La declaración 'secesionista'
catalana está cada vez más cerca del Tribunal Constitucional. El Gobierno ha
pedido un informe al Consejo de Estado como paso obligado para interponer un
recurso de inconstitucionalidad sobre la declaración aprobada por el Parlament
el pasado 23 de enero. A esta decisión se ha llegado después de estudiar el
informe de la Abogacía del Estado al respecto.
El Consejo de Ministros
ha estudiado este viernes el informe remitido por la Abogacía del Estado sobre
la declaración soberanista aprobada por los nacionalistas catalanes el pasado
23 de enero, que define a Cataluña como un "sujeto político y jurídico
soberano". Era el paso previo para iniciar la tramitación de la solicitud
de inconstitucionalidad, y el informe, efectivamente, recoge argumentos
favorables para interponer el recurso, según ha explicado la vicepresidenta del
Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
A la vista de ese
informe, el Gobierno de
Rajoy ha aprobado en su reunión de este viernes pedir
al Consejo de Estado el "informe preceptivo" antes de adoptar la
decisión de recurrir la citada declaración.
En realidad, la decisión
está tomada, a la vista de lo que ha dicho la Abogacía, que coincide plenamente
con lo que pensaban los miembros del Gabinete de Rajoy: la resolución aprobada
en Cataluña tiene contenido inconstitucional y es impugnable, porque, según el informe,
"reconocer la soberanía del pueblo catalán, y su derecho a decidir por ser
sujeto político, vulnera distintos artículos de la Constitución".
En concreto, según explicó
Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la
declaración 'secesionista' de Artur Mas y sus compañeros vulnera los artículos 1.2,
2, 9 y 168 de la Constitución Española.
Respuesta contundente al
portavoz de Artur MasLa vicepresidenta del
Gobierno ha sido contundente a la hora de responder al portavoz del Gobierno
catalán,
Francesc Homs, que ha acusado este viernes al Gobierno
del Estado de "atentar" contra la ciudadanía: "El Gobierno quiere impedir una expresión
democrática simplemente porque el contenido no gusta y esto nos parece una
situación muy grave que está cerca de atentar a lo más básico del
funcionamiento de nuestras instituciones y de un Estado democrático".
Sáenz de Santamaría ha
sido contundente al respecto: "Lo más democrático es cumplir la
Constitución y las leyes". Y, precisamente, los artículos que parece que
incumple la declaración soberanista del Parlament son los siguientes:
Artículo 1.2: "La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado".
Artículo 2: "La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas".
Artículo 9.1: "Los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico".
Artículo 168 (Reformas
esenciales de la Constitución); "1. Cuando se propusiere la revisión total
de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo
II, Sección 1.ª, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del
principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución
inmediata de las Cortes".
Para recurrir la declaración, el Gobierno aplicará el
artículo 161.2, que dice: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal
Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de
las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la
disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá
ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
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