El Gobierno mueve ficha en la Justicia y la Policía: estudia una 'operación control'

La gota que ha colmado la paciencia del Gobierno es el hecho de que el mismo día que se fechó el informe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre la ministra Ana Mato (1 de febrero), ese mismo documento apareció publicado íntegramente por el diario El País. Y lo hizo, además, 24 horas antes de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, compareciera en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para tratar el 'caso Bárcenas' y los supuestos sobresueldos en el PP.

El hecho es que el informe de la UDEF, publicado en fecha tan significativa, torpedeó toda la estrategia de Rajoy, que con su intervención en abierto ante la cúpula del PP esperaba desactivar la 'bomba Bárcenas' sobre los sobresueldos. Por el contrario, el informe policial le abrió un nuevo frente dentro de su propio Gobierno y ante la opinión pública, al poner en cuestión a su 'ministra favorita', Ana Mato.

A partir de ahí, los analistas policiales más próximos al Ejecutivo de Rajoy dicen que las filtraciones, ya sean policiales o judiciales, no lo son por casualidad y creen ver la mano del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, en todo este asunto. Ante esta situación, hay quien ha planteado una especie de 'caza de brujas' al más puro estilo McCarthysta.

Atar en corto a la policía

Por poner un ejemplo, esos medios extremistas -conectados con un determinado sector ideológico del Ejecutivo- ponen el dedo sobre el inspector Manuel Morocho, que es quien firmó el último informe de la UDEF sobre la ministra de Sanidad, Ana Mato. A este inspector se le intenta descalificar por el hecho de contar con una medalla pensionada concedida por Pérez Rubalcaba cuando éste fue ministro del Interior. Pero de la profesionalidad de Morocho no duda ningún policía demócrata, que ven en todo este asunto un burdo intento de manejo de la UDEF para frenar lo infrenable; es decir, las investigaciones sobre la corrupción política a gran escala.

Ahora bien, en medios populares reconocen que existe un amplio malestar en el Gobierno -y también en el PP- por la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del que dicen que no ha sido capaz de controlar nada.

Ahí está la clave de la 'renuncia' hace menos de un mes del secretario de Estado de Seguridad -auténtico 'número dos' del Ministerio-, Ignacio Ulloa, que dijo abandonar el puesto por "motivos personales", y su sustitución por el hasta entonces jefe de gabinete del propio ministro, Francisco Martínez. Martínez, de quien dependen jerárquicamente Policía y Guardia Civil, llegó al cargo con un encargo específico por parte de Fernández Díaz: controlar a los servicios policiales especializados en anticorrupción.

En esos medios, se afirma, aunque sin aportar pruebas, que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presionó a Fernández Díaz para intentar que el último informe policial elaborado por la a unidad contra los delitos económicos contra ella y su ex marido Jesús Sepúlveda no llegara al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano que lo había solicitado. Así se ha publicado en algún medio de comunicación, pero parece que la cosa fue distinta: Mato se habría quejado más bien de las 'filtraciones', ya que los documentos que se elaboran en anticorrupción acaba publicados en un determinado periódico nacional.

El caso de Mas y Pujol

En el Ejecutivo, por tanto, existe una gran preocupación por las investigaciones y, sobre todo, por las filtraciones sobre corrupciones diversas, porque creen que están minando el sistema "que nos hemos dado" (será, más bien, el que se han dado ellos). De ahí que quieran sancionar, por ejemplo, al secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, por repartir públicamente los supuestos informes de la UDEF que publicó el diario El Mundo y que afectan, supuestamente también, a las familias de Pujol y de Artur Mas.

Ahora se ha sabido por qué la acción del SUP molestó tanto al Ejecutivo: gracias al supuesto espionaje al que habría sido sometida la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, los populares disponían de material de primerísima mano sobre supuestos ingresos de dinero negro de Jordi Pujol Ferrusola en paraísos fiscales. Los populares conocían este asunto desde julio de 2010, gracias a la denuncia de la ex novia del hijo de Pujol, María Victoria Álvarez, a la propia Sánchez-Camacho.

¿Era una carta que se estaban guardando para sacarla en el momento oportuno? Ahora nunca lo sabremos, porque la publicación por el diario El Mundo de unos supuestos informes de la UDEF pudo desbaratar cualquier calendario... o al contrario. Pero que el SUP diera los papeles a todo el mundo resultaba muy preocupante, sobre todo porque se apreciaba que el Gobierno no controlaba a la Policía y que podrían producirse filtraciones aún más comprometedoras.

Pánico por el 'caso Irdangarín'

El policial es sólo uno de los frentes que tiene abiertos Rajoy. El otro frente, más preocupante, es el judicial. No se trata sólo de la Audiencia Nacional, con los casos Gürtel, Bárcenas u otros, sino un tema especialmente preocupante por lo que afecta a la estabilidad del propio Estado como tal: el caso Urdangarín, marido de la Infanta Cristina.

Hasta ahora, el magistrado José Castro Aragón, del Juzgado de Instrucción Número 3 de los de Palma de Mallorca, ha venido actuando sin cortapisas, pero cuando ha querido extender sus investigaciones sobre Iñaki Urdangarín y el Instituto Nóos a otros puntos más 'calientes' como Madrid, y cuando se ha visto que se podría implicar en los pagos hasta a la Alcaldía madrileña, regida entonces por el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, determinados medios del poder judicial se han puesto sorpresivamente en marcha.

La increíble reunión de la Comisión Permanente del pasado lunes

A ese respecto, de 'increíble' han calificado medios judiciales la reunión -y los resultados- de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrada el lunes 11 de febrero. Con los votos a favor de los hombres más próximos a Alberto Ruiz-Gallardón (el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, y los vocales Antonio Dorado y Almudena Lastra) la Comisión llegó a un acuerdo que, en realidad, pone trabas a la labor investigadora del juez José Castro. Al acuerdo se opusieron los vocales Margarita Robles (progresista) y Manuel Almenar (conservador).

El acuerdo de marras se gestó debido a la solicitud deducida de Castro Aragón de comisión de servicio para la práctica en Barcelona de unas diligencias sobre el caso Urdangarín. Y loas tres firmantes recabaron del juez que justificara las "circunstancias excepcionales en que pueda descansar su petición", lo que podría interpretarse como una advertencia al juez. Ya hemos señalado que a los tres firmantes del acuerdo se les considera 'peones avanzado' del aún ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Con relación a ese acuerdo expresó su voto particular discrepante Margarita Robles, por entender que "resulta procedente la concesión de inmediato de la comisión de servicio solicitada, ya que el Magistrado justifica las razones por las que entiende que no procede acudir a la fórmula del auxilio judicial, dada la complejidad de la causa que está instruyendo".

Y añade que el pedir explicaciones en los términos que hace el acuerdo de la Comisión Permanente puede implicar la vulneración del secreto de las diligencias, al tiempo que pone obstáculos a la actuación del instructor en relación con hechos supuestamente ocurridos en distintos puntos del territorio nacional. Es decir, que se llegue, incluso, al Ayuntamiento de Madrid en la época de Ruiz-Gallardón, con lo que otro ministro de Rajoy sería puesto bajo sospecha.

Y también el vocal conservador Manuel Almenar argumenta que, desde el momento en que las diligencias están declaradas secretas, no se puede pedir mayor aclaración y debería concederse la comisión de servicio en atención a las circunstancias particulares que se indican en la solicitud, como habitualmente se hace con otras solicitudes para la práctica de diligencias en el extranjero.