juntos en la defensa de los intereses de
la carrera judicial y del conjunto de los ciudadanos".
Concentraciones
laborales en todos los centros
Paralelamente
a esa huelga, la plataforma sindical unitaria en Justicia ha convocado para
este miércoles concentraciones en todos los centros de la Administración de
Justicia porque "existen razones propias y poderosas para hacerlo": contra
la privatización de la Administración de Justicia, por la derogación de la Ley
de Tasas, en defensa del empleo y contra la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
"Que
todos los colectivos de la Justicia compartan ahora muchas de las
reivindicaciones y reclamaciones para la mejora del servicio público de la
Justicia demuestra la intolerancia, la prepotencia y la incapacidad para
dirigir el Ministerio de Justicia del ministro Gallardón", dice la
plataforma, que añade que se manifiesta por lo siguiente:
- Contra
la ley de tasas que encarece y precariza el derecho fundamental de la tutela
judicial efectiva.
- En
defensa de un modelo de Registro civil universal, público y gratuito servido
por personal de la Administración de Justicia.
- Contra
la privatización de la Administración de Justicia: "La privatización del
Registro Civil que pretende Gallardón supone la mercantilización del servicio
público de la Administración de Justicia, y convertir un servicio público
universal y gratuito en uno privado de pago para los ciudadanos, y además
eliminar 3.500 empleos públicos".
- La
privatización de la Justicia se extiende a los Actos de Comunicación (Servicios
de Notificaciones y Embargos): "Gallardón pretende entregar a la gestión
privada estos servicios prestados por personal funcionario, lo que supondría la
eliminación de otros miles de puestos de trabajo públicos".
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