El Congreso comienza a tramitar el suplicatorio del último diputado del PP 'cazado' ebrio al volante

El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, se dirigió a finales del pasado mes de enero al presidente del Congreso, Jesús Posada, pidiéndole permiso "para proceder con todas las consecuencias legales" contra Ferrer, diputado por Valencia, en relación con un delito contra la salud pública que habría cometido el pasado mes de septiembre.
  
En realidad, el propio diputado ya ha reconocido que el pasado 30 de septiembre condujo bajo los efectos del alcohol haciendo maniobras en zigzag y cambiándose de carril sin ningún tipo de señalización. La Policía Local le sometió a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,82 y 0,84 miligramos de alcohol por litro espirado de aire.

Sentencia anulada por no haber dicho que era aforado

El asunto se derivó a un juzgado valenciano pero Ferrer en ningún momento comentó que era aforado. Por eso, tras un acuerdo de conformidad entre las partes, se le impuso una multa de 900 euros y la retirada del carné durante un periodo de ocho meses.
  
Sin embargo, al tener conocimiento de que se trataba de un diputado nacional, el magistrado del juzgado de instrucción número 19 de Valencia anuló la sentencia, le devolvió el permiso de conducir y canceló la anotación de los antecedentes penales, al tiempo que elevó una exposición razonada al Supremo para que asumiera la competencia.
  
En su resolución, y de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el Supremo considera "suficientemente acreditada" la condición de parlamentario de Ferrer y solicita suplicatorio al Congreso al encontrar que, en principio, los hechos que se le atribuyen podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial del artículo 379 del Código Penal. El instructor de la causa será el magistrado y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.
  
Tras su calificación el pasado martes por la Mesa del Congreso, la petición de suplicatorio llegará el miércoles a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el 'popular' Aurelio Romero. Este órgano, que debe dar audiencia al afectado para que se explique personalmente o por escrito, tiene 30 días para concluir su trabajo.
  
Su decisión, previsiblemente favorable a la concesión del suplicatorio, será sometida a votación después en el Pleno. La votación es secreta y el presidente del Congreso deberá informar al Tribunal Supremo en los siguientes ocho días de su resultado. En el caso de que la Cámara negase la autorización, la causa contra el diputado se sobreseería.

Tres suplicatorios para el PP en la anterior legislatura  

El caso de Ferrer se suma al de otros dos diputados del PP que pasaron por el mismo proceso en la anterior legislatura. Tanto el entonces líder de Nuevas Generaciones y también diputado por Valencia, Ignacio Uriarte, como el murciano Arsenio Pacheco, fueron finalmente condenados por conducir bajo los efectos del alcohol. Uriarte dimitió como vocal en la Comisión de Seguridad Vial, pero los dos mantuvieron sus escaños y fueron reelegidos diputados en las últimas generales.
  
En la pasada legislatura, la Cámara Baja tramitó también el suplicatorio que permitió investigar al entonces diputado del PP por Segovia Jesús Merino por los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho, en el marco del 'caso Gürtel'. El suplicatorio fue concedido por el Pleno de la Cámara Baja el 15 de septiembre. Después Merino dimitió pero aún no ha sido juzgado.  
  
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 29 suplicatorios y ha rechazado 13. Entre los concedidos, además del de Pachecho, Uriarte y Merino, destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.