Rajoy pedirá un pacto anticorrupción en el debate sobre el estado de la Nación

El Gobierno también dice que Mariano Rajoy acudirá al debate sobre el estado de la Nación con "espíritu dialogante y receptivo" a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, buscando "consenso" en las iniciativas destinadas a la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Así se afirma en la Comunicación que el Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados para el debate del estado de la Nación del 20 y 21 de febrero.

En su Comunicación, el Gobierno no cita expresamente la palabra 'corrupción', peor está reflejada en la Comunicación remitida al Congreso: "Se hace necesario reforzar la responsabilidad de los gestores públicos, la transparencia de las administraciones y la confianza que en unos y otras pueden depositar los ciudadanos", dice, porque son "condiciones necesarias" ya que los ciudadanos "exigen de sus gobernantes y representantes, la ejemplaridad que está en la base del vínculo democrático que les une".

En este punto, el Gobierno quiere apuntarse un tanto y afirma que ha impulsado reformas de "una gran trascendencia", como la financiación de los partidos políticos, reduciendo subvenciones e incorporando nuevos mecanismos de control de sus cuentas, hasta el compromiso de "hacer de la transparencia un principio rector clave de la actuación de las Administraciones Públicas".

El Gobierno recuerda su proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como un paso para que los gobernantes respondan legalmente a normas de Buen Gobierno y haya un régimen de infracciones y sanciones que pueden llevar a la inhabilitación para cargo público y a penas de prisión en los casos más graves.

""La transparencia como obligación y el buen gobierno como norma legal, constituyen los mejores antídotos posibles frente a la corrupción y la mala gestión de recursos públicos". dice el Gobierno.

Recuperar el prestigio de los políticos

Pero el Gobierno dice, además, que quiere fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de la democracia y restaurar la confianza de los españoles. Y que pretende recuperar el prestigio de lo público, reforzar los vínculos de confianza entre los españoles y sus representantes y, en definitiva, mostrar un compromiso claro y explícito con la vitalidad democrática de nuestras instituciones es un imperativo ético y político.

Escribe el Gobierno al respecto que "acudirá al Debate sobre el estado de la Nación con espíritu abierto, dialogante y receptivo a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, en la confianza de que el acuerdo y el consenso prevalezcan en todas aquellas iniciativas destinadas al objetivo compartido por toda la sociedad española, que no es otro que la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo, para la mejora del bienestar y la prosperidad para todos los españoles".

La culpa es... del Gobierno de Zapatero

El Gobierno pide consenso, sí, en su Comunicación remitida este sábado al Congreso, pero inicia el documento dirigido a los Grupos Parlamentarios justificando el aumento del desempleo y la mala situación aún existente en el desvío económico dejado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En ese mismo documento de siete folios, el Gobierno de Mariano Rajoy afirma que está haciendo la política social y económica que necesita España y que esas reformas continuarán en el tiempo porque 'son necesarias' y son las que pide Europa.

"El Ejecutivo está abordando, para ello, un programa reformista de una profundidad y extensión sin precedentes, tanto por la importancia de los objetivos que se persiguen, como por la dificultad que ha supuesto el punto de partida", se lee textualmente en la Comunicación, en la que se añade que Rajoy ha tenido que hacer frente "a un escenario de intenso deterioro de la economía y dramático incremento del desempleo. El insostenible desequilibrio de las cuentas públicas, por encima de lo esperado, ha agudizado la vulnerabilidad de la economía española a las tensiones financieras experimentadas en la Eurozona".

Para el Gobierno de Rajoy, esa situación ha condicionado el margen de actuación del Gobierno y ha obligado a "asumir esfuerzos adicionales para volver a encauzar la senda de la consolidación fiscal y, con ello, recuperar la confianza y la credibilidad que suponen la base del crecimiento económico".

Se mantendrá la línea 'reformista' del Gobierno

En definitiva, el Ejecutivo dice que quiere 'consenso', pero en su Comunicación al Congreso confirma que, pese a todas las críticas políticas y sociales, seguirá con su plan de reformas, porque -justifica- "un crecimiento estable, sostenido y creador de empleo exige también hacer frente a otros desequilibrios e ineficiencias acumulados por la economía española en los últimos años; desde la sequía de crédito provocada por la difícil situación del sistema financiero, hasta la insostenible dinámica de un marco laboral en el que los ajustes de la crisis se han traducido de forma unívoca en la destrucción de empleo".

Su triple línea reformista transcuirre, además, " inequívocamente en el marco de la Unión Europea y nuestro compromiso con la moneda única", dice el Ejecutivo, que se escuda en que su proceso reformista se desarrolla en paralelo con las reformas que la Unión Europea está acometiendo.

El 'logro' de los presupuestos comunitarios para España

En ese punto, el Ejecutivo de Rajoy quiere contar como 'baza' del presidente el 'logro' que, según él, ha obtenido en el Consejo Europeo de los días 7 y 8 de febrero, donde se ha aprobado un presupuesto comunitario que beneficia -dicen- a España "con un saldo final que convierte a nuestro país en receptor neto de fondos".

Entroncando con lo anterior, el Gobierno asegura que en línea con Europa ha asumido un intenso esfuerzo de cara a la consolidación fiscal, que ha llevado a la adopción de medidas extraordinarias y a la aprobación de los dos presupuestos más austeros de la democracia, los correspondientes a los años 2012 y 2013. Pero dice que se han puesto las bases para que "el desequilibrio que ahora se trata de corregir no vuelva a repetirse en el futuro, mediante la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fija límites de déficit y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas".

La reforma laboral... sin mención a los 700.000 parados nuevos

Dentro de ese ciclo de reformas -se cita también la llevada a cabo en el sector financiero-, el Gobierno justifica la reforma laboral: en la comunicación se obvia que ha producido más de 700.000 parados más y dice el Gobierno que esa reforma "supone una inyección de competitividad para la economía española en su conjunto, favoreciendo la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo, fomentando la empleabilidad e impulsando la formación".

Ahora bien, el Gobierno dice también que no ha sido ajeno a las consecuencias sociales que ha provocado la crisis económica, en particular, entre los sectores más vulnerables. Recuerda en este punto que en 2013 se han revalorizado un 2% las pensiones iguales o inferiores a mil euros, y un 1% el resto de las pensiones. Pero nuevamente 'olvida' decir que ha incumplido la ley y no ha revalorizado las pensiones de acuerdo con el IPC.

Señala también como 'medidas sociales' que ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se está tramitando como proyecto de Ley en las Cortes Generales. Pero nuevamente 'olvida' decir rechaza el clamor social por la dación en pago.

Pese a todos esos 'olvidos', el Gobierno afirma en su Comunicación que "la solidaridad, el mantenimiento de la cohesión social y el reparto equitativo de los esfuerzos no han dejado de ser principios inspiradores de una acción de Gobierno que no ha tenido más guía que el interés general de los españoles", y dice que el proceso de reformas "ha contribuido a mejorar la proyección internacional de España".